España destaca en normativa para la inteligencia artificial (IA), integración de robots, gasto público para la IA y en ofertas de empleo que requieren habilidades en IA, según un informe de la Universidad de Stanford. El Instituto para la IA centrada en el ser humano (HAI, por sus siglas en inglés) de la universidad californiana acaba de hacer público su último informe global sobre la IA que ofrece una visión actual de la situación de la IA a nivel global y analiza investigación y desarrollo, rendimiento técnico, IA responsable, economía, ciencia y medicina, política, educación y opinión pública en 75 áreas geográficas. España sale muy bien parada; educando en IA somos los segundos tras EE.UU.
El informe aporta una buena dosis de orgullo patrio, ya que sitúa a nuestro país en un lugar destacado en cuestiones relacionadas con la economía, la legislación o la educación. Para realizar el estudio se ha fijado en elementos claves como, por ejemplo, que «los sistemas de IA con mayores avances están relacionados con la generación de vídeos de alta calidad, o los agentes de modelos de lenguaje», o que «las empresas siguen apostando por la IA, lo cual impulsa la inversión y un uso récord ya que las investigaciones muestran un fuerte impacto en la productividad.
España es el cuarto país europeo con mayor inversión pública en IA (tras Reino Unido, Alemania y Francia), y para el periodo de 2013 a 2023 es uno de los países, junto con Bélgica y Francia, con un crecimiento más constante
No obstante, en el documento señalan, cómo no, que «Estados Unidos sigue liderando la producción de modelos de IA, pero China está reduciendo la brecha«, que aunque «la formación en IA y ciencias de la computación se está expandiendo, persisten brechas en el acceso y la preparación», a nivel global, y que el razonamiento complejo, «sigue siendo un desafío para los modelos de inteligencia artificial». En positivo, advierten que la IA se está volviendo cada vez «más «eficiente, asequible y accesible», y que la eficiencia energética, por ejemplo, «ha mejorado un 40% anual».
ESPAÑA: ROBOTS, GASTO PÚBLICO Y OFERTAS DE EMPLEO EN IA
Pese a recoger estos grandes desafíos globales en materia de IA, el estudio publicado por la Universidad de Stanford deja en buen lugar a España. En el contexto global analizado, España ocupa un lugar destacado en determinados ámbitos, tales como la integración de robots en su economía (4º país con mayor crecimiento anual después de India, Reino Unido y Canadá, en 2023 respecto al 2022), el gasto público en contratos relacionados con la IA (entre los 5 primeros países europeos) o el porcentaje de ofertas de empleo que requieren habilidades en IA (cerca de Reino Unido y Países Bajos, y por encima de Alemania y Francia).
Sin embargo, en el ámbito educativo, nos gana Estados Unidos, que sigue siendo líder mundial en la formación de graduados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los niveles, pero el grato conocer que en segundo lugar le seguimos desde España, y después Brasil y Reino Unido.
Con este trabajo, los expertos de la universidad californiana han incidido también en mostrar la necesidad de hacer un uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Según el informe, los incidentes relacionados con la IA están aumentando drásticamente y son necesarias herramientas para evaluar su seguridad y fiabilidad; «cuestiones en las que trabaja muy activamente la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) en estrecha colaboración con otras instituciones europeas», según ha querido especificar el Ministerio para la Transformación Digital español.
desde 2016 y hasta 2024, España es el sexto país con un mayor número de proyectos de ley aprobados en relación con la IA, y ocupa el primer lugar en menciones legislativas para dicho periodo
Desde el departamento dirigido por el ministro Óscar López indican que, en este sentido, en 2024 «se intensificó la cooperación global entre gobiernos en materia de gobernanza de IA y se publicaron marcos centrados en la transparencia, la fiabilidad y otros principios fundamentales de la IA responsable, ocupando la Unión Europea un lugar destacado».
El informe de la prestigiosa organización educativa norteamericana también se detiene en el papel que están jugando los distintos gobiernos dentro del ecosistema de IA, concretamente en relación con la inversión y la regulación.
Así, indica cómo a nivel mundial, las menciones legislativas de la IA aumentaron un 21,3% en 75 países desde 2023. Pero volvemos a sentir que nuestro país tiene un importante papel cuando descubrimos que desde 2016 y hasta 2024, España es el sexto país con un mayor número de proyectos de ley aprobados en relación con la IA, y ocupa el primer lugar en menciones legislativas para dicho periodo.
No obstante, según los resultados del informe, la legislación sobre IA la lidera Estados Unidos: en 2016 tan solo tenía una ley estatal aprobada al respecto, pero en 2023 alcanzó las 49 y solo el año pasado llegó a las 131.
Otro aspecto en el que hace hincapié el informe es la inversión a gran escala que están haciendo los gobiernos en esta tecnología. En dicho ranking, España es el cuarto país europeo con mayor inversión pública en IA (tras Reino Unido, Alemania y Francia), y para el periodo de 2013 a 2023 es uno de los países, junto con Bélgica y Francia, con un crecimiento más constante.
Según ha hecho público el ministerio español, el reto para España, según los datos extraídos del informe, «gira en torno a la reducción de la brecha de género, tanto en lo relativo a la penetración de habilidades en IA como a la concentración de talento alrededor de esta tecnología«. También queda un importante camino por recorrer en cuanto a la percepción de la población sobre la inteligencia artificial, ya que España se mantiene en una posición que tiende más hacia el nerviosismo que hacia el optimismo a la hora de valorar los productos y servicios que utilizan la IA.
Ámbitos todos ellos en los que España en general y la AESIA en particular, siguen trabajando a diario para aprovechar los beneficios de la IA para el conjunto de la sociedad y reducir sus posibles riesgos en aras de proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales.
