Faltan por definir muchos detalles del impuesto temporal a la banca e incluso una reunión del Gobierno con las patronales del sector, pero en La Moncloa ya tienen claro que el Banco Central Europeo (BCE) tiene a su disposición una jugada que puede poner en aprietos al Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Se trata del dictamen que el BCE puede emitir en relación con este impuesto, una valoración que puede hacer al amparo de que es una medida que puede afectar a la estabilidad financiera, según recuerdan a MERCA2 fuentes cercanas al supervisor europeo.
De este modo, la parte socialista del Ejecutivo se prepara para recibir presiones por todos lados: patronales del sector financiero, asociaciones de usuarios, el BCE, las de su propio partido, el PSOE, junto con las del socio en el Gobierno: Unidas Podemos. El último caso de un impuesto gubernamental temporal a la banca fue el de Lituania en 2019. El impuesto no gustó al Banco Central Europeo.
LA PISTA DEL BCE
Fuentes cercanas al supervisor europeo que preside Christine Lagarde han puesto a MERCA2 sobre la pista de cuáles pueden ser los pasos que dé el BCE en relación con el impuesto temporal a la banca anunciado por el Gobierno español. Según El País, el Gobierno estudia que grave el total de los intereses y las comisiones que cobran las entidades -que facturen más de 1.000 millones- con un tipo que podría estar alrededor del 5%.
Fráncfort no necesita que el Banco de España o el Ejecutivo le consulten para emitir una opinión
Fuentes del sector apuntan que Fráncfort no necesita que el Banco de España o el Ejecutivo le consulten para emitir una opinión, en este caso un dictamen sobre el impuesto, ya que basta con que el BCE considere que afecten a la estabilidad financiera. “En el Tratado de Funcionamiento de la UE se incluye entre las competencias del BCE emitir un dictamen sobre normas que influyan materialmente en la estabilidad de las entidades financieras. La obligación de realizar una consulta la tiene que interpretar el propio BCE sin necesidad de que un banco central le consulte. Así ocurrió en Lituania en 2019”, apuntan fuentes cercanas al Banco Central Europeo.
EL ÚLTIMO CASO
En el caso de Lituania, el propio BCE señaló en el dictamen emitido el 16 de diciembre de 2019 de dónde procedía su capacidad para hacer la valoración sobre el impuesto del Gobierno Lituano a los beneficios de la banca. “La competencia del BCE para emitir un dictamen se basa en el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el sexto guión del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 98/415/CE del Consejo, ya que los proyectos de ley se refieren a normas aplicables a las entidades financieras en la medida en que influyen sustancialmente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros.” «De conformidad con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno ha adoptado el presente dictamen», señaló el BCE.
OPINIÓN DE FRÁNCFORT
Entonces el BCE dejó claro que no le falta que le consulten porque puede emitir su opinión sin más. De hecho, quedó de manifiesto por qué dio el paso: “El BCE ha decidido emitir un dictamen de iniciativa sobre los proyectos de ley, ya que las autoridades lituanas no le han consultado formalmente sobre los mismos”, indicó el supervisor en el dictamen.
El impuesto temporal de dos años tiene que llegar aún al Congreso
Con estos antecedentes, el Gobierno español se hace a la idea de que el supervisor, que tiene a Christine Largarde en la presidencia y en la vicepresidencia al ex ministro de Economía, Luis de Guindos (Partido Popular), va a emitir su opinión sobre el impuesto, aunque fuentes del BCE indican que, si hay algún tipo de pronunciamiento oficial, será a partir de que el proceso legislativo esté en marcha. El impuesto –temporal, dos años- tiene que llegar aún al Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos registrarán una proposición de ley en las próximas semanas, según fuentes del Ejecutivo. El proceso puede experimentar un empujón en septiembre, apuntan estas mismas fuentes. Este acelerón se deberá a que el Gobierno quiere aprobar el impuesto antes de que termine el año para evitar posibles reclamaciones en los tribunales por el tema de la retroactividad.
QUÉ PUEDE ESPERAR EL GOBIERNO
En 2019, el BCE hizo ver que no le gustaba la idea del impuesto lituano a la banca. “En vista de lo anterior, y en consonancia con sus dictámenes anteriores, el BCE teme que el proyecto de ley sobre el impuesto sobre los activos de los participantes en los mercados financieros pueda tener un efecto adverso importante en el sistema financiero lituano y desencadenar posibles distorsiones no deseadas con respecto a los modelos de negocio de las entidades bancarias”. “Por ello, el BCE insta a las autoridades lituanas a evaluar el impacto que la introducción de este impuesto tendría en la estabilidad del sistema financiero lituano. Por lo que respecta al proyecto de ley sobre el impuesto sobre la renta de las entidades de crédito, se recomienda que el proyecto de ley vaya acompañado de una evaluación exhaustiva del impacto de la introducción de este impuesto”.
