El Ayuntamiento de Madrid reconoce que más del 98% de los pisos turísticos que operan en la ciudad lo hacen sin licencia, y pese a lo cual el consistorio no mueve ni un solo dedo para perseguir a estos negocios ilegales que rebajan la oferta del mercado del alquiler (y por lo tanto elevan sus precios).
Este es uno de los infinitos ejemplos de la dejación de funciones de las administraciones públicas en relación a la vivienda. El Estado, por su parte, tiene dificultades para reaccionar a las prácticas abusivas en el mercado inmobiliario y asiste inerte a la evolución del mercado.
En el año 2002 en España el 80,7% de las familias era propietaria de su vivienda y en 2022 la cifra se rebajó al 72,1%. según datos del Banco de España. Según datos de un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona: el 34,1% de los contratos de alquiler en Madrid y el 74,8% en Barcelona han estado se han realizado a través de inmobiliarias.
«Para defender a las consumidoras frente a las empresas en este contexto y representar sus intereses, CECU solicita la participación de los órganos de representación del movimiento de consumidores en la elaboración y seguimiento del plan», aseguran.
La mayor concentración en la propiedad de viviendas se evidencia en los datos del Registro de la propiedad, que que casi la mitad de las viviendas registradas entre 2008 y 2020 pertenecían a empresas con más de 8 inmuebles. El acceso a la vivienda se sitúa ya como la primera preocupación de la población española, según el barómetro del CIS de enero de 2025
COBROS ILEGALES
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha enviado sus aportaciones a la consulta pública previa a la elaboración del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. Este colectivo denuncia que, pese a lo que dice la Ley de Vivienda, los propietarios en muchos casos siguen cobrando los gastos de agencia a los inquilinos a través de subterfugios.
También recuerda CECU que el cobro de seguros de impago también se siguen cobrando pese a que ha sido anulado por una sentencia pionera en el Juzgado número siete de Primera Instancia de Parla. «Este tipo de prácticas dificultan el acceso a la vivienda puesto que obligan a las personas inquilinas a realizar desembolsos económicos excesivos lo que imposibilita el acceso a la vivienda ofertada», denuncian.
LAS AUTONOMÍAS DEBERÍAN SER CLAVES SEGÚN CECU
Entre las propuestas de CECU destacan que se persigan las prácticas de discriminación inmobiliaria a personas migrantes; dotar a las comunidades autónomas de partidas económicas para ejecutar ayudas que fomenten la rehabilitación de las viviendas más energéticamente ineficientes; o que se continúe con el programa de ayudas a entornos de rehabilitación preferente, principalmente de barrios vulnerables con el objetivo de originar procesos de renovación urbana.
El aumento del parque público de vivienda debería pasar, según el colectivo, por las ayudas económicas a aquellas comunidades autónomas que adquieran viviendas con la finalidad de aumentar el parque público priorizando la movilización de vivienda sin uso.
AHORRO ENERGÉTICO
Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el 80% de las viviendas y edificios de España tienen una calificación energética E, F o G, lo que no solo se traduce en una gran cantidad de emisiones de CO2 por parte del sector de la edificación, sino que también agrava la situación de pobreza energética en España y el impacto que tiene tanto en la economía de las familias como en su salud.
CECU solicita la movilización de fondos a las autonomías que fomenten la rehabilitación de las viviendas de las personas en situación de vulnerabilidad de manera prioritaria.
