La guerra arancelaria de Donald Trump parece haber anestesiado por unas horas la tensiones entre el PSOE y PP, que han sido interpelados este fin de semana por las 42 movilizaciones celebradas este sábado en distintas ciudades del Estado para exigir que se ponga fin a los excesos del mercado del alquiler.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos asegura que 150.000 personas se concentraron bajo los lemas ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’ y ‘Bajemos los precios, a por la huelga de alquileres’ y corearon lemas como «Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general» o «Madrid será la tumba del rentismo».
El citado sindicato exige la bajada del 50% del precio de los alquileres; la instauración de contratos de alquiler indefinidos; la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada; el fin de la compra especulativa a fondos buitre o rentistas individuales; y la desarticulación de grupos de desokupación.
UN LUJO NO AL ALCANCE DE TODOS
La tesis de los convocantes es que en una sociedad que presume de avances, democracia y bienestar, la vivienda debería ser considerada un derecho fundamental. Sin embargo, la realidad es otra: el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una utopía para una parte significativa de la población.
Mientras los precios de las propiedades siguen subiendo sin freno, los sueldos se estancan, los alquileres aumentan, y las políticas públicas se quedan cortas, millones de personas ven cómo su sueño de tener un hogar propio se convierte en una batalla perdida.
Y detrás de este caos habitacional hay un sistema que perpetúa las desigualdades y favorece a los pocos que controlan la propiedad, dejando a la mayoría atrapada en la incertidumbre. La vivienda, señalan, se ha convertido en un bien de lujo, más que en un derecho básico. Los grandes fondos de inversión, los promotores inmobiliarios y los pequeños propietarios que buscan maximizar su rentabilidad han dictado durante décadas las reglas del juego ante la pasividad de la clase política.
EL PROBLEMA DE LOS ALQUILER
El alquiler, que debería ser una solución temporal o accesible para quienes no pueden comprar, se ha convertido en una condena permanente para miles de personas. En lugar de ser una opción económica y flexible, los alquileres han alcanzado precios tan altos que muchas personas se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos a pagar una renta mensual.
Esto, además de suponer una enorme carga económica, también trae consigo la falta de estabilidad, ya que los contratos de alquiler son cada vez más precarios y los arrendadores tienen un poder desmesurado para fijar precios y condiciones. Los propietarios goza del descontrol y tienen carta blanca para subir los alquileres sin justificación, sin límites, y sin que las autoridades intervengan para proteger a los inquilinos.
LA COMPRA
La compra tiene la desventaja del acceso a la misma mediante la entrada, que requiere ahorro o progenitores acaudalados. Pero para aquellos que logran reunir lo suficiente para acceder a una vivienda en propiedad, la situación no mejora.
A pesar de que la tasa de interés puede parecer atractiva en el momento de la firma, el pago de la hipoteca puede convertirse en una condena económica que acaba por consumir los ahorros y la estabilidad financiera de las familias.
MEDIDAS PÚBLICAS
Detrás de esta crisis también se encuentra la inacción durante décadas de los gobiernos de distinto color, que no han logrado implementar políticas públicas eficaces para frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda.
La intervención estatal se limita en muchos casos a medidas que no abordan el problema de fondo. Los gobiernos, en lugar de diseñar políticas que favorezcan el acceso a viviendas dignas, se han mostrado más dispuestos a apoyar a los grandes propietarios y constructores, que continúan viendo el mercado inmobiliario como una fuente interminable de ganancias.
