El coche se ha convertido en una extensión de nuestro hogar para muchos, un espacio privado donde acumulamos desde los imprescindibles triángulos de emergencia hasta objetos de dudosa utilidad que acaban olvidados en la guantera. Sin embargo, ese cajón aparentemente inofensivo puede convertirse en el origen de un problema económico considerable si albergamos ciertos dispositivos tecnológicos prohibidos, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene una vigilancia estricta sobre elementos que interfieren con la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de circulación. La sorpresa puede ser mayúscula al descubrir que la mera tenencia de uno de estos aparatos, incluso apagado y guardado, acarrea sanciones severas que pocos conductores conocen en detalle.
La normativa de tráfico española es clara, aunque no siempre popular, en su afán por reducir la siniestralidad en nuestras carreteras y garantizar que las normas se apliquen por igual a todos los usuarios. Dentro de este marco regulatorio, existen ciertos artilugios electrónicos diseñados específicamente para eludir los controles de velocidad que están terminantemente prohibidos, no solo su uso activo, sino también su simple presencia en el vehículo. La advertencia es seria y las consecuencias económicas, como veremos, pueden ser un golpe duro para cualquier bolsillo, transformando un descuido o un acto de picaresca en una infracción grave con multas que alcanzan cifras muy respetables y la consiguiente pérdida de puntos del carné.
3¿POR QUÉ TANTA MANO DURA? LAS RAZONES DE LA DGT CONTRA ESTOS DISPOSITIVOS
La severidad de la DGT respecto a los detectores e inhibidores de radar no es un capricho recaudatorio, sino que responde a una lógica de seguridad vial y de equidad en la aplicación de la ley. Estos dispositivos están diseñados con el único propósito de eludir los controles de velocidad, herramientas fundamentales para disuadir a los conductores de exceder los límites permitidos, que son una de las principales causas de accidentes graves y mortales en nuestras carreteras. Permitir su uso o tenencia sería contraproducente para los esfuerzos continuos por reducir la siniestralidad y pacificar el tráfico, minando la efectividad de una de las medidas preventivas más importantes.
Además, el uso de inhibidores representa una interferencia directa y deliberada con los sistemas técnicos empleados por las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas, lo cual es considerado una falta muy grave. La DGT entiende que tolerar estos aparatos supondría crear una doble vara de medir, donde algunos conductores podrían sistemáticamente saltarse las reglas gracias a la tecnología, generando una sensación de impunidad y una competencia desleal frente a quienes sí respetan los límites. La prohibición busca, por tanto, mantener la integridad del sistema de control de velocidad y asegurar que las normas de circulación sean iguales para todos, protegiendo así la seguridad colectiva.
