Las calles y carreteras españolas están vigiladas por cientos de radares que controlan la velocidad de los conductores para garantizar la seguridad vial, pero no todos tienen la misma efectividad ni generan el mismo número de sanciones. Madrid alberga actualmente el dispositivo que ostenta el dudoso honor de ser el radar que más multas impone en todo el territorio nacional, un aparato que ha provocado quebraderos de cabeza a miles de conductores y ha llenado las arcas municipales con millones de euros en sanciones. Este cinemómetro, ubicado estratégicamente en el punto kilométrico 20,2 de la A-4, cerca de la zona de Mercamadrid, se ha convertido en el auténtico terror de los conductores que circulan por esta transitada vía.
El fenómeno de los radares «cazadores» no es nuevo en nuestro país, pero la efectividad del dispositivo madrileño ha alcanzado cotas sin precedentes en los últimos años. Los datos oficiales revelan cifras que resultan, cuanto menos, sorprendentes para cualquier conductor habitual de las carreteras españolas. No se trata únicamente de un mecanismo de control de velocidad, sino de un verdadero generador de sanciones que supera con creces a cualquier otro radar instalado en el resto de comunidades autónomas, incluidos aquellos ubicados en zonas tradicionalmente conflictivas como las grandes ciudades o las vías de alta ocupación en temporada vacacional.
4ENTRE LA SEGURIDAD Y LA CONTROVERSIA: EL DEBATE CIUDADANO
La presencia del radar más implacable de España en Madrid ha provocado reacciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad. Por un lado, algunos expertos en seguridad vial defienden la necesidad de controles estrictos de velocidad, especialmente en zonas con alta densidad de tráfico como la capital. Argumentan que la velocidad excesiva sigue siendo una de las principales causas de accidentes graves y que los radares, lejos de ser meros instrumentos recaudatorios, actúan como elementos disuasorios que salvan vidas en nuestras carreteras y contribuyen a crear una cultura de respeto a los límites establecidos.
En el extremo opuesto se sitúan quienes consideran que la ubicación específica de este radar madrileño responde más a criterios económicos que de seguridad. Asociaciones de conductores han solicitado en repetidas ocasiones una revisión de su emplazamiento y una mayor transparencia en los criterios utilizados para su instalación. El debate se extiende también al ámbito político, donde diferentes formaciones han utilizado este tema como argumento en sus discursos sobre movilidad y gestión municipal. La controversia ha llegado incluso a los tribunales con recursos presentados por conductores que consideran que existe una falta de señalización adecuada antes de llegar al punto donde se sitúa el radar, aunque la mayoría de estas reclamaciones han sido desestimadas por la justicia.
