La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la revalorización de las pensiones elevará su gasto en torno al 9% en 2023, es decir, unos 13.000 millones de euros más.
Así lo ha afirmado la presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, durante su intervención este miércoles en el desayuno informativo Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum.
«Hay que tener claro que la inflación aumenta la recaudación a corto plazo pero deteriora las finanzas públicas a medio plazo porque supone una presión al alza de los gastos y el ejemplo más paradigmático es el incremento del gasto en pensiones el año que viene, que crecerá en torno a un 9%», ha alertado la presidenta de la AIReF.
Herrero ha insistido en que, a falta de conocer todos los aspectos recogidos en la reforma de pensiones incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el aumento estructural del gasto que llevará consigo la norma, requiere recurrir a una financiación estructural adicional o a una reducción del gasto en otras partidas.
Con todo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que este mayor gasto previsto en pensiones de 13.000 millones de euros supone la mayor parte del máximo de 15.000 millones de euros que, según las orientaciones de la Comisión Europea, debería aumentar España respecto al gasto corriente el próximo año.
ESTUDIO EN OCTUBRE SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES
Herrero ha avanzado que desde el organismo independiente publicarán en octubre una opinión sobre sostenibilidad de finanzas públicas a medio y largo plazo que abarcará hasta el año 2050 o quizás hasta 2070, en el que estará incluido el reto del envejecimiento, el efecto de la reforma de las pensiones, el incremento del gasto sanitario o supuestos sobre flujos migratorios.
NO SE HA DESARROLLADO «TODO EL POTENCIAL» DEL IMV
Preguntada por su opinión por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la presidenta de la AIReF ha informado de que el organismo sacará un informe la semana que viene valorando su impacto, ya que la ley que lo regula contempla la realización de una evaluación por parte del organismo independiente.
«Pocas veces he encontrado en la administración una política tan evaluada como ésta. La política ha sido diseñada para ser evaluada y eso se nota«, ha puesto en valor Herrero, tras destacar el convenio firmado con Seguridad Social y la Agencia Tributaria para el intercambio de datos.
Eso sí, la presidenta ha señalado que es una política que en todos los países «no es fácil de implementar» y, en ese sentido, ha apuntado que en España «no se ha desarrollado todo su potencial», en parte porque hay gente que tiene derecho a la prestación y no lo solicita o hay otra que lo solicita y se deniega.
