Cataluña sigue siendo el principal campo de batalla del sector del transporte por conductores. La Generalitat se ha puesto abiertamente del lado de los taxistas e incluso antes de la aprobación de la nueva ley de transporte, los conductores de Uber, Cabify o Bolt ya han asegurado que la policía y el Gobierno son más estrictos con ellos que con el sector del taxi, lo que ha generado que hagan lo posible para esquivar los puntos de control con tal de evitar sanciones y, sobre todo, las inmovilizaciones de los vehículos que se han vuelto un castigo cada vez más común.
Es un problema que afecta sobre todo a los trabajadores. Es cierto que también afecta a la patronal del sector y a las plataformas, pero en la práctica, incluso si están contratados con un sueldo fijo, los conductores de las VTC siguen dependiendo de su facturación para alcanzar los bonos de ingresos con los que cuentan a fin de mes, y para mejorar sus opciones de conseguir los viajes más rentables a través de la aplicación, pues esta toma en cuenta la cantidad de viajes y la clasificación que los usuarios dan a cada uno de ellos.
En esta situación es de esperarse que quieran evitar la presión de los policías. Aunque las condiciones de contrato hacen que los conductores de Uber, Cabify o Bolt esquiven, al menos en la mayoría de los casos, no enfrentan los riesgos de los riders que en muchos casos están indocumentados, un problema derivado de la decisión del delivery de seguir trabajando con autónomos mientras las VTC han contratado flotas de conductores.
A esto se suma que un vehículo que sea inmovilizado por la policía es un castigo a largo plazo también para las plataformas. La posibilidad de tener un coche estacionado hasta pagar las sanciones es un problema difícil de ignorar, tanto por el dinero que pierden al reducir servicios como por aumentar la tensión entre los conductores de Uber, Cabify o Bolt, la Generalitat y los taxistas de la zona que se mantienen en pie de guerra contra el nuevo modelo de movilidad que presentan y que consideran explotador.
LA GUERRA ENTRE LAS VTC Y EL TAXI EN UN MOMENTO CANDENTE
La inminente aprobación de la nueva ley de transporte en la Generalitat, los problemas con su controvertida política de tarifas dinámicas y las nuevas controversias en Zaragoza han hecho de la confrontación entre las VTC y los taxistas una pieza permanente del nuevo panorama del transporte en el país. Es que además de la inevitable competencia para captar a los pasajeros, organizaciones del sector del taxi como Elite Taxi y Antaxi han definido este nuevo modelo como un peligro para su negocio y su forma de vida. En esa situación, cada Comunidad Autónoma ha actuado a su manera y la realidad de Madrid o Andalucía, por ejemplo, es muy distinta a la de Cataluña.
Aun así, incluso en esta situación, Uber, Cabify y Bolt siguen considerando que España es un mercado clave para su futuro europeo. Lo cierto es que el ser un país turístico, y un puerto de entrada al resto del continente, hace de España un caramelo para cualquiera de estas plataformas. En cualquier caso, el choque entre ambas partes no parece que vaya a cambiar, aunque sí se dibuja una realidad en la que las empresas del mundo de las VTC solo funcionan en algunas zonas puntuales de España.
De cualquier modo, la realidad del sector seguirá cambiando en el corto y medio plazo. Aunque ya no estamos hablando de un nuevo modelo de negocio que genera más pérdidas que ganancias, la realidad por mucho tiempo de las plataformas de la nueva movilidad, sigue siendo un modelo de negocio relativamente nuevo, y sigue siendo importante equilibrarlo con la buena salud del transporte público. Un reto complicado para las ciudades europeas.
LA LEY DE TRANSPORTE EN LA MIRA DE UBER, CABIFY Y BOLT
En cualquier caso, las VTC siguen protestando en contra de la ley de transporte que aprobará el Gobierno de Illa en las próximas semanas. A su entender, esto evitaría que siguieran operando en Cataluña, a pesar de las controversias, la segunda comunidad autónoma con mayor número de licencias de VTC, solo detrás de Madrid.
A esto se suma que consideran que esta medida va en contra de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha señalado que no se puede recortar el número de licencias de transporte solo con el objetivo de preservar el negocio de los taxis, lo que mantienen es el principal objetivo de la nueva ley. Por su lado los taxistas defienden hasta el día de hoy que esta reducción realmente busca reducir el tráfico y la contaminación en las grandes ciudades, algo que sí permite la sentencia del tribunal europeo.
