El aeropuerto de Barajas, una de las principales entradas internacionales al territorio español, se ha vuelto un problema en los últimos meses. Los tiempos de espera, los problemas con el ruido en las zonas cercanas y, sobre todo, el grupo de sin techo que se han instalado en el aeropuerto en los últimos meses, alrededor de 500, han puesto lo que debería ser la joya de la corona de AENA en el centro de varios reclamos y todo sin una solución evidente. Pero fuera del foco de los medios la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles tiene además varios problemas con sus trabajadores.
El más reciente de estos ha sido denunciado por la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes han informado a los medios que por la necesidad de contratar de forma apresurada un mayor número de trabajadores para seguridad no se han respetado los tiempos de antigüedad a la hora de definir los contratos. Según ha publicado el sindicato, los nuevos contratos pagan a los recién llegados, algo por lo que señalan a la empresa Sureste Seguridad, contratada para prestar los servicios de seguridad privada en el aeropuerto.
«Mientras las personas trabajadoras con más antigüedad soportan condiciones laborales exigentes —turnos interminables, riesgos inherentes a la seguridad aeroportuaria, etc.—, la Dirección opta por privilegiar a las y a los trabajadores recién llegados, ignorando la dedicación de quienes sostienen diariamente la operatividad del aeropuerto», escriben desde el sindicato sobre situación.
No es el único problema reciente del sindicato con el aeropuerto en los últimos meses. El año pasado protestaron por la falta de personal para algunas funciones claves del aeropuerto, incluyendo la revisión previa de los pasajeros y la limpieza. Esto sin contar con los problemas que esto ha generado en cuanto a la limpieza del propio aeropuerto. Es una suma de problemas de la primera imagen que da España a la mayoría de los turistas que llegan al país.
Pero además, desde el sindicato se señala que estos nuevos contratos hacen que sea más complicada la retención de trabajadores. «Esta decisión no sólo desincentiva a la plantilla histórica, sino que agrava el malestar laboral. La Sección Sindical de FeSMC-UGT ha solicitado por escrito información detallada sobre los criterios de esta medida y su financiación, exigiendo transparencia. Sin embargo, la empresa se ha negado a facilitar dichos datos, incurriendo en opacidad y desprecio al diálogo social e impidiendo a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de UGT ejercer su labor de vigilancia, orientación y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización el trabajo, de conformidad con el estatuto de los trabajadores y demás legislación vigente».
AENA Y UGT TIENEN UNA RELACIÓN COMPLEJA
Como es normal en la relación de una empresa con el sindicato, la relación entre las dos partes no siempre es fácil. En este caso se suma además la presencia de una empresa intermediaria, una que también ha trabajado con otras instituciones públicas, tanto de España como de comunidades como la de Madrid. Esto ha resultado en varios conflictos y este simplemente es el más reciente de ellos.
En este caso se trata de una ofensiva judicial contra Sureste Seguridad, así lo informa la propia UGT. «Por este motivo, desde UGT ya hemos interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y otra denuncia de tutela, que está ya en el ámbito judicial, contra Sureste Seguridad, por una clara vulneración de un derecho fundamental. En el caso de que la justicia nos diera la razón, esta sentencia dificultará las posibilidades de la empresa para acceder a contratos de la administración pública», sentencia la organización en el texto.
En cualquier caso será interesante seguir de cerca la situación. Los problemas de Barajas están en la portada de los periódicos, y sumar un conflicto con los sindicatos no es una buena noticia para una de las principales ventanas españolas para el resto del mundo.
UN EFECTO DELICADO SOBRE SURESTE SEGURIDAD
En cualquier caso la situación de Sureste Seguridad puede ser delicada si la denuncia de UGT prospera. «Una empresa que no pueda contratar con la administración pública se enfrenta graves consecuencias: pérdida de oportunidades económicas, daño a su reputación y posible deterioro financiero. Esta restricción limita su crecimiento y afecta su capacidad para competir, impactando negativamente en su sostenibilidad y relaciones comerciales», explica el sindicato que también presenta una solución más que clara.
«Resulta inadmisible que se premie la contratación temporal mientras se margina a quienes han garantizado la seguridad en condiciones adversas durante años. Exigimos la retirada inmediata de esta política discriminatoria y la apertura de negociaciones para mejorar las condiciones de toda la plantilla, no solo de una minoría. Todos y todas las personas trabajadoras de Sureste Seguridad del aeropuerto deberían cobrar esos 400€», sentencia la propia UGT.
