El pasado martes, los gestores de la energía nuclear española cumplieron su amenaza: ordenaron que la central de Almaraz (Cáceres), con sus dos reactores, detuviera su actividad a partir de las 00:00. Los propietarios no estaban dispuestos a asumir unos costes que consideran intolerables para cualquier proyecto energético que busque un mínimo de rentabilidad. Esta decisión suma varias atmósferas a la presión política que se está ejerciendo para revertir la clausura de la generación atómica de nuestro país.
Los motivos del apagón vienen de largo y tienen que ver tanto con las quejas que el sector en general ha repetido hasta la saciedad como con la situación de la planta de Almaraz en particular. Ambos aspectos fueron mencionados en el comunicado enviado por la central, el cual explicó que la viabilidad económica de la misma está «seriamente comprometida» por la inasumible carga fiscal que se aplica a la nuclear y por la «ineficiencia del sistema eléctrico».
Dicha ineficiencia, unida a la desigual carga fiscal, resulta en una desventaja competitiva respecto a la generación renovable, catapultada por las últimas borrascas, lo que deja a las nucleares «fuera del sistema eléctrico».
LA NUCLEAR ESPAÑOLA, EN PIE DE GUERRA
El órdago consumado este miércoles se gestó a mediados de enero. En el marco de un almuerzo informativo para medios, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, advirtió que, de no aliviarse el cepo fiscal sobre las centrales de uranio, no se procederá a la renovación de licencias y, por tanto, la energía atómica se desvanecerá del mix energético.
En otras palabras: si no hay rebaja de impuestos, no será necesario que la Administración clausure los reactores, ya que serán las propias operadoras las que ‘cierren la persiana’ por cese de negocio. Los propietarios de las plantas -Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP en el caso de Almaraz-, agrupados en torno a Foro Nuclear, han denunciado hasta el hartazgo la desproporcionada carga fiscal que dicen soportar. Ésta se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años, llevándola a niveles «económicamente insostenibles».
LA CARGA FISCAL ESPECÍFICA SOPORTADA POR LAS CENTRALES HA SUBIDO UN 70% DESDE 2019, Y EN EL CASO PARTICULAR DE LA ‘TASA ENRESA’, EL GOBIERNO LA CATAPULTÓ UN 30%
Desde el principio, el principal blanco de sus críticas ha sido la Tasa Enresa, el gravamen impuesto a los operadores para sufragar la gestión de los recursos radiactivos y que ha sido objeto de sucesivas subidas en los últimos tiempos. Foro calcula que la tasa Enresa le cuesta al sector un desembolso de 630 millones de euros al año, una cantidad a su parecer insostenible, que pone en riesgo la viabilidad económica de la actividad.
Desde el Gobierno replican que la nuclear aceptó libremente las condiciones de cierre de las centrales, incluyendo la polémica tasa a los residuos. ¿La respuesta del sector? Podría resumirse en que los términos acordados en 2019 se parecen tanto a la situación actual como una lagartija a un dinosaurio.
Para empezar, sostiene Foro, desde entonces la carga tributaria específica soportada por las centrales ha pasado de 16 euros por megavatio hora (€ MW/h) a 28 € MW/h, más de un 70% de diferencia. Respecto a la Tasa Enresa en particular, el Ejecutivo, tirando de ‘decretazo’, la catapultó un 30%, de 7,98 € MW/h a los 10,36 € MW/h actuales.
LA CENTRAL DE ALMARAZ, EN EL CENTRO DEL DEBATE
La suspensión de actividad en la central nuclear de Almaraz es un nuevo episodio en la agitada historia de esta instalación, condenada al cierre en 2027 según el calendario fijado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sus dos reactores se han erigido en símbolos de la resistencia contra el cierre del parque nuclear español.
Esta planta tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen y hasta el 31 de diciembre de 2023 de 611.000 gigavatios hora (GW/h), lo que la convierte en «la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional», según los datos aportados por Centrales Nucleares Almaraz Trillo (CNAT).
EL DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA DE ALMARAZ PROVOCARÁ UN DESCENSO DEL 36% EN LA POBLACIÓN ACTIVA DE LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA DE INFLUENCIA
Según los últimos datos disponibles, Almaraz satisface el 7% de la demanda eléctrica anual de España, equivalente al consumo de cuatro millones de hogares, y evita anualmente la emisión a la atmósfera de seis millones de toneladas de dióxido de carbono. Una cantidad de emisiones «comparable a doce millones de vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York», apunta la plataforma Sí a Almaraz.
Según un estudio de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), el desmantelamiento de Almaraz provocará un descenso del 36% de la población activa y una caída del 60% en los ingresos de los ayuntamientos de los municipios de la zona de influencia.
CUENTA ATRÁS PARA SALVAR LA NUCLEAR
El apagón de Almaraz tiene una lectura política: se produce en medio de la desesperada ofensiva que el sector energético, con el apoyo del PP, está llevando a cabo para evitar el fin definitivo de las centrales de uranio españolas.
El cierre a cal y canto de los siete reactores nucleares que operan en nuestro país fue una de las promesas estrella de Pedro Sánchez a los socios que le auparon a La Moncloa. Una medida respecto a la que el Ejecutivo ha mostrado una férrea intransigencia y que, por supuesto, incluye a Almaraz.
Barclays estima que, para que la nuclear española vuelva a ser rentable, sería necesaria una reducción de 10 euros por megavatio hora en la carga fiscal total
Endesa e Iberdrola tienen hasta el cuarto trimestre del presente año para solicitar la ampliación por 10 años de la vida útil de la planta extremeña, la primera central nuclear cuyo cierre está previsto. La prórroga, de lograrse, sería un catalizador para la renegociación del acuerdo de 2019.
En febrero, el Parlamento aprobó una resolución no vinculante, impulsada por el PP, que insta al Gobierno a revertir el ‘cerrojazo’ nuclear, incluyendo medidas que garanticen la viabilidad económica de las centrales.
El equipo de análisis de Barclays estima que, para que la nuclear española vuelva a ser rentable, sería necesaria una reducción de 10 euros por megavatio hora en la carga fiscal total.
