El acceso a una vivienda asequible continúa siendo uno de los principales retos sociales en España. En respuesta a esta problemática y a las crecientes dificultades del Gobierno para marcar agenda, el PSOE registró el pasado jueves una proposición de ley que contempla una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso al alquiler, contener la especulación y proteger el parque público de vivienda.
Según fuentes socialistas, esta iniciativa busca atender el creciente déficit habitacional, mejorar la regulación del mercado inmobiliario y promover un acceso digno a la vivienda, un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución española.
MEDIDAS CONTRA LOS PISOS TURÍSTICOS
Una de las preocupaciones que han motivado esta propuesta son los efectos que la proliferación de los pisos turísticos y la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes tienen sobre el mercado de la vivienda, especialmente en las ciudades y zonas con alta demanda.
Para limitar el impacto de los pisos turísticos, la proposición de ley plantea subir el IVA aplicado a esta actividad hasta el 21%, equiparándolo al tipo general que se aplica a otros sectores económicos. Esta medida busca reflejar el verdadero carácter económico de estas actividades y desincentivar el uso de viviendas para el turismo masivo en detrimento del mercado residencial.
Por otro lado, se establece la creación de un impuesto estatal específico que gravará la compra de viviendas por parte de personas extranjeras no residentes, especialmente aquellas procedentes de fuera de la Unión Europea.
Este impuesto pretende actuar como un freno frente a la compra especulativa que, según denuncian diversos informes, contribuye a la subida acelerada de los precios y a la exclusión de los residentes habituales.
PROTECCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA
çEl texto legislativo también incluye medidas orientadas a garantizar la permanencia y asequibilidad del parque público de viviendas. Para ello, se propone regular la transmisión de suelos y patrimonio del Estado a la Entidad Estatal de Suelo (SEPES), con el fin de destinarlos a la promoción de viviendas a precios asequibles.
Además, se busca modificar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar de manera permanente el precio máximo de venta de las viviendas que están bajo la titularidad de SEPES. Con esta medida se pretende evitar que estas viviendas puedan ser vendidas a precios de mercado especulativo en el futuro, protegiendo así el derecho a una vivienda accesible a largo plazo.
Otra de las líneas de actuación de la propuesta es la modificación de la tributación que afecta a los grandes inversores y propietarios, con la intención de incentivar el alquiler asequible y desincentivar el acaparamiento y la vivienda vacía.
En este sentido, se plantea incrementar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), que son vehículos usados por fondos de inversión y grandes propietarios, aumentando el tipo impositivo del 15% actual al 25%, salvo que dediquen sus inmuebles al alquiler a precios asequibles. Asimismo, se propone aumentar la tributación sobre las viviendas vacías.
Esta medida fiscal busca estimular que los inmuebles actualmente sin uso se pongan a disposición del mercado del alquiler, contribuyendo así a incrementar la oferta y aliviar la presión sobre los precios. Por último, se extienden las bonificaciones en el rendimiento neto del alquiler en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a zonas que aún no han sido declaradas tensionadas.
De esta manera, se amplía el incentivo fiscal para propietarios que ofrezcan sus viviendas en alquiler con condiciones asequibles, en regiones donde la oferta todavía no está regulada.
OTRAS REFORMAS
Además de las medidas específicas sobre vivienda y alquiler, el paquete legislativo incluye otras reformas que buscan facilitar la rehabilitación y la construcción de viviendas, así como mejorar la gestión pública de suelo y patrimonio. Entre estas medidas destaca la ampliación hasta 2025 de las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética en viviendas.
Este incentivo no solo favorece la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles, sino que también puede contribuir a reducir los costes asociados a la vivienda y a la contaminación. Por otro lado, se propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para fomentar la colaboración público-privada en la construcción de viviendas.
Esta reforma pretende facilitar que administraciones y promotores trabajen conjuntamente para abordar el déficit de vivienda, agilizando procesos y aumentando la inversión en obra nueva. Finalmente, se plantea actualizar las tablas del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. Esta actualización busca adecuar este impuesto a la realidad del mercado inmobiliario y evitar desajustes en la tributación local.
SITUACIÓN CRÍTICA
El Banco de España y otros expertos han alertado sobre la influencia creciente de la especulación y la concentración de vivienda en manos de fondos de inversión y grandes propietarios, que incrementan los precios y limitan la oferta asequible.
Estas propuestas completan y complementan el paquete de medidas presentado por el Gobierno a principios de año, en un contexto de presión creciente sobre los precios del alquiler y de debates intensos sobre el papel que deben tener los grandes inversores en el mercado residencial.
