Las instituciones públicas españolas se han desperezado en el ámbito de la vivienda tras décadas de inacción y algunas de las mismas tiran de ingenio para construir: el Ayuntamiento de Madrid ha realizado una modificación urbanística para que se levanten 1.400 viviendas (490 de las mismas con algún tipo de protección pública) sobre los terrenos de la antigua fábrica vallecana de Tubos Borondo; y el Gobierno Vasco impulsará una promoción de 400 viviendas en los terrenos de la antigua cárcel del barrio donostiarra de Martutene que han sido cedidos por el Gobierno de España.
En ambos proyectos se barrunta cierto consenso social en su favor, lo cual no se da el caso del ‘ecodistrito’ anunciado el pasado martes por el Ayuntamiento de San Cugat del Vallès (Barcelona). El municipio regido por Josep Maria Vallès (Junts per Catalunya) ha proyectado un plan plan urbanístico que contempla la construcción de 3.000 viviendas sobre suelo público.
El edil y nuevo responsable de Política Municipal de la formación postconvergente explica que lo que él considera ecodistrito’ (pese a que quiere cementar un espacio verde) pretende dar respuesta a la demanda habitacional en la ciudad vallesana, en la que viven casi 100.000 personas.
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El nuevo proyecto contempla la construcción de 3.000 viviendas en terrenos públicos sobre el antiguo campo de golf de Sant Joan, clausurado en 2018 por orden judicial a cuenta de las millonarias deudas que arrastraba la empresa gestora.
Del proyecto, 2.000 viviendas serán de VPO, en régimen de alquiler y tendrán rotaciones periódicas, y 1.000 en cesión de uso asequible a precio regulado que se incorporarán al patrimonio público una vez terminada la concesión.
«Las viviendas asequibles en cesión de uso, reguladas por las condiciones de la concesión del derecho de superficie, tendrán un coste muy inferior al valor del mercado», dicen desde el Ayuntamiento, que asegura que la zona contará con comercio, zonas verde y espacios de uso dotacional.
El alcalde asegura que pretende hacer crecer la ciudad «de forma ordenada y respetuosa con el paisaje» con estas viviendas que tendrían una planta baja más tres pisos superiores. Y para ello necesita el apoyo de la Generalitat de Catalunya, que este viernes recibió el proyecto y tendrá que pronunciarse sobre el mismo.
«DISPARATE»
El proyecto se edificaría en suelo de San Cugat del Vallès, pero esta urbanzación se encuentra más cercano al centro del municipio de Rubí. Su alcaldesa Ana María Martínez Martínez (PSC) se ha mostrado contraria al proyecto porque pone en riesgo el entorno natural del parque de Ca n’Oriol.
El antiguo campo de golf abarca 81 hectáreas, de las cuales 16 pertenecen a Rubí, y desde 2019 se firmó un acuerdo entre los ayuntamientos y el organismo autonómico de suelo Institut Català del Sòl (INCASOL) para su renaturalización.
La Plataforma Reconvertimos el Campo de Golf de Can Sant Joan también está en contra de que esta zona se destine a uso urbano. Y En Comú Podem San Cugat califican de «greenwashigin’ (o ecopostureo) las promesas de Junts per Catalunya de edificar con materiales sostenibles, realizar bajas emisiones y reciclar los residuos de obra para conseguir una huella de carbono cero.
ENFADO EN RUBÍ
La alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Martínez ha recordado que este espacio es parte del conector biológico entre la Sierra de Collserola y el espacio natural de Sant Llorenç del Munt y el Oba, y que ambas administraciones municipales habían acordado con el Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) renaturalizar esta zona y convertirla en un espacio abierto a la ciudadanía.
La edil se opone al proyecto sin ambages: «Nos encontramos ante una nueva ocurrencia del Ayuntamiento de Sant Cugat aprovechando, con mala intención, la necesidad importantísima de vivienda pública en toda Cataluña y que supone un ataque directo al parque de Ca n’Oriol y a la ciudad de Rubí. Y eso no lo vamos a consentir».
«En Rubí nos oponemos y rechazamos de manera clara y directa este proyecto de 3.000 viviendas, que ataca un espacio que hemos trabajado duro para mejorar y preservar y que es el gran pulmón verde de nuestra ciudad».
El tercer teniente de Alcaldía, Andrés Medrano Muñoz, tilda la propuesta de Sant Cugat de «burla, disparate y engaño» y lamenta que «se quiera pintar de gris esta vía verde del Vallès».
La construcción de estas 3.000 viviendas se traduciría «en unas 10.000 personas viviendo en esta zona, desconectadas del núcleo urbano de Sant Cugat y con unas cargas que deberíamos asumir los y las rubinenses, además de la movilidad generada y otras cuestiones colaterales», añade.
En sectores del PSC existe el temor a Junts per Catalunya utilice su fuerza negociadora con Pedro Sánchez o Salvador Illa para intentar sacar adelante el proyecto.
