La rapidez en la notificación de sanciones de tráfico se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los conductores españoles en los últimos meses. Pere Navarro, al frente de la Dirección General de Tráfico, ha confirmado recientemente que el tiempo medio de llegada de una multa oscila entre dos y siete días, un plazo que ha generado sorpresa entre muchos usuarios de las vías. Esta agilidad en el sistema sancionador responde a la modernización tecnológica implementada por la DGT durante los últimos años, permitiendo que las infracciones sean procesadas y notificadas con una celeridad sin precedentes en la historia de la administración española.
El nuevo sistema digital de tramitación de multas ha supuesto un antes y un después en la relación entre los conductores y la administración. Los tiempos en los que una sanción podía tardar semanas o incluso meses en llegar al domicilio del infractor han quedado definitivamente atrás, dando paso a un procedimiento mucho más eficiente y transparente. La implementación de radares conectados en tiempo real, cámaras de control de acceso a zonas restringidas y agentes equipados con dispositivos móviles de última generación, ha revolucionado completamente el proceso sancionador en España, situándolo entre los más avanzados de Europa según diversos estudios comparativos realizados por organismos independientes.
4IMPLICACIONES LEGALES DE LA NOTIFICACIÓN RÁPIDA
La celeridad en la llegada de las sanciones tiene importantes consecuencias jurídicas para los conductores españoles. Uno de los aspectos más relevantes es la posibilidad de acogerse al pago voluntario con reducción del 50% del importe, beneficio que tiene un plazo limitado desde la notificación oficial. Pere Navarro ha insistido en numerosas ocasiones que esta rapidez beneficia al ciudadano, permitiéndole resolver cuanto antes su situación administrativa y beneficiarse de las reducciones previstas por pronto pago. Los expertos en derecho administrativo, consultados sobre las garantías jurídicas del nuevo sistema de notificaciones rápidas, coinciden en señalar que la agilidad no menoscaba los derechos del administrado, siempre que se mantengan intactos los plazos para alegaciones y recursos.
El otro aspecto fundamental es la prescripción de las infracciones, que comienza a contar desde el momento de los hechos hasta la notificación al presunto infractor. Con el nuevo sistema, prácticamente se elimina el riesgo de prescripción para las infracciones leves y graves, que prescriben a los tres y seis meses respectivamente. Los datos oficiales proporcionados por la DGT confirman que actualmente menos del 0,5% de las sanciones quedan sin efecto por prescripción, frente al 12% que se registraba hace apenas una década. Pere Navarro ha valorado estos resultados como un éxito de la administración, señalando el importante ahorro económico que supone para las arcas públicas, estimado en varios millones de euros anuales que antes se perdían por defectos en la tramitación.
