Todas las miradas en el ámbito mediático están fijadas en el Grupo Prisa que preside Joseph Oughourlian, que ha impulsado una ampliación de capital de 40 millones de euros y está maniobrando para llegar a la Junta General de Accionistas de junio en el cargo a pesar de los deseos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Clave en estos meses de conspiración será el controvertido y ultraconservador empresario francés Vicent Bolloré, que controla el 11,795% de Prisa a través de Vivendi y no lo hace al 29,95% porque en 2021 La Moncloa desconfió y se lo impidió.
Mucho se habla de la cuenta publicitaria de Telefónica que podría perder Havas Media, propiedad de Vivendi, pero la compañía francesa también puede sufrir en Radio Televisión Española si no se pliega a los intereses gubernamentales.
Buena parte de la facturación anual de Bambú Producciones que dirige Ramón Campos y es propiedad de Vivendi depende de la Corporación pública, que emite cada tarde sus seriales ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’.
El grupo francés también participa en el accionariado de Banijay, que es propiedad de Shine Iberia. Esta productora dirigida por Macarena Rey cuenta con RTVE como su principal cliente gracias a las diversas versiones de ‘MasterChef’ y a otros proyectos como ‘Maestros de la Costura Celebrity’.
NUEVO ESCÁNDALO DE DOÑA LETIZIA
La prensa cortesana española mira cabizbaja ante el último ataque liberticida de la mujer del Estado, Letizia Ortiz. La periodista (en casa de herrero, cuchillo de palo) combina su obsesión con su imagen con el intento de control de los medios de comunicación.
En los últimos años la excopresentadora de los polémicos informativos que dirigía Alfredo Urdaci ha insultado a El Mundo («la mierda de LOC» dijo cuando se publicaron las fechorías de su ‘compi yogui’ Javier López Madrid), ha maniobrado para atenuar el ruido sobre la innecesaria e histérica humillación a la que sometió su suegra a las puertas de la Catedral de Palma y movió sus hilos para que se cortasen informaciones sobre sus supuestas infidelidades con su cuñado Jaime del Burgo.
Tras poner en peligro la seguridad del Estado con su idea de pisar el barro en Paiporta, Ortiz ahora ha decidido que Zarzuela haga el ridículo y denuncie ante la Policía chilena la difusión de unas imágenes de su hija Leonor cuando se tomaba una cerveza en un centro comercial de la ciudad de Punta Arenas.
Ortiz se aferra a las mismas leyes que Zarzuela se salta cuando algunos de sus miembros de seguridad abordan a los paparazzis que siguen los pies a los Borbones, muy malacostumbrados con la heredera por la obscena ‘Leonormanía’ promovida por la prensa española.
¿Y la prensa republicana? En España no existe nada parecido a ello desde 1939.
EL LIBRO DE LA POLÉMICA
Desde hace años no generaba tanta controversia un libro autóctono. El autor del mismo es Luisgé Martín, que en ‘El odio’ recoge el testimonio de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por matar a sus dos hijos.
«Había pensado muchas veces en hacer ese viaje literario al corazón de un asesino, como habían hecho antes Truman Capote o Emmanuel Carrère, para conocer de cerca el filo oscuro que separa la bondad —o la vulgaridad— de la vileza», dice el colaborador de El País.
Un juez de Barcelona finalmente ha desestimado las medidas cautelares para paralizar la publicación de la obra solicitadas por la Fiscalía de Menores de Barcelona, que de forma involuntaria ha regalado una extraordinaria campaña publicitaria a la editorial Anagrama que fundó Jorge Herralde en 1969 y compró la italiana Feltrinellli en 2010. La madre de los niños, Ruth Ortiz, había pedido amparo a Fiscalía de Córdoba para que se paralizara su distribución.
Federico Jiménez Losantos asegura en El Mundo que «la víctima de Bretón, cuyo dolor aprovechan la editorial y el escriba, creyó que también ella tiene derechos, tal vez pensando en la ley que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de sus víctimas, y recurrió a la justicia para que prohibiera la circulación del libro. ¡Nunca lo hiciera! La flor y nata del periodismo ha salido en defensa de los derechos de Bretón, que por lo visto incluyen el de humillar continuamente a su víctima y hacer dinero explotando el morbo del asesino».
Pilar Álvarez dice en El País que «será un juez el que decida». Y añade: «Para mí lo esencial no es lo que pase con el libro. No se trata de censurarlo. La clave era haber tenido en cuenta durante el proceso que podía convertirse en la prolongación de un maltrato».
Álvarez pone en el foco en Martín y Anagrama: «Inexplicablemente, ni el autor ni la editorial contactaron en ningún momento con Ruth Ortiz para contarle lo que estaba haciendo».
