«Traición» y «oscurantismo«. Son dos de los términos que se están escuchando en las plantas nobles de las empresas vinculadas a las licencias de vehículos de alquiler con conductor y también en los pasillos del Parlament. El PSC, responsable y artífice de la regulación más restrictiva en Europa de las VTCs, negoció con los taxistas la imposición de la longitud mínima de este tipo de coches. En concreto, impuso «la línea roja» de los 4,9 metros.
Las VTCs no tuvieron conocimiento alguno de este nuevo plan de la Generalitat hasta principios de julio
Así las cosas, el PSC maniobró contra los intereses de las VTCs, ya que Valencia y otras Comunidades Autónomas, incluida Cataluña, se habían mostrado favorables a dar el tiempo suficiente para realizar un reglamento ajustado para dar una verdadera solución a los problemas de movilidad de Barcelona. Tanto los socialistas, con el ariete de Élite Taxi, rechazaron por completo este nuevo supuesto trato de favor a las plataformas y dueños de las licencias de vehículo de alquiler con conductor.
Un tiempo que el taxi y el PSC rechazaron entregar, al señalar que habían tenido cuatro años para ello. De hecho, la Generalitat esperó hasta el último momento para dar luz verde al decreto, publicado este pasado jueves.
LA LUCHA POR ARROGARSE LA VICTORIA CONTRA LAS VTCs
La Generalitat, hasta el pasado 1 de julio, había mostrado una actitud conciliadora con todas las partes implicadas en esta regulación. Por un lado, la negociación con las VTCs y los taxistas se había mantenido con discreción, sin una voz cantante, para evitar levantar los ánimos de unos y otros. Sin embargo, el PSC quería una regulación restrictiva y apuntarse algunos tantos con los taxistas, más tras la ruptura entre éstos y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Tras un año de tira y aflojas, donde el taxi se ha mostrado en contra de las moratorias del ‘decreto Ábalos’ de 2018, finalmente las amenazas de colapsar a Barcelona vuelven a funcionar.
Los socialistas catalanes, dirigidos por Salvador Illa, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han tratado de ganarse a este sector, con más de 50.000 votos efectivos, a toda costa, sin mirar el impacto negativo ni en la sociedad ni en la economía de Cataluña. ERC, incluso, se ha mostrado contrario a las peticiones de JxCat para regularizar a las VTCs. Los republicanos se alinearon con el taxi por las presiones de Élite Taxi, con su coordinador, Alberto Álvarez, al frente. Y es que, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, tenía como única preocupación obtener la «paz social» con el sector negro y amarillo de Barcelona.
LOGRAR LA PAZ SOCIAL CON EL TAXI ERA EL ÚNICO OBJETIVO DE ERC
ERC y JxCat habían presentado un borrador con una moratoria para poder ganar tiempo. Lo hicieron a inicios de pasado mes y legislar adecuadamente a las VTCs. Sin embargo, el taxi salió en tromba a paralizarlo. El ambiente en el sector del taxi estaba demasiado caldeado y Álvarez no iba a permitir ceder ni un paso más, tras dejar fuera de la negociación la exigencia del 1/30 –una licencia de VTC por cada una del taxi, entre otros «sacrificios»-.
No obstante, el propio ‘decreto antiCabify’ establece un límite muy restrictivo para optar a la autorización -palabra que se repite hasta en 77 ocasiones en la nueva normativa- siempre y cuando se hayan prestado más de 100 servicios de alquiler de vehículos con conductor durante el último año a partir del 1 octubre de 2022.
Para ello, los vehículos VTCs recién llegados y con licencia en Cataluña que estén prestando servicio tienen que hacer cerca de entre dos y tres servicios diarios durante este verano. Además, deberá ser demostrable ya que deberán estar acreditadas en el registro o de cualquier otra acreditación documental prevista.
LA GENERALITAT ESQUIVA LA NORMA 1/30 A LAS VTCs, PERO IMPLEMENTA LOS REQUISITOS
Los vehículos, además, deben estar bajo el régimen de propiedad o leasing -que no renting- en condiciones de prestar el servicio, con un permiso de circulación que indique como destino del vehículo el alquiler de vehículos con conductor, sin perjuicio de que los entes locales puedan establecer otras condiciones para la disposición de los vehículos. De esta forma, el Área Metropolitana de Barcelona ya ha anunciado nuevos requerimientos para operar en Barcelona, como la superación de un examen similar al que se hacen a los taxistas.
