El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en la diana al Ayuntamiento de Madrid por su inacción frente a la proliferación de pisos turísticos que operan sin licencia. Tal y como reconoce el consistorio, existen más de 10.000 alojamientos turísticos que están abiertos de forma irregular.
Desde el Ministerio entregaron hace unas semanas un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detalla información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo en relación a la publicidad de viviendas de uso turístico en la capital. Según ellos, existen más de 15.000 pisos turísticos que operan de forma ilegal.
Consumo proporcionó información detallada, incluyendo ubicaciones precisas y datos que permiten identificar a los propietarios de algunos alojamientos presuntamente ilegales, con el fin de que el Ayuntamiento de Madrid pueda iniciar medidas para detener su actividad y aplicar sanciones. Por ejemplo, los datos revelan que existen al menos 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la calle Mayor y 11 más en la calle Preciados. El consistorio ha hecho oídos sordos y sigue sin levantar ni una sola acta de infracción en este ámbito.
El ministro Pablo Bustinduy le ha pedido al consistorio capitalino que siga el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que «ha conseguido retirar miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplen los requisitos legales y devolver una gran cantidad al mercado del alquiler para residentes habituales»
Bustinduy se reunió hace unos días para abordar la problemática con representantes de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales).
A pesar de la situación, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto reactivar la concesión de licencias gracias a la aprobación del nuevo Plan RESIDE. Este plan sustituirá al Plan de Hospedaje aprobado por el gobierno municipal de Manuela Carmena en 2019.
Desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento se señala que el objetivo del Plan RESIDE es frenar la pérdida de población en el centro de la ciudad, aumentar la oferta de viviendas, regular el mercado turístico y fomentar una mejor convivencia entre residentes y visitantes.
Sin embargo, desde los partidos de la oposición critican que el nuevo plan favorecerá un aumento en la concesión de licencias para pisos turísticos. En mayo de 2024, los datos municipales indicaban que había en Madrid 13.502 alojamientos turísticos, de los cuales solo 1.008 contaban con licencia.
Esta situación se ve agravada por la escasez de controles y la falta de sanciones contundentes, en contraste con ciudades como Ibiza, donde recientemente se impuso una multa de 857.836,11 euros a un propietario de un piso turístico ilegal. En Ibiza, las sanciones pueden alcanzar entre el 50% y el 100% del valor del inmueble al inicio del expediente.
El Ayuntamiento madrileño afirma, no obstante, que no se concederán licencias para viviendas turísticas que estén distribuidas dentro de edificios residenciales en el centro histórico ni en aquellas ubicadas en plantas bajas con acceso independiente, como sí se permitía hasta hace poco.
El grupo Más Madrid ha expresado que el nuevo plan, aunque aparentemente busca proteger el uso residencial en el centro, en realidad facilitará la transformación de edificios enteros en alojamientos turísticos, lo que podría provocar el desplazamiento de vecinos tradicionales.
Fuera del centro histórico, las licencias solo se concederán a viviendas con acceso independiente. En edificios residenciales situados fuera de zonas comerciales, se permitirá la actividad turística siempre que todo el edificio se destine a este uso, y en esos casos, las licencias serán válidas por un periodo de 15 años.
El plan también al menos contempla medidas para proteger el comercio local, prohibiendo su conversión en alojamientos turísticos tanto en el centro histórico como en las principales vías comerciales.
PROBLEMAS EN OTRAS CIUDADES
Bustinduy explicó la pasada semana que en Galicia existen 9.000 pisos turísticos sin licencia. El ministro informó que, solo en una plataforma de alquiler turístico, se han encontrado 406 anuncios de viviendas vacacionales en Santiago de Compostela, una cifra que contrasta notablemente con las apenas 66 licencias oficiales concedidas en la ciudad para este tipo de alojamiento.
Desde el Ministerio entregaron al Ayuntamiento compostelano un listado con las direcciones de 221 pisos turísticos que se anuncian en internet, lo que permitirá al consistorio iniciar procesos para eliminar dichos anuncios, ordenar el cese de su actividad y, si corresponde, abrir expedientes sancionadores.
En este contexto, Bustinduy ha reconocido y valorado el compromiso del Ayuntamiento de Santiago en su lucha contra la oferta ilegal de pisos turísticos, destacando los avances realizados para poner orden en este sector. Asimismo, ha ofrecido a la alcaldesa la plena colaboración del Ministerio de Consumo, incluyendo tanto las pruebas digitales entregadas como apoyo legal para reforzar las acciones municipales frente a la publicidad y comercialización ilegal de estos alojamientos.
Con ese mismo fin, ha pedido a la Xunta de Galicia que no obstaculice la labor de los ayuntamientos cuando se trate de dar de baja alojamientos turísticos del registro autonómico.
