Legalpin es una compañía gallega que se distingue por estar especializada en ofrecer comunicaciones digitales certificadas, a las que otorga plena seguridad jurídica, porque certifica a través de sus diversas soluciones qué se envía, a quién, cuándo y quién lo recibe sin ningún tipo de injerencia externa que pueda distorsionar la realidad. Lo interesante de sus soluciones es que son válidas para SMS, y correos electrónicos, pero mediante la certificación de estos, también para mensajería tipo WhatsApp o audios y llamadas grabadas. La entrada en vigor de la ley que pretende descongestionar los juzgados, va a hacer imprescindibles este tipo de documentos a partir del próximo 3 de abril.
Entre sus clientes se encuentran grandes compañías que necesitan cuidar sus comunicaciones digitales, como Telefónica, Real Madrid, Vitaldent o HM Hospitales. Pero otro gran nicho para su negocio, como no puede ser de otra manera, son los despachos de abogados que precisan certificar contenidos digitales como pruebas procesales, y ahí tienen como clientes a Legálitas o Gómez-Acebo y Pombo.
Su trabajo es certificar a través de distintas soluciones «qué se envía, a quién, cuándo y quién lo recibe sin ningún tipo de injerencia externa que pueda distorsionar la realidad»
Su trabajo es certificar a través de distintas soluciones «qué se envía, a quién, cuándo y quién lo recibe sin ningún tipo de injerencia externa que pueda distorsionar la realidad», lo que permite a las empresas y a los particulares también contar con la tranquilidad y la garantía de que todas la comunicaciones «efectuadas contra terceros ostentan absoluto respaldo legal», explican desde la compañía con sede en Pontevedra.
En efecto, su director general, Javier Meizoso, describe que ellos pueden conseguir «desde los clásicos SMS, hasta las versiones digitales de Burofax, denominados Buromail, y las facturas electrónicas, de obligado cumplimiento éstas a partir de julio de 2025 para todas las empresas y autónomos.
La revolución que ha introducido esta compañía ha sido la utilización del correo electrónico certificado, transformándolo en un canal de comunicación de plena seguridad. Meizoso destaca que este tipo de soluciones cuentan con el atractivo de «la sencillez de uso del Buromail y la seguridad que aporta al usuario. En Legalpin un Buromail es cualquier correo electrónico que ciframos, certificamos y lo enviamos a su destinatario, donde se descifra, cumpliendo con la normativa de la Ley de Protección de Datos y acreditando la entrega y apertura (lectura) del correo».
Utilizan para ello determinada tecnología de cifrado, que permite que el contenido de cada mensaje sea cifrado en su entrada, haciendo imposible que pueda ser desvirtuado en su camino hacia el buzón del destinatario. De manera cifrada se recoge quién y cuándo lo envía y cuándo y quién lo recibe, así como la IP y navegador del receptor.
Y para ello no hace falta descargarse ningún software adicional. El usuario sólo tiene que enviar su mensaje tanto al destinatario como a una dirección de correo electrónico de Legalpin. Esto ofrece la consiguiente garantía en materia de tratamiento de datos. Según indica su director general, «trabajamos todo en cloud, y quedan todas las comunicaciones cifradas y certificadas. Además, los usuarios pueden crear carpetas y organizar todos los documentos sensibles que quieran almacenar de manera cifrada con total seguridad«.
La compañía emplea tecnología SSL/TLS, protocolos criptográficos que garantizan la seguridad de la comunicación en Internet mediante el cifrado de los datos. De este modo, las comunicaciones cifradas por la empresa garantizan una comunicación 100% segura, con tres premisas imprescindibles: «No son repudiables, ya que un usuario que ha hecho/dicho algo, no pueda a posteriori decir que no lo ha hecho/dicho. Garantiza su integridad, puesto que «se asegura que el mensaje que el emisor ha querido transmitir llegue inalterado al receptor, y también la autenticidad, porque las identidades de ambos extremos (emisor y receptor) están debidamente identificadas», indica Meizoso.
LEGALPIN Y LAS PRUEBAS PROCESALES
Una de las facetas más interesantes de este trabajo con los mensajes digitales es que pueden servir como pruebas procesales. Debido al inmenso atasco que la Justicia por la proliferación de demandas civiles y mercantiles, a partir del este próximo 3 de abril entrará en vigor la nueva Ley Orgánica 1/2025, por la que antes de interponer una demanda, y para que se admita a trámite, hay que demostrar que se ha intentado resolver el litigio mediante un intento de mediación con la otra parte.
