La Generalitat ha aprobado a contrarreloj su nueva normativa contra las VTCs. Pese a considerarse un servicio esencial, dada la alta demanda y la escasez de taxis en Barcelona, la Generalitat se ha plegado a las órdenes del taxi. Y es que, en Cataluña se sigue a rajatabla el dicho: ‘el taxi manda, la Generalitat obedece‘. Todo para garantizar la jubilación dorada con la venta de las licencias una vez se retiren los conductores. Este es el motivo principal de la lucha del taxi en Barcelona, liderada por Élite Taxi y su coordinador Alberto Álvarez.
La Generalitat golpea directamente a los conductores, y no a las grandes plataformas, obligándoles a comprar vehículos más grandes
Con el nuevo reglamento, los vehículos de transporte con conductor continuarán realizando trayectos urbanos, pero a partir del 1 de octubre los requisitos se endurecen, tal y como publicó este martes MERCA2 antes del anuncio oficial. Entre las condiciones impuestas, se exigirá a los nuevos vehículos con licencia VTC una longitud mínima de 4,9 metros y con etiqueta ECO o Cero emisiones. Las grandes plataformas, como Cabify, han salido al paso de la nueva ley asegurando que sólo el 1% de los vehículos del mercado cumplen los requisitos.
LA GENERALITAT PONE TRABAS A LA TECNOLOGÍA Y MOVILIDAD DE CABIFY
Sin embargo, numerosos vehículos, más incluso de los que pueden escoger los taxistas, cumplen con estas condiciones y no son precios tampoco desorbitados. Entre los 40.000 y 100.000 euros, según los datos del mercado consultados por este medio. De hecho, a Cabify no le afecta directamente esta prohibición. La compañía carece de licencias de alquiler con conductor y tan sólo es una intermediaria.
Para Cabify esta limitación «va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea, que se opone a que haya obligación de que los vehículos de VTC deban tener unas medidas determinadas, y aboga por coches más pequeños, accesibles y ecológicos que redunden en una mejor calidad del aire para los ciudadanos».
Para la plataforma, los vehículos menos contaminantes suelen contar con un menor tamaño, para ganar eficiencia. De hecho, el decreto establece una medida discriminatoria respecto a los requisitos que se piden al taxi. En concreto, solo el Tesla Model S, permitido a los taxistas, cumple con la nueva regulación catalana. El resto de vehículos, híbridos o de gas, registran una longitud inferior.
Contando con esta potente arma para estrangular a las VTCs, la Generalitat no sólo ahoga a los intermediarios, sino también a los 2.262 autónomos y pymes de Cataluña que tienen una licencia de VTC en propiedad.
LAS GRANDES EMPRESAS VENDIERON SUS LICENCIAS A AUTÓNOMOS
Y es que, desde la aprobación del decreto Ábalos, en 2018, las grandes flotas se han desprendido de estas licencias en el mercado. Según el registro, un total de 38 empresas ostentan más de 60 licencias de VTC; mientras que 253 tienen en cartera entre seis y diez, a cierre del año pasado. Como se aprecia, el número de autónomos se ha disparado en los últimos dos años, mientras que el número de grandes empresas con más de 60 autorizaciones se ha reducido. Al mismo tiempo, también han aumentado en más del triple las empresas con solo dos licencias, como también las de tres y cuatro.
Por tanto, la Generalitat golpea directamente a los conductores, y no a las grandes plataformas, obligándoles a comprar vehículos más grandes en contra de todo criterio de la movilidad, al menos con sus propios argumentos. También ataca a las propias tecnológicas disruptivas, las mismas de las que después alardea cuando se instalan en Barcelona, concretamente en el distrito 22@.
Según los datos de la Generalitat, en Cataluña se han concedido un total de 4.000 licencias VTC, de las que entre 2.570 y 3.000 tienen autorización para operar y coche. Asimismo, sólo unas 1.455 prestan servicio, a datos de cierre de 2021. Para la Generalitat, estas licencias que no han operado durante el decreto Ábalos tampoco podrán hacerlo ahora durante el verano, ni después, ya que deben haber estado operativas en el último año. Asimismo, las plataformas no podrán utilizar flotas de otras Comunidades Autónomas para cubrir la demanda, ya que deben tener una licencia catalana. Éstas sí podrán moverse este verano, pero no a partir del 1 de octubre.
OTRAS TRABAS A LOS AUTÓNOMOS Y NO SOBRE CABIFY
Otra de las trabas a las que se enfrentan los autónomos y pymes son los seguros a terceros. Hasta ahora, las VTCs operan sin un seguro de responsabilidad civil -obligatorio para los taxis-. La cúpula política, con el inestimable apoyo del PSC, exige la contratación de un seguro que cubra daños por valor de 50 millones de euros. De esta forma, «se les equipara al taxi«. Sin embargo, se les trata de diferenciar al apuntar el propio decreto que no son el mismo trabajo.
Así las cosas, está por ver cuántos conductores pierden su empleo en un momento en el que la economía podría entrar en recesión y conducir se había convertido en una alternativa a los desempleados. Sin embargo, sólo se podrán conducir vehículos VTC con al menos dos años de carnet de conducir.
DURAS SANCIONES QUE RECAEN SOBRE LOS AUTÓNOMOS
Además, las multas y sanciones se endurecen. Más, con la reincidencia. Según los datos del Ayuntamiento de Barcelona, las sanciones recaen especialmente a los conductores que trabajan para Cabify, la única que operaba con un gran volumen de vehículos.
La Generalitat, por otro lado, ha endurecido las sanciones a las VTCs. Las multas van desde los 201 a los 6.000 euros dependiendo de la infracción y su gravedad. Para los llegados de otras Comunidades Autónomas, se les impondrá una multa de 2.000 euros e inmovilización del vehículo. Recientemente, las grandes operadoras han traído de otros territorios a las VTCs para cubrir la alta de demanda, una maniobra ahora prohibida. El mismo importe se destinará para aquellos que incumplan los 15 minutos de precontratación y prestación del servicio.
La sanción se duplica, hasta los 4.000 euros e inmovilización del vehículo, para las VTCs que recojan clientes por las calles sin precontratación, así como en estaciones de bus, tren o aeropuerto. Si no se tiene la autorización, la sanción alcanza los 6.000 euros.
La Generalitat ha endurecido, además, las sanciones por reincidencia, con multas de entre 2.000 y 6.000 euros, que incluso pueden conllevar la retirada de la autorización.
Y todo, para evitar que el taxi pudiera paralizar la Ciudad Condal durante el verano. De hecho, la primera movilización de los de Álvarez se anunció para el día 11 de julio. El acuerdo ha llegado a tiempo para evitarlo. La Generalitat gana así su tiempo, ya que el decreto estará vigente dos años, un tiempo más que prudente para mantenerlo en vigor hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie si finalmente hay un recurso. En caso contrario, se prorrogará durante otros dos.
