España es el segundo país de la eurozona en la que más creció la vivienda en 2024, un 11,4% según Eurostat, y Cataluña se ha consolidado como vanguardia de políticas relacionadas para contener las subidas. Cataluña fue la primera región en la que declararon zonas tensionadas de alquiler, lo cual ha ayudado a bajar los precios en el último año un 3,3%.
En la Generalitat de Catalunya habían advertido que los contratos de alquileres de temporada (que no tenían limitación de precios) se elevaron un 14% en el último año, según datos del Institut Català del Sol,
Y es por ello extienden el tope de rentas a los pisos de temporada. Lo hará limitando los contratos de alquiler de temporada, que se regirán bajo el tope de precios que fija la Ley de Vivienda para los contratos convencionales.
El Govern que lidera el socialista Salvador Illa, ERC, Comuns y la CUP han llegado a un acuerdo para convalidar en el Parlament el decreto-ley sobre vivienda aprobado por el Ejecutivo catalán el mes pasado.
El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos) explica que el acuerdo «llega más de dos años tarde» y recuerda que el PSC tumbó esta medida en julio de 2024.
ALQUILERES DE TEMPORADA
En la última década, los alquileres de temporada que impulsan Airbnb, Vrbo o Booking ha generado unos cambios con profundas implicaciones urbanas, sociales y económicas. La cara amable del alquiler, con turistas encontrando alojamientos asequibles y ciudades hinchando sus números de visitantes, tiene una cara b.
Uno de los principales problemas es el impacto sobre el mercado de vivienda local. En muchas ciudades, los propietarios optan por convertir sus inmuebles en alojamientos temporales debido a la mayor rentabilidad. Esto reduce la oferta de viviendas para alquiler tradicional, lo que provoca una subida en los precios del arrendamiento a largo plazo.
Para los residentes, especialmente jóvenes o personas con ingresos modestos, encontrar un lugar donde vivir se ha convertido en una misión casi imposible. Además, el fenómeno contribuye a la gentrificación y a la expulsión de vecinos de toda la vida.
Barrios antes accesibles y llenos de vida comunitaria ahora están dominados por apartamentos turísticos. Esta rotación constante rompe el tejido social, genera inseguridad y degrada la calidad de vida de quienes aún resisten en esos espacios.
El turismo masivo impulsado por estos alquileres también tiene consecuencias ambientales y urbanas. Aumenta la presión sobre los servicios públicos, contribuye a la masificación de áreas históricas y transforma el uso de los espacios comunes, que pasan de estar al servicio de la comunidad a responder a la lógica puramente comercial del capitalismo.
EL PRECIO DE LOS ALQUILERES BAJA EN CATALUÑA
Los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado en Cataluña han rebajado en el último año un 3,7% el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de la autonomía esa rebaja es del 3,3%.
El caso de Barcelona es altamente significativo, puesto que en el último año sus alquileres son un 6,4% más baratos. Al mismo, tiempo la oferta no se reduce: los datos de 2024 respecto a 2023 arrojan 17.000 viviendas en alquiler más en Cataluña y 3.000 solo en Barcelona.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez subrayó hace unos días que conseguir la estabilidad de los inquilinos es uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda y Agenda Urbana y apeló a los propietarios a rebajar un 5% sus alquileres para deducirse hasta el 90% en la declaración del IRPF.
Rodríguez aplaudió «la valentía» del Govern de la Generalitat a la hora de usar las herramientas que el Gobierno puso a su disposición para atajar el problema de la vivienda.
