El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha provocado un gran revuelo en el sector de infraestructuras y gestión de residuos. La resolución anula el procedimiento de licitación para la construcción y explotación del complejo ambiental de Colmenar Viejo, un contrato valorado en más de 1.000 millones de euros, debido a errores graves en la configuración de los pliegos y su sistema de evaluación.
El Tribunal considera que los criterios de valoración incluían un apartado de mejoras ambientales que, de manera indebida, abordaba aspectos que no competen a la Mancomunidad del Noroeste, sino a la Comunidad de Madrid, lo que vicia el proceso de adjudicación desde su origen.
Además, la consultora privada EGUESAN S.L., encargada de la valoración de las ofertas con un contrato de apenas 3.000 euros, ha sido señalada como la responsable del entuerto burocrático que obliga ahora a reiniciar el procedimiento. La ingenieria canaria, conocida en el sector por proyectos de esta índole, generó dudas sobre su papel en la licitación, que terminó siendo anulada en su última fase.
Impacto en el sector y retrasos en soluciones medioambientales
La resolución afecta a todas las empresas participantes en el concurso, incluida la ganadora, que había sido pre adjudicataria, y a Acciona, que quedó en segundo lugar tras gestionar la infraestructura durante más de 20 años. Como dato curioso, PreZero fue descalificada por errores graves en su oferta.
El presidente de la Mancomunidad del Noroeste, Carlos Blázquez, ha insistido en que el objetivo de la entidad es “preservar nuestro entorno y conseguir que el ‘residuo cero’ y la separación de residuos en origen sean una realidad”. Sin embargo, esta anulación supone un duro golpe para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos en materia de gestión de residuos, generando incertidumbre sobre la capacidad de las administraciones locales y sus consultoras para manejar licitaciones de gran envergadura.
Ahora, la Mancomunidad afronta corregir los errores y garantizar que el nuevo proceso de adjudicación cumpla con la normativa vigente. Mientras tanto, la demora en la construcción del complejo ambiental retrasa la implementación de soluciones sostenibles para la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid.
