El Parlament convalidará, previsiblemente, el decreto ‘antiCabify’ de la Generalitat este mismo miércoles. La medida más restrictiva del mundo contra los vehículos de alquiler conductor entrará en vigor el próximo mes de octubre y ha provocado la incertidumbre en las plataformas intermediarias, como también en los grandes propietarios de licencias VTC.
Cabify opera con las licencias de Vecttor, junto a miles de autónomos y pequeñas empresas, en Barcelona y con este decreto tan restrictivo será muy complicado mantener la rentabilidad alcanzada hasta ahora. La plataforma catalana opera desde hace más de una década en Barcelona y jamás se ha posicionado en contra del taxi. De hecho, apunta que los servicios de los conductores de los icónicos vehículos negros y amarillos son imprescindibles para poder dar solución a los problemas de movilidad de Barcelona. «El taxi no sería capaz de absorber la demanda si las VTC se marchan de Cataluña», han afirmado fuentes de la empresa a MERCA2.
LOS TAXISTAS Y EL PSC DICTAN EL DECRETO
Los taxistas, por su parte, se han mostrado beligerantes contra estas plataformas desde su irrupción en la Ciudad Condal en 2014. La última gran batalla en esta guerra en el sector del transporte de pasajeros podría continuar en los tribunales, pero para ello los dueños de licencias y plataformas necesitarían el apoyo político. Por ahora, ningún partido de la oposición se ha posicionado claramente en favor de la VTC, y la minoría en el Parlament se ha mostrado dubitativa. En este sentido, todo dependerá de Vox y su voto en la convalidación mostrará si existe esta alternativa.
Cabify se resiste a arrojar la toalla como hiciera Uber en 2019
Cabify, por otro lado, se resiste a arrojar la toalla como hiciera Uber en 2019, si bien la estadounidense ha vuelto este verano pero con tan sólo 200 licencias -ninguna de ellas de Moove Cars debido a su litigio contra la Generalitat, del que aún no se han pronunciado los tribunales-.
CABIFY NO ARROJA LA TOALLA, PERO VE DIFICULTADES PARA OPERAR
Lejos de sopesar retirarse, ya que la plataforma tiene también otros servicios de alquiler como motos, la compañía busca apoyos y complicidades entre los ciudadanos para mantenerse en Barcelona y ejercer así una mayor presión social contra esta norma que va en contra de los criterios de sostenibilidad y movilidad. En este sentido, el decreto catalán, firmado por ERC y JxCat, pero redactado por los taxistas y el PSC en gran medida, establece que los nuevos vehículos tengan que tener una longitud mínima de 4,9 metros, eléctricos o Cero emisiones, así como que hayan realizado al menos cien servicios en el último año y con una licencia catalana.
Así, en el caso de cambiar una flota entera, las empresas, como Cabify, tendrán que esperar meses para recibir el pedido debido a los retrasos en la industria por los cuellos de botella, y siempre y cuando no se produzca una nueva escasez de materias primas, cuyos precios se ralentizan. Este tiempo obligaría a tomar decisiones drásticas hasta entonces.
A estas trabas, además, se añadirán las que impulsarán los Ayuntamientos y el Instituto Metropolitano del Taxi, dependiente de la Área Metropolitana de Barcelona. Estos entes públicos pueden imponer exámenes y otros requisitos para impedir la normal actividad.
LA ANOMALÍA CATALANA: EL TAXI HABLA POR BOCA DE LA GENERALITAT
Estas barreras tienen la finalidad de recabar un puñado de votos, eso sí decisivos, de cara a las próximas elecciones municipales de 2023. Sólo en Barcelona se estiman cerca de 40.000 votos directos del taxi, frente a los 2.500 de las VTC. El PSC se juega la victoria en la Ciudad Condal y Salvador Illa se ha propuesto conquistarla tras las sucesivas debacles del PSOE en Galicia, Madrid, Castilla y León y recientemente en Andalucía.
