El inicio de los procesos de contratación de Glovo no ha resuelto todos los problemas de la plataforma de delivery, y deja varios avisos para las que quieran seguir sus pasos. La empresa había advertido que el proceso de contratación dejaría a varios de los autónomos que actualmente trabajan con la empresa fuera de la aplicación, pero lo cierto es que no todos ellos han decidido asumir esta situación de brazos cruzados, lo que es lógico tratando de la única fuente de ingresos de un alto porcentaje de los mismos.
Un grupo de ellos, a través del bufete del abogado Francisco Valverde, están preparando una demanda colectiva contra la empresa. El argumento de estos trabajadores es que según la propia ley rider que ha obligado a la empresa a contratarles, ellos eran «falsos, autónomos», es decir, que el estatuto de autónomos realmente cubría una relación laboral directa, por lo que el ser apartados de la plataforma constituye un despido. No es un nuevo argumento, y es uno que la propia Glovo ha enfrentado en el pasado en tribunales, pero la realidad es que es uno complicado en este caso particular por la cantidad de repartidores afectados.
La otra novedad es que la demanda es por la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores. No solo se trata de los posibles despidos, sino que se insiste que bajo este régimen de autónomos los trabajadores han tenido que trabajar horas de más, hasta 14 horas diarias, según el texto legal, y no han podido organizarse para tener representación sindical debido a ser considerados autónomos.
Ya se han presentado varias demandas, en ciudades donde hay repartidores afectados por la decisión, y el bufete promete que seguirá haciéndolo en los próximos días. Más allá del resultado de la denuncia, es una demostración más de lo complicado que ha sido todo este proceso para Glovo, y más aún para los repartidores que se han visto afectados, ya sea por un cambio radical en sus condiciones de trabajo o bien por qué su condición legal en España los obligaba a trabajar con cuentas alquiladas, y, por tanto, se han quedado por fuera del nuevo modelo que aplicará el unicornio español.
Otro punto importante es que las demandas van dirigidas contra todo el grupo empresarial de Glovo. Lo cierto es que para diferentes partes de su negocio, y para diferentes ciudades, han diseñado empresas diferentes, algo normal en los procesos de crecimiento empresarial para tomar decisiones, pero es una decisión tomada por los repartidores y sus abogados para proteger su demanda.
GLOVO SIGUE ASUMIENDO LOS RETOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
En cualquier caso, a pesar de que la demanda pueda tomar por sorpresa a Glovo, la plataforma estaba preparada para diferentes complicaciones en este proceso de contratación. De hecho, el fundador y consejero delegado de la empresa, Oscar Pierre, ha señalado una y otra vez en entrevistas que la empresa y su matriz, la alemana Delivery Hero, han calculado que el proceso costará alrededor de 100 millones de euros. No es un precio menor, que no solo incluye los nuevos contratos o el precio del material de trabajo de los nuevos empleados, sino también este tipo de dificultades.
Al mismo tiempo, parte del objetivo de este proceso precisamente es dejar de lado los procesos legales. Estos no solo van de la mano con un costo económico importante, ganen o pierdan cada caso, si no además tienen un importante costo reputacional para la empresa de entregas. De momento han podido sobrevivir este tipo de problemas por la popularidad de la aplicación y del servicio que ofrecen, pero este proceso cambia del todo cómo funciona la empresa, como se relaciona con sus trabajadores y el tipo de problemas que ambas partes pueden enfrentar. Al mismo tiempo, esta demanda puede ser realmente la última demanda de su etapa anterior, y no la primera de la nueva.
UN CASO MÁS PARA GLOVO
En cualquier caso, la empresa sigue en el centro de varios problemas legales. El más complicado es el del propio Oscar Pierre, denunciado por la fiscalía en Cataluña por violar los derechos de los trabajadores en un juicio que podría llevarlo 5 años a la cárcel. Es un problema que va de la mano con esta nueva tanda de posibles «despidos», si los tribunales los consideran como tal.
Es una larga lista de retos para una empresa que quiere seguir operando en España, y que espera dejar atrás los titulares sobres sus problemas legales. En cualquier caso, será importante seguir este caso y saber cómo afecta el proceso de contratación del unicornio español en un momento especialmente complicado para la economía del país y Europa.
