El responsable de asuntos públicos de Cabify en España, Javier Dorado, ha defendido que el decreto ley de los VTC avalado este miércoles en el Parlament «parece inconstitucional».
«No somos quien para decir si esto es inconstitucional o no, pero desde luego lo parece», ha añadido, en declaraciones a los periodistas en la Cámara catalana después que se aprobara el decreto.
Al ser preguntado por si presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), ha dicho que es una vía que «todavía se está considerando».
Para Dorado, la aprobación del decreto «ha sido una decisión precipitada, una decisión que no responde al interés general» y, bajo su punto de vista, los ciudadanos de Barcelona y del conjunto de Cataluña van a tener menos alternativas de movilidad con la entrada en vigor de la norma.
También ha considerado que el decreto no cambia la situación actual del Taxi en Barcelona pero que «lo que cambia es que miles de familias, miles de trabajadores y de personas que viven de las VTC ven en peligro su empleo y ven en peligro su sustento».
Y ha reiterado la voluntad de la compañía de seguir operando en la ciudad y ha asegurado que Cabify va a «buscar todas las posibilidades habidas y por haber dentro del marco regulatorio para seguir operando y, sobretodo para seguir manteniendo los miles de empleos que a día de hoy dependen del sector de las VTC».
ALTERNATIVAS DEL SECTOR VTC AL DECRETO
Según fuentes del sector, también se contempla que se otorgue una prórroga del ‘decreto Ábalos’, en alusión al exministro José Luis Ábalos, que prevé las licencias de VTC en el ámbito urbano y cuyo periodo transitorio termina el 30 de septiembre de este año.
Otra alternativa sería que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) concediera un plazo de un año para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos que la norma exige a los desplazamientos urbanos.
