El Gobierno parece atreverse al fin a zambullirse en la jungla en la que se ha convertido el mercado de la vivienda y prueba de ello es la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de abrir un expediente a Alquiler Seguro por imponer a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo cual contraviene la Ley por el Derecho a la Vivienda que la compañía tanto criticó.
El emporio creado en 2007 por Antonio Carroza cuenta con más de 50 oficinas en el Estado, superó los 40 millones de facturación en 2023 y, según denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, «exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino que se quedaba la propia empresa».
«Del mismo modo, Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial», añade. «Las malas prácticas de Alquiler Seguro incluyen el cobro de hasta 200 € por visitar un piso, nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato, la exigencia de datos bancarios excesivos para ‘estudios de solvencia’, negativa a negociar las cláusulas del contrato y falta de transparencia respecto al mismo…», añaden.
El sindicato apela a todas los inquilinos que hayan sido «víctimas de las prácticas fraudulentas de Alquiler Seguro a organizarse en nuestro sindicato para reclamar sus derechos y exigir la devolución de todas las cantidades satisfechas en concepto de honorarios, seguros de hogar e impago, garantías adicionales y demás cláusulas abusivas».
Alquiler Seguro, según el sindicato, se sirve «de un marketing muy agresivo, centrado en los propietarios y su protección, mientras sangran a las inquilinas».
ALQUILER SEGURO SE DEFIENDE
Alquiler Seguro afirma que cumple «escrupulosamente con la Ley desde hace más de 17 años». «Todos los servicios y procesos que lleva a cabo la empresa están auditados y son voluntarios. Los servicios que Alquiler Seguro ofrece a propietarios e inquilinos son públicos y se pueden consultar abiertamente en la web de la compañía. Los gastos de gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador, como viene recogido en el contrato de prestación servicios», aseveran.
La empresa afirma que analizará la interpretación que hace Consumo de los servicios que ofrece, pero puntualiza que son «transparentes, públicos y voluntarios». Los propietarios e inquilinos con los que trabaja la empresa tan solo pagan por los servicios que desean contratar, añaden.
David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, afirma que están abiertos a colaborar con Consumo, «reiterando que se trata de un proceso que acaba de comenzar y no de una sanción firme. Analizaremos con detalle la propuesta del Ministerio para decidir si debemos introducir alguna modificación».
«En Alquiler Seguro cumplimos con la normativa a rajatabla. Si existe algún protocolo que deberíamos estudiar para adaptarlo a la interpretación que hace el Ministerio de Consumo estamos abiertos a analizar nuestros procesos, siempre con un ánimo de mejora», añade. El expediente sancionador que ha abierto Consumo se encuentra en una fase inicial, y la empresa está en trámites de alegación.
Cabe recordar que en el campo de la vivienda Consumo también ha abierto procedimientos sancionadores a importantes gestoras de alojamientos turísticos por prácticas potencialmente engañosas.
‘ALQUILER SEGURO PÚBLICO’
Pedro Sánchez anunció a inicios de año que el Gobierno de España la puesta en marcha una línea de avales para menores de 35 años y personas vulnerables que garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda.
Esta línea sufragará los daños causados en la finca por culpa del arrendatario y el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por los propietarios con vivienda cuyo precio no supere el índice estatal del alquiler.
En el plan de vivienda presentado por el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se contempla la puesta en marcha de seguro público de impagos al alquiler.
