Las calles y carreteras españolas están vigiladas por cientos de radares que controlan la velocidad de los conductores para garantizar la seguridad vial, pero no todos tienen la misma efectividad ni generan el mismo número de sanciones. Madrid alberga actualmente el dispositivo que ostenta el dudoso honor de ser el radar que más multas impone en todo el territorio nacional, un aparato que ha provocado quebraderos de cabeza a miles de conductores y ha llenado las arcas municipales con millones de euros en sanciones. Este cinemómetro, ubicado estratégicamente en el punto kilométrico 20,2 de la A-4, cerca de la zona de Mercamadrid, se ha convertido en el auténtico terror de los conductores que circulan por esta transitada vía.
El fenómeno de los radares «cazadores» no es nuevo en nuestro país, pero la efectividad del dispositivo madrileño ha alcanzado cotas sin precedentes en los últimos años. Los datos oficiales revelan cifras que resultan, cuanto menos, sorprendentes para cualquier conductor habitual de las carreteras españolas. No se trata únicamente de un mecanismo de control de velocidad, sino de un verdadero generador de sanciones que supera con creces a cualquier otro radar instalado en el resto de comunidades autónomas, incluidos aquellos ubicados en zonas tradicionalmente conflictivas como las grandes ciudades o las vías de alta ocupación en temporada vacacional.
3LA MÁQUINA DE HACER DINERO EN LA CARRETERA MADRILEÑA
El aspecto económico de este fenómeno no puede pasar desapercibido. Si hacemos un simple cálculo considerando una sanción media de 100 euros por exceso de velocidad leve, el radar del kilómetro 20,2 de Madrid generaría más de 7 millones de euros anuales para las arcas públicas. Una cifra que se incrementa sustancialmente si tenemos en cuenta que muchas de las infracciones detectadas corresponden a excesos de velocidad graves o muy graves, cuyos importes pueden ascender a varios cientos de euros y acarrear además la pérdida de puntos en el carnet de conducir, con todo lo que ello implica para los afectados.
La recaudación derivada de este radar específico ha generado un intenso debate entre los madrileños y visitantes que utilizan regularmente esta vía. Muchos conductores consideran que se trata de una medida principalmente recaudatoria y no tanto enfocada a la seguridad vial. Las asociaciones de automovilistas han denunciado en repetidas ocasiones que la ubicación de este dispositivo parece diseñada para maximizar el número de sanciones. Las autoridades de tráfico defienden su instalación argumentando que los radares se colocan en puntos con alta siniestralidad o riesgo potencial, aunque los datos sobre accidentes en este tramo concreto de Madrid no parecen justificar completamente su extraordinaria efectividad sancionadora.