En un inicio, la negociación establecía tan sólo los últimos seis meses, una exigencia que tan sólo cumplirían 1.400 VTCs de las cerca de 4.000 que hay en toda Cataluña. La mayoría de estas licencias operan con autónomos o empresas con un máximo de dos. De facto, el número de licencias de VTCs respecto al taxi es muy superior al 3,33% pedido por una parte del sector.
EL PSC ROMPIÓ LA MORATORIA PARA IMPONER TRABAS A LA MOVILIDAD EN BARCELONA
La presión del PSC fue a más a partir de mediados de junio. La Dirección General del Transporte Terrestre incluyó la moratoria ‘in extremis‘ en el orden del día. Los socialistas de Salvador Illa impuso sus líneas rojas para provocar la ruptura en el consenso y exigir a los de Raquel Sánchez anular la reunión, como así fue a las pocas horas.
Y es que, los socialistas filtraron a los taxistas la inclusión de este punto. Los de Alberto Álvarez dieron el puño sobre la mesa y amenazaron entonces con el colapso de Barcelona a partir del 11 de junio, con una movilización permanente en la Gran Via, como ya hicieran en enero de 2019.
Además, el PSOE y ERC han negociado a espaldas de varios grupos de la Cámara Catalana. Ni Ciudadanos ni el PP fueron convocados a reunión alguna por ambos grupos. Asimismo, se filtró el decreto antes al coordinador de Élite Taxi antes que su publicación oficial. Un trato de favor que muestra quien manda en las calles y quien en la política catalana.
EL PSC, SIN CONSENSO CON LAS VTCs
No sólo se tumbó el polémico punto de la moratoria, sino que se destruyó cualquier posibilidad de acuerdo a tan sólo tres meses del fin del decreto Ábalos. Valencia, que buscaba una prórroga, se quedó sola en la propuesta. La Generalitat, por su parte, emprendía las negociaciones en paralelo con el PSC para tratar de apaciguar los ánimos, mientras en paralelo se reunía con las VTCs sin comentarles la realidad.
De hecho, ninguna de las plataformas de VTCs que opera en Barcelona conocía en absoluto el contenido del ‘decreto antiCabify’ hasta las filtraciones en prensa. Fuentes del Govern han asegurado a MERCA2 que les escucharon en «todo momento» y que se llegó «a un consenso» hasta la irrupción del PSC. Como si del propio presidente de la Generalitat se tratara, Illa exigió la inclusión de medidas muy restrictivas e incluso pidió después a los taxistas que divulgaran que fueron ellos una parte importante de esta normativa, como los 4,9 metros de longitud para los nuevos vehículos. Todo para ir en contra de los principios lógicos y establecidos para una movilidad sostenible, como los coches más pequeños y eficientes para poder circular por la Ciudad Condal.
«No tuvimos conocimiento alguno de este nuevo plan de la Generalitat hasta principios de julio», han indicado fuentes del sector de las VTCs a MERCA2. Asimismo, el taxi que venía de la mano de empresas tradicionales de VTCs perdieron este apoyo debido a que el decreto también les perjudica. Y es que, las nuevas licencias y autorizaciones. Estas empresas utilizan vehículos de alta gama, como Mercedes, Audi, Tesla y grandes monovolúmenes. «Ni nos llamaron ni tampoco han escuchado nuestras peticiones«, han sostenido las mismas fuentes.
LA BATALLA DEL TAXI SE LIBRA AHORA EN MADRID
Fuentes socialistas apuntan que esta es una nueva guerra abierta para tratar de utilizarla en Madrid, donde el PSOE de Madrid se hunde en las encuestas. «Madrid es una jungla y queríamos evitar lo mismo en Cataluña«, han sostenido. El mismo discurso calcado y machacón que repiten en el sector del taxi.
De hecho, el mismo día que se ha publicado este decreto que estrangula a las VTCs, Antaxi, una de las asociaciones más cercanas a Élite Barcelona, ha denunciado el decreto de Isabel Díaz Ayuso ante la Unión Europea para tratar de paralizar la normativa.
