España vive un momento dorado para la inversión extranjera, especialmente en el sector inmobiliario. Según las últimas notas de CBRE y Colliers, el país ha escalado posiciones en el ranking global de destinos preferidos para el capital internacional, con Madrid y Barcelona situándose entre las ciudades europeas más atractivas para la inversión.
El volumen de inversión inmobiliaria en 2024 alcanzó los 14.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 20%, impulsado por sectores como el living, logística y hoteles. CBRE destaca el sólido crecimiento económico (3,2% en 2024, cuatro veces la media europea), el descenso del desempleo y el aprovechamiento de los fondos europeos como catalizadores del auge inmobiliario.
Colliers añade que España ha entrado por primera vez en el top 5 mundial de destinos para inversión en real estate, superando a muchos mercados tradicionales como Estados Unidos.
¿A QUÉ PRECIO?
El auge de la inversión extranjera en el sector inmobiliario español también ha generado consecuencias preocupantes para la población local. La creciente presencia de capital institucional en el mercado residencial, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, ha ejercido una presión alcista sobre los precios de la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.
Esto ha provocado un fenómeno de desplazamiento de los residentes locales hacia zonas periféricas, ante la imposibilidad de asumir los nuevos precios, marcados por criterios de rentabilidad financiera más que por necesidades sociales. En muchos barrios se está consolidando un proceso de gentrificación acelerada, donde los inmuebles dejan de ser hogares para convertirse en activos de inversión.
La lógica del mercado, guiada por el retorno económico, está relegando la función social de la vivienda a un segundo plano. Al mismo tiempo, las políticas públicas no han logrado compensar este desequilibrio, ni con suficientes medidas de control del alquiler ni con un parque de vivienda asequible que responda a la creciente demanda.
El resultado es un mercado inmobiliario cada vez más polarizado, donde los beneficios del crecimiento no se reparten de forma equitativa. Mientras las cifras macroeconómicas celebran récords de inversión, una parte significativa de la población sufre dificultades para acceder a una vivienda digna, en un entorno marcado por la desigualdad territorial, el estancamiento salarial y el aumento de la precariedad habitacional.
EL DRAMA DE LA EMANCIPACIÓN JUVENIL
En paralelo al espectacular auge de la inversión inmobiliaria extranjera, la población española enfrenta una situación cada vez más crítica para acceder a una vivienda digna. A pesar de los titulares optimistas sobre el dinamismo del mercado, la realidad cotidiana de muchos ciudadanos es diametralmente opuesta: los precios no dejan de subir, los salarios no se ajustan a ese ritmo y las opciones asequibles son cada vez más escasas.
La situación se agrava para los sectores más vulnerables: jóvenes, familias monoparentales, migrantes o personas en situación de empleo precario. La tasa de emancipación juvenil en España sigue siendo una de las más bajas de Europa.
Para muchos, acceder a una hipoteca es inviable, y el mercado del alquiler tampoco ofrece alternativas sostenibles: contratos cortos, precios volátiles y falta de seguridad jurídica definen la experiencia habitual de quienes intentan alquilar.
Por otra parte, el parque público de vivienda en alquiler social es claramente insuficiente. España apenas cuenta con un 2,5% de viviendas públicas respecto al total del mercado, muy lejos de países como Países Bajos (más del 20%) o Francia (17%). La media europea se sitúa en un 9%.
Las políticas recientes, aunque orientadas a contener precios y promover vivienda asequible, todavía no han tenido impacto estructural. Medidas como la Ley de Vivienda avanzan con lentitud y se enfrentan una fuerte oposición política, la promovida por el PP.
