El mercado inmobiliario español vive un nuevo auge que recuerda a los años previos a la burbuja de 2008. Según el barómetro inmobiliario elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y SIRA, en 2025 se alcanzarán las 750.000 compraventas de vivienda, lo que representa un incremento del 4,61 % respecto a 2024.
Además, se prevé un encarecimiento del 10 % en los precios de las viviendas, lo que supondrá máximos históricos desde la crisis financiera que sacudió al país hace más de 15 años. Este crecimiento tiene múltiples factores detrás, pero uno de los más relevantes y controvertidos es el aumento de la demanda por parte de extranjeros.
En 2024, se registraron cerca de 93.000 compraventas de viviendas por parte de ciudadanos no españoles, según los datos de los Registradores. Esto supone aproximadamente el 15 % del total de las operaciones, una cifra sin precedentes en el país.
LA INVERSIÓN EXTRANJERA TENSIONA LA SITUACIÓN
La compra masiva de viviendas por parte de extranjeros, muchos de ellos con alto poder adquisitivo, ha convertido al mercado inmobiliario en un terreno encharcado. Esta presión de la demanda foránea ha contribuido a un aumento descontrolado de los precios, especialmente en regiones como Baleares, la Costa del Sol, Canarias y ciudades como Barcelona o Madrid, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una auténtica odisea para la población local.
Este fenómeno no es nuevo, pero ha cobrado una dimensión inédita en los últimos años, en parte impulsado por políticas migratorias que favorecieron la inversión inmobiliaria extranjera, como las conocidas ‘golden visa’, eliminadas recientemente por el Gobierno.
Estas visas ofrecían residencia a cambio de inversiones de al menos 500.000 euros en bienes inmuebles, y fueron ampliamente aprovechadas por ciudadanos extracomunitarios, especialmente de China, Rusia y América Latina.
DEVALUACIÓN SALARIAL
A la presión internacional se suma un problema estructural que viene gestándose desde hace más de una década: la devaluación del poder adquisitivo de los salarios. En los últimos 15 años, los ingresos reales de los trabajadores españoles apenas han crecido, mientras que el precio de la vivienda se ha disparado de forma sostenida.
El resultado es una brecha creciente entre el coste de la vida y los recursos disponibles, lo que imposibilita a buena parte de la población, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda en propiedad o incluso en alquiler en condiciones dignas.
En muchos barrios de las grandes ciudades, el porcentaje de viviendas vacías compradas como inversión supera el de viviendas habitadas, lo que agrava la escasez de oferta disponible para residentes habituales.
BARCELONA TOMA LA DELANTERA
Ante este panorama, algunas administraciones han comenzado a plantear medidas drásticas. El Ayuntamiento de Barcelona estudia actualmente la posibilidad de prohibir la compra de viviendas a extranjeros que no tengan intención de residir en ellas. Esta medida, pionera en España, busca frenar la especulación y proteger el mercado para los ciudadanos locales.
Aunque todavía está en fase de estudio, ya ha generado un intenso debate sobre su viabilidad legal y su impacto económico. En paralelo, el Gobierno central eliminó las ‘golden visa’ como parte de su estrategia para enfriar el mercado y garantizar un uso más social de la vivienda.
No obstante, críticos argumentan que estas acciones son tardías y probablemente insuficientes frente a una situación que lleva años desarrollándose sin control.
MERCADO DE CONTRASTES
A pesar de los números récord en compraventas y precios, el mercado inmobiliario español atraviesa un momento de alta fragilidad social. Mientras las cifras macroeconómicas muestran fortaleza, la realidad cotidiana de cientos de miles de familias refleja exclusión, desigualdad y frustración ante un sistema que parece haberse alejado de las necesidades básicas de la población.
El crecimiento de las compraventas hasta las 750.000 unidades en 2025 marcará un nuevo récord, pero también una advertencia clara sobre los peligros de repetir los errores del pasado. Sin una intervención firme que regule el acceso a la vivienda, frene la especulación y devuelva al mercado su función social, España corre el riesgo de consolidar un modelo profundamente excluyente.