«Esto implica que a partir de ahora nadie podrá ir directo a un juzgado a interponer una demanda sin haber pasado de manera previa por ese intento. Para ello, el demandante tendrá que presentar pruebas como actas, certificados, correos electrónicos o mensajes, y nuestras soluciones son idóneas para ratificar que ha puesto todos los medios necesarios a su alcance», explica el abogado especializado de Legalpin, Nicolas Senderowicz. En caso de no presentar alguna de estas evidencias, el juez podrá inadmitir la demanda de entrada según el artículo 399.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualizado por esta nueva norma.
a partir de ahora nadie podrá ir directo a un juzgado a interponer una demanda sin haber pasado de manera previa por ese intento. Para ello, el demandante tendrá que presentar pruebas como actas, certificados, correos electrónicos o mensajes, y nuestras soluciones son idóneas
El objetivo de esta nueva ley es doble: descongestionar los tribunales y fomentar que las partes alcancen acuerdos sin tener que llegar a pleitos extremadamente largos y costosos. En este sentido las soluciones de Legalpin «se erigen como una poderosa herramienta para abogados, departamentos legales y de Recursos Humanos de empresas y agencias de recobro», nos indica sus responsables.
CÓMO CERTIFICAR WHATSAPP Y AUDIOS
En el derecho procesal, «tanto el e-mail certificado, como el SMS certificado, en este caso de Legalpin, lo que hacemos como tercero de confianza oficial acreditado en el Ministerio de Industria es ‘dar fe’ de que A ha enviado a B una comunicación con X escrito. Así, damos fe del contenido y de la veracidad de este«, explica su director general.
Así, una vez se puede acreditar que la captura de un mensaje de WhatsApp, o un audio, por ejemplo, que A se la ha enviado a B, eso no da veracidad al contenido, porque aunque se envíe por mail, es captura puede ser falsa. A la pregunta de si sirve no obstante como prueba, desde la empresa nos indican que el simple certificado de Legalpin, en ese caso, no va a servir. Sin embargo, en términos legales, y en la legalidad procesal, cualquier comunicación que se intercambie con un abogado por medio de un mail certificado por esta compañía, valdría.
Así, para conseguir que mensajes de redes como WhastApp, o audios incluso de conversaciones grabadas, se puede envía un mail certificado normal, utilizando los servicios de estos «terceros», «cuando la otra persona no sabe que se trata de un mensaje certificado, y en ese mensaje se incluye como contenido la captura de pantalla o el audio de sonido de una conversación, diciendo a la otra persona algo así como ‘esto que me dijiste es intolerable’ o un texto alusivo a ese contenido».
De esta manera, en el momento en el que la otra persona conteste a ese mail y sigue el hilo de la conversación, y confirma mediante la respuesta que si es el interlocutor de esos WhatsApp o audios, la presentación del mail certificado ya serviría como prueba de lo que realmente pasó en esas conversaciones, y la contestación como prueba de la veracidad del documento que hay dentro.
se puede envía un mail certificado normal, utilizando los servicios de estos «terceros», «cuando la otra persona no sabe que se trata de un mensaje certificado, y en ese mensaje se incluye como contenido la captura de pantalla o el audio de sonido de una conversación
En el día a día en procesal, cuando se presentan este tipo de certificados como prueba de comunicación, los jueces los suelen ver y dar todo el contenido por bueno «a no ser que el abogado de la otra parte impugne la prueba» lo que ocurre en un pequeño porcentaje de casos, porque al existir un tercero de confianza oficial, los abogados y los jueces ya conocen este tipo de certificados, que ofrecen garantías como la inalterabilidad, etc., «y no suelen entrar en el pequeño detalle de este tipo de pruebas«.
Si alguien impugnase un certificado de Legalpin con este tipo de pruebas «porque dice que la captura de WhatsApp es falsa, por ejemplo», el juez pediría a esta empresa especializada una pericial, con el que sus profesionales demostrarían al juez la veracidad del contenido y el continente de los mensajes, «y después pediría una pericial técnica sobre el móvil de la persona para que demuestre que esos mensajes se produjeron. Con ambas periciales confirmadas, la prueba va a valer».
