Los mismos medios de comunicación que han dado bombo a un controvertido informe del Observatorio del Alquiler que dice que Cataluña ha perdido un 26% de su oferta de alquiler en el último año por aplicar la Ley de Vivienda ahora callan tras conocerse los datos oficiales que evidencian que la oferta se ha elevado y los precios se han contraído en el noreste de la península.
La vicepresidenta y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra Begoña Alfaro ya pronosticó hace unos meses en MERCA2.es que los barruntos apocalípticos sobre la Ley de Vivienda iban a ser igual de fallidos a cuando algunos pronosticaron que el paro se iba a disparar si se subía el Salario Mínimo Interprofesional.
La Ley de Vivienda contempla la contención de la subidas del precio del alquiler, tal y como han apostado en Cataluña, Euskadi y Navarra. Por contra, las regiones controladas por el Partido Popular, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, se han negado siquiera a contemplarlo.
Fuentes de Génova 13 señalan que los datos de Cataluña no implicarán un cambio en la negativa del PP a aplicar la Ley. La única región ‘popular’ en la que se ha estudiado poner en marcha la norma es en Galicia, pero por ahora no han dado el paso.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez dice que «a los pregoneros del apocalipsis hoy les decimos que es posible intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios y mantener la estabilidad de los inquilinos al tiempo que trabajamos por una mayor oferta hasta conseguir que todo el mundo pueda acceder a una vivienda a precio asequible».
Rodríguez estuvo acompañada por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a la hora de presentar el pasado viernes el balance de la aplicación en Cataluña de las primeras zonas de mercado tensionado, recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
El Tribunal Constitucional ha avalado el contenido de la norma pese al recurso del Partido Popular. «Apelo al PP a que mandate a todas las instituciones en las que gobierna a cumplir y aplicar de pe a pa la Ley de Vivienda; igual que sucede en Barcelona, en Madrid también puede bajar el precio del alquiler», añadió.
DATOS
Los 140 municipios declarados zonas de mercado tensionado han rebajado en un 3,7% el precio de sus alquileres residenciales, mientras que en el total de Cataluña esa rebaja es del 3,3%. El caso de Barcelona es altamente significativo, puesto que en el último año sus alquileres son un 6,4% más baratos.
Al mismo, tiempo la oferta no se reduce: los datos de 2024 respecto a 2023 arrojan 17.000 viviendas en alquiler más en Cataluña y 3.000 solo en Barcelona. La ministra también ha subrayado la estabilidad de los inquilinos como uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda y ha apelado a los propietarios a rebajar un 5% sus alquileres para deducirse hasta el 90% en la declaración del IRPF.
Rodríguez aplaudió «la valentía» del Govern de la Generalitat a la hora de usar las herramientas que el Gobierno puso a su disposición para atajar el problema de la vivienda y ha puesto en valor la transparencia de la Generalitat a la hora de hacer públicos los datos en torno al funcionamiento de la Ley de Vivienda.
SÁNCHEZ SACA PECHO
Pedro Sánchez asistió este lunes en Sevilla a la entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible, financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Junta de Andalucía.
El presidente del Gobierno instó a las administraciones públicas a que apliquen la Ley de Vivienda «porque funciona». «En contra de lo que vaticinaron algunos, no sólo hay más pisos en alquiler, sino que los contratos son más estables porque desaparecen los incentivos más perversos», añadió.
Ante el presidente andaluz Juanma Moreno, que tampoco posibilita que se aplique la Ley en ciudades tensionadas como Málaga o Sevilla, recordó que el Ejecutivo estatal ha multiplicado por ocho el presupuesto en políticas de vivienda.
Pese al éxito en Cataluña, el Gobierno sigue mostrándose perezoso a la hora de cumplir la mayoría de sus promesas en materia de vivienda y a atreverse a poner coto a los pisos turísticos.