La norma, además, establece duras sanciones para quienes cometan faltan muy graves, que conllevan la inmovilización del vehículo y multas de 6.000 euros. La reincidencia también está castigada, incluso con la retirada de la autorización. Los conductores se exponen así a duras sanciones, mientras tendrán que contratar seguros de responsabilidad civil para cubrir pérdidas de al menos 50 millones de euros.
La presentación de las líneas maestras del decreto corrió a cargo de Alberto Álvarez, coordinador de Élite Taxi, quien lo tuvo antes de su publicación. En el sector de las VTC, al líder de los taxistas se le conoce ahora como «el portavoz de la Generalitat«. Y es que, este hecho supone una anomalía, inexistente en cualquier otra Comunidad Autónoma, y que da una muestra real del poder del taxi en las calles de Barcelona.
Con todo, Cabify ha pedido a los barceloneses levantar la mano para volver a viajar como en el pasado y tratar de visibilizar que la regulación impulsada por la Generalitat y el PSC tienen una consecuencia directa en la movilidad de Barcelona. Los ciudadanos y empresarios tendrán más complicado desplazarse con rapidez. Por servicio, las VTC tendrán que esperar los 15 minutos de precontratación.
LA ELIMINACIÓN DEL SECTOR VTC EN CATALUÑA
Esta regulación, según Cabify, «supone eliminar casi por completo el sector VTC«, pese a aportar «soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios», y «actualmente evita la circulación de más de 350.000 coches al mes de las calles de Barcelona y su área metropolitana».
Para contrarrestar el relato político, Cabify ha colocado carteles en las calles de Barcelona mostrando las ventajas que supone viajar con VTC respecto al taxi, como saber cuánto va a costar la carrera antes de montarse, sin realizar colas -como está ocurriendo en las paradas de los principales puntos de tránsito-, evitar buscar taxis de madrugada, o evitar también las largas colas para volver a casa.
Estos textos se muestran también con un contundente mensaje: «El 1 de octubre entra en vigor la nueva operativa que impide seguir operando a las VTC y deja al taxi tradicional como la única opción en Barcelona». La campaña se ha iniciado en vísperas de la convalidación de este decreto y proseguirá después.
CABIFY ESTUDIA CÓMO CONTINUAR LA GUERRA CONTRA LAS VTC
La compañía tecnológica catalana ha afirmado que su vocación es seguir operando en Barcelona, si bien un golpe drástico a sus asociados mermaría la rentabilidad de forma significativa. En cambio, el taxi está registrando buenas cifras de facturación pese a los elevados precios del combustible y la inflación.
Asimismo, la compañía siempre se ha adoptado a la normativa vigente en cada momento pese a las dificultades. De hecho, Cabify pudo saltarse los 15 minutos del decreto Ábalos con una cláusula en los contratos con los clientes. Tan sólo debían esperar el primer servicio. Un vacío que la Generalitat ha endurecido. Esta normativa, además, supone un «golpe a la libre elección de los ciudadanos a la hora de realizar sus desplazamientos y va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y de la voluntad de la mayoría de los barceloneses».
COMPETENCIA ALERTA DE LA FALTA DE COMPETENCIA
No sólo Cabify se ha mostrado en contra del decreto. La Autoridad de Competencia de Cataluña se ha mostrado en contra de numerosos puntos de esta nueva regulación. En las conclusiones del informe, publicado este martes, la ACCO señala que pese a que se permite la circulación de la VTC, los requisitos son tan restrictivos que impiden ejercer la competencia. «Establece unos requerimientos tanto por acceder al mercado como para ejercer la actividad absolutamente contrarios a los principios de buena regulación económica de los mercados«, ha sostenido el mayor aliado de las plataformas.
De hecho, ha afirmado que una buena parte de las plataformas y asociados no podrán ejercer la actividad debido a las exigencias de la longitud de los vehículos y a los 100 servicios exigidos para poder obtener la autorización.
Asimismo, el decreto abre la puerta a una situación "preocupante" para la competitividad al perjudicar directamente a los consumidores y usuarios, al ver "reducida su libertad de elección de tipología de transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas". Además, "no se podrán beneficiar de las presiones competitivas que ejercen los VTC, tanto en términos de precio como de calidad del servicio o de innovación".
