Donald Trump tiene el control de las instituciones políticas estadounidenses y no se detendrá ante nada a la hora de desarmar a sus adversarios políticos, como demuestra su último edicto sobre Venezuela. El inquilino de la Casa Blanca emitió el lunes una orden ejecutiva declarando que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela deberá pagar un arancel del 25% en sus intercambios comerciales con Estados Unidos.
El nuevo ataque económico contra el país sudamericano, informa Reuters, incluye también una medida paliativa para una de las empresas que más sufre los daños colaterales en esta guerra: Chevron. La administración Trump ha extendido el plazo para que la petrolera estadounidense reduzca sus operaciones en Venezuela.
La nueva política de Trump alivia parte de la presión sobre Chevron para salir rápidamente de Venezuela, después de que el pasado 4 marzo el Departamento del Tesoro de EEUU le diera 30 días para cesar sus operaciones. Trump había emitido la orden inicial de reducción de operaciones tras acusar al presidente Nicolás Maduro de no avanzar en reformas electorales y en el retorno de migrantes.
El Departamento del Tesoro anunció el lunes que esperará siete semanas más, hasta el 27 de mayo, antes de revocar la licencia otorgada a Chevron desde 2022 para operar en Venezuela, país sancionado, y exportar su petróleo a Estados Unidos.
La extensión para Chevron se anunció pocas horas después de que Trump diera a conocer el nuevo arancel, argumentando que Venezuela ha enviado a Estados Unidos a «decenas de miles» de personas con una «naturaleza muy violenta».
Ambas medidas ponen temporalmente la presión de Trump sobre los compradores de crudo venezolano que no sean Estados Unidos, como China y España, aunque aún no está claro cómo su administración hará cumplir el arancel.
TRUMP INTENSIFICA LA PRESIÓN SOBRE LOS ACTIVOS VENEZOLANOS DE REPSOL
Por supuesto que la gracia otorgada a Chevron no se extiende a otras grandes petroleras perjudicadas por el implacable bloqueo contra Venezuela, como la española Repsol. Los muchos huevos que la compañía dirigida por Josu Jon Imaz tiene en la cesta venezolana están en la cuerda floja desde que Trump llegó al poder.
Repsol llegó a Venezuela en 1993. En estas tres décadas, ha acumulado una fuerte cartera de activos en el país, llegando a emplear a 131 personas y gestionando importantes yacimientos de hidrocarburos, como el Proyecto Perla, Quiriquire Gas, Petroquiriquire (participada por Repsol en un 40%) y Petrocarabobo.
A este bagaje hay que sumar el último gran avance de la energética dirigida por Josu Jon Imaz en la región: el mismo día de la reanudación de las sanciones llegó a un acuerdo con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) para ampliar el área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquire. Con este negocio, Repsol calcula que su producción en el país se duplicará, hasta llegar a los 20.000 barriles de crudo al día.
Repsol ‘salvó los muebles’ sobre la bocina en mayo del año pasado, cuando la Administración estadounidense decidió estudiar cada paso particular, extendiendo la validez de su licencia en Venezuela
A través de las licencias, EEUU puede imponer restricciones que limiten actividades clave como la exploración, producción o comercialización de petróleo y gas, afectando directamente la capacidad operativa de Repsol.
Repsol ‘salvó los muebles’ sobre la bocina en mayo del año pasado. El Ejecutivo de Joe Biden decidió reanudar las sanciones contra Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes opositores a Maduro, lo que dejaba en el aire el permiso de explotación que disfrutaba la petrolera española. Finalmente, la Administración estadounidense decidió estudiar cada paso particular, extendiendo la validez de la licencia.
JUEGOS POLÍTICOS CON EL PETRÓLEO DE FONDO
«La administración de EE.UU. ha abusado durante mucho tiempo de sanciones unilaterales ilegales y de su llamada jurisdicción extraterritorial para interferir gravemente en los asuntos internos de otros países» -dijo el martes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China- «China se opone firmemente a esto».
David Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies, afirmó en declaraciones a Reuters que estas medidas permiten un compromiso entre los sectores de la administración de Trump que temían expulsar a las empresas occidentales de Venezuela y aquellos, como el secretario de Estado Marco Rubio, que buscan evitar el fortalecimiento del gobierno de Maduro.
«Esto podría representar un punto intermedio que satisfaga a ambos sectores», interpretó Goldwyn.
