El Banco Central Europeo (BCE) no tiene en su agenda pronunciarse sobre el impuesto temporal que tiene previsto implantar el Gobierno a las entidades financieras. Según fuentes del organismo que preside la francesa Christine Lagarde, está valoración está vinculada al proceso legislativo que se haga. Es decir, mientras no haya un texto en el Congreso de los Diputados, no habrá una valoración, según se desliza de lo comentado por fuentes del BCE a MERCA2.
“Por el momento no tenemos nada que decir” apuntan fuentes del supervisor europeo. Estas fuentes del organismo que encabeza Lagarde se amparan en el hecho de que lo único que es público por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es el anuncio, ya que no hay detalles concretos.
PROCESO LEGISLATIVO y BCE
Lo que señalan desde Fráncfort es que “normalmente, cuando empieza un proceso legislativo el Ministerio de Economía o el Banco de España pueden preguntar, si lo consideran oportuno, al BCE por la cuestión que determinen”, explican desde el Banco Central Europeo. En caso de que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, o el Banco de España decidan preguntar al BCE por el impuesto, la respuesta del BCE será por escrito, contando el supervisor europeo con un plazo superior al mes para contestar, según fuentes del BCE. Este tema “se trata, como en cualquier proceso legislativo a nivel europeo en el que se consulta a una institución. De este modo, lo que sucede es que si se pide opinión sobre un tema en concreto, el Banco Central Europeo contestaría por escrito expresando su opinión. Otras fuentes cercanas al BCE apuntan que el BCE puede emitir un dictamen.
El Gobierno quiere recaudar 7.000 millones en dos años
Al respecto, Hacienda estudia imponer un impuesto temporal (dos años) del 5% sobre las comisiones e intereses que carga la banca a los clientes, según informa El País. El Gobierno, que quiere recaudar 7.000 millones en dos años, no tiene previsto recargar a las entidades financieras el Impuesto de Sociedades, sino que prepara una tasa al estilo del IVA para los cargos por servicios e intereses. Es un tema que el PSOE aún tiene que acordar con su socio en en el Gobierno, que es Unidas Podemos.
REACCIÓN DEL MERCADO
De este modo estaría por ver si la aplicación no se haría sobre el beneficio. Así, S&P ha calculado que el impuesto especial a la banca supondrá el 12% de los beneficios esperados para 2023 y 2024. La agencia de rating valora que aunque aún falta conocer los detalles y cómo se aplicará esa nueva tasa impositiva, la inmediata reacción negativa del mercado «es comprensible porque esta medida lastrará los beneficios de la banca española». Y es que tras el anuncio, la cotización de los bancos se desplomó hasta perder 4.800 millones en una sola jornada.
PARLAMENTO ESPAÑOL Y BCE
Por ahora, en vista de la posición que manifiestan fuentes del BCE, habrá que esperar a que se produzcan movimientos en el Parlamento español. El impuesto se presentará como una proposición de ley por parte de los grupos PSOE y Unidas Podemos, según fuentes gubernamentales conocedoras de la tramitación del impuesto en el ámbito legislativo Hasta que ese momento llegue, el BCE no hará valoraciones, aunque es seguro que les van a preguntar a menudo en las ruedas de prensa que haya.
Fuentes del Gobierno de España insisten en que la proposición de ley estiman se presentará en el Congreso en las próximas semanas y que ya será en septiembre cuando comiencen los trabajos parlamentarios con las aportaciones de los diferentes grupos políticos.
PROPOSICIONES DE LEY E IMPUESTO
La proposición de ley en el Congreso puede presentarla un diputado con la firma de otros catorce o un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz (art. 126.1 del Reglamento del Congreso). “Tras calificarla, la Mesa respectiva ordena su publicación y remisión al Gobierno para que manifieste su criterio y su conformidad o no si supone aumento o disminución de créditos presupuestarios (art. 126.2 RC/ 151 RS).
La proposición de ley en el Congreso puede presentarla un diputado con la firma de otros catorce
Si transcurridos 30 días el Ejecutivo no ha expresado oposición, el texto está en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración, que es un debate similar al de totalidad de los proyectos de ley. Se produce cuando los grupos autores de la proposición deciden, de acuerdo con el cupo de que disponen, su inclusión en el Pleno. Después el trámite es idéntico al de los proyectos de ley. «Tras la toma en consideración en el Senado, la proposición pasa al Congreso para seguir allí su tramitación”.
El proceso puede experimentar un empujón en septiembre, estimaron fuentes gubernamentales.
