El impuesto a la banca y a las empresas energéticas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha supuesto un primer castigo. El primer palo ha venido desde el ámbito de la bolsa, ya que los mercados han penalizado la acción de empresas con buena marcha en el parqué. Caixabank, Bankinter y Repsol, las que mejor evolución llevan en bolsa desde principios de año, se anotaron una bajada sensible. Banco Santander y BBVA, que son los bancos bancos que menos bien marchan en el Ibex, también cayeron.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SUS MEDIDAS
El alcance de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está por ver, y las posibles medidas que puedan tomar las empresas afectadas, pero el primer punto negativo ya se ha visto en las bolsas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado dos nuevos grandes impuestos. Uno de ellos a las grandes energéticas y otro a las entidades financieras que recaudarán 3.500 millones de euros al año y que estarán en vigor dos años: 2023 y 2024. “Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en los años 2023 y 2024 que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y en el año 2023 por los grupos dominantes eléctrico, gasista y petrolero”, ha explicado. Esto puede tener algún tipo de efecto de cara a la apuesta de los inversores por otros sectores en tanto en cuanto se pasa esta travesía del desierto.
Los analistas daban por descontado que los bancos iban a caer en el mercado en cuanto a su cotización y esperaban lo mismo para las empresas energéticas. Dicho y hecho. En cuanto llegó el anunció empezaron las bajadas.
LO QUE SE DEJARON POR EL GOBIERNO
Caixabank, se dejó a media mañana un 10%, Bankinter un 8,69% mientras que Repsol lo hizo un 2,32%. Esto en el caso de los bancos que mejor van en bolsa y de la empresa que preside Antoni Brufau. Por su parte, Banco Santander y BBVA caían antes de la comida un 4,8% y un 5,85% respectivamente.
Al final, Caixabank vio como su acción baja un 8,63%; Unicaja, un 7,67%; Banco Sabadell, un 7,44%; Bankinter, un 5.08%; BBVA, un 3,77% y Banco Santander, un 3,65%. En resumen, una pérdida bursátil de los bancos de 5.321 millones de euros. Así, Caixabank vio como su capitalización se redujo más de 1.850 millones de euros, por 263 millones de Banco Sabadell y 217 millones de Bankinter. Banco Santander se dejó 1.600 millones y BBVA perdió 1.000 millones de su capitalización.
Por el contrario, las eléctricas Endesa e Iberdrola mucho menos el día del anuncio de Pedro Sánchez: un 0,25% y un 90,63%, respectivamente. La energética que sufrió un varapalo fue Repsol, que llevaba buen recorrido en bolsa, pero se dejó un 5,73%.
LA INFLUENCIA
Una vez que se ha producido este anuncio del Gobierno, está por ver cómo influirá en los resultados de las distintas empresas, qué medidas tomarán para paliarlos y si estas medidas afectarán a los accionistas, ya sea porque afecte al reparto del dividendo o por cómo pueda influir en el precio de los títulos. Los bancos y las eléctricas son dos sectores con buenas perspectivas por motivos diferentes. Los primeros porque la subida de tipos les beneficiará y los segundos porque los precios de la energía se han puesto por las nubes y eso les hace ser una máquina de ganar dinero, algo muy apreciado por el mercado.
Para la patronal de los bancos, la AEB, el anuncio del nuevo impuesto temporal a la banca, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, refleja «la improvisación jurídica» en que opera «un sector tan importante para la economía y la sociedad», en referencia al sector bancario, y ha indicado que «distorsiona el mercado. Mientras, desde la patronal de las cajas y antiguas cajas, CECA, han apuntado que es una medida que «no contribuye a armonizar los regímenes fiscales» dentro de la Unión Bancaria, si bien ha señalado la necesidad de conocer los detalles de la medida «para poder hacer una valoración más informada».
LOS ANALISTAS
“Los nuevos impuestos a los extraordinarios perjudicarán directamente a los inversores que ya reflejaron en el comportamiento de la sesión su descontento y preocupación de esta medida del gobierno. A pesar de que esta medida estima, porque es incierto, una recaudación que en conjunto apenas alcanza el 30% del importe estimado por el Gobierno que supone el incremento de los precios (el 10%)”, señala a MERCA2 el analista de XTB, Darío García. “Los extraordinarios, que comúnmente se refieren al exceso de provisiones y deterioros, se verán reducidos en gran medida por parte de las cotizadas para que el impacto de estas tasas se reduzca lo máximo posible, mientras los bancos lideran las correcciones con caídas superiores al 10% y que proyectan la ya preocupante expectativa de los inversoressobre la próxima situación económica”.
los beneficios de las compañías se verán afectados
“Si el Gobierno español aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, los beneficios de las compañías se verán impactados. No obstante, en el caso de Iberdrola y Endesa, podemos esperar que el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica”, apunta Anne Grammatico, analista de Scope Ratings “Dicho esto, cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono. Con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento”.
MARCHA ATRÁS
En este punto, cabe recordar que, en septiembre de 2021, el Gobierno español dijo que aplicaría un impuesto extraordinario durante seis meses a los operadores de electricidad con el fin de recaudar fondos para subvencionar a los consumidores finales en respuesta a la subida de los precios de la electricidad en el mercado minorista. Sin embargo, el Gobierno se retractó al mes siguiente tras las quejas de las compañías españolas. Uno de los factores que influyó en la marcha atrás del Ejecutivo español fue que los Estados miembros de la UE no habían aplicado impuestos similares. En ese momento, Iberdrola estimó que el coste de esa medida rondaría los 2.000 millones de euros al año. En su informe correspondiente a los nueve primeros meses de 2021, Iberdrola declaró que el impacto fiscal de la aplicación de este impuesto durante dos semanas fue de 85 millones de euros.
