Sando, la construcción de infraestructuras y gestora de servicios urbanos, fundada en 1974 por José Luis Sánchez Domínguez, y con sede en Málaga, está renegociando una deuda de más de 400 millones con los bancos acreedores; y puede acabar en manos de fondos extranjeros. La banca ante la incapacidad de la familia Sánchez Domínguez de cumplir con el servicio a la deuda, y comprobar su errante gestión, ha mandatado a Arcano para buscar alternativas ante la fecha límite del 31 de marzo.
No es la primera vez que Sando se enfrenta a situaciones financieras complejas, ya que en 2016 también estuvo en causa de disolución tras acumular pérdidas millonarias; en una época de máxima bonanza para todo su sector. Pero la refinanciación del principal de entonces pasó a 2017, y luego a finales del 2020; y ahora llega a su término a final de este mes.
Arcano está presionando a los bancos para que supuestamente acepten una quita del 40% y que la familia siga con el control y la gestión de la compañía. No obstante hay varios bancos minoritarios en el pool, que no entienden la negociación de Arcano y creen necesario apartar a la familia fundadora y darle paso a fondos solventes y expertos en reestructuraciones. La quita propuesta ronda el 40% con el argumento de mantener la sede de una de las principales constructoras de obra civil en Andalucía, pero fuentes de negociación comentan consideran incongruente el argumento y la quita.
Fuentes bancarias confirman que condonaciones de este tipo no deberían contemplarse para empresa como Sando, y en ningún caso para que la familia sigue al mando, cuando llevan más de 10 años arrastrando una deuda cada vez mayor. Continúan asegurando que el crédito de los Sánchez Domínguez es nulo, y ahora toca pasarlo a otros que den garantías a los bancos.
No ayuda a los bancos que los Sánchez Domínguez y Sando se hayan visto involucrados en supuesto casos de malas prácticas y corrupción como el caso Mercasevilla en 2009, donde José Luis Sánchez Domínguez fue imputado en el caso Mercasevilla, relacionado con la venta presuntamente fraudulenta de terrenos de la empresa municipal sevillana; el «Caso Bárcenas» en 2013, donde también Sánchez Domínguez apareció en la contabilidad secreta atribuida al extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, como uno de los principales donantes del partido, supuestamente aportando 1,25 millones de euros; o el «Corrupción en el Puerto de Málaga» en 2023, donde el Tribunal Supremo confirmó la existencia de una trama de corrupción relacionada con la construcción de un nuevo muelle para cruceros en el puerto de Málaga. Se probó un «acuerdo ilícito» entre dos altos funcionarios de la Autoridad Portuaria de Málaga y la empresa adjudicataria de los trabajos, Sando, lo que supuso un perjuicio para los fondos públicos.
