La lucha de LaLiga contra la piratería, que le supone grandes pérdidas económicas, se enfrenta a derechos que conculcan tanto de las empresas afectadas por los bloqueos de páginas web inocentes como de los usuarios que utilizan las web piratas para ver el fútbol por su identificación mediante datos privados. Los juristas entienden que el tema es controvertido y no tiene una solución jurídica sencilla. Las webs afectadas por cortes del servicio que presta Cloudflare pueden pedir cuentas a las telecos que materializan los bloqueos. Y los internautas que se conectan a las web piratas, a los que LaLiga reclama, pueden pedir cuentas porque su privacidad está siendo invadida.
La Liga es un organismo privado. Es una empresa. Por esa razón acude a los juzgados, porque la piratería está minando su negocio, ya que por cada visionado pirata pierde una audiencia que aporta valor a la enorme cantidad de dinero que las marcas de streaming (Movistar Plus, Orange, DAZN…) invierten. Telefónica (Movistar) paga 1.290 millones de euros por los derechos de emisión de cinco partidos por jornada de Primera División para el mercado residencial de pago en España por temporada, y tiene el acuerdo atado hasta 2027. Por los derechos de la Champions League paga 960 millones de euros.
«es obvio que se está mostrando como una medida absolutamente desproporcionada que afecta a empresas y usuarios legítimos y a sus derechos, de modo que no debe mantenerse en el tiempo»
LaLiga ha hecho ejercer su derecho, conseguido mediante una resolución judicial de 2022, tras la demanda que había presentado junto con Movistar Plus +, titular de los derechos de emisión del fútbol en España. En base al mismo ordenó el bloqueo de la IP de la plataforma DuckVision, que está alojada en el servicio de distribución de contenidos (CDN) de la empresa Cloudflare, donde esa misma IP aloja infinidad de páginas legales.
Así, durante la emisión del fútbol el pasado fin de semana, las telecos (Telefónica, Masorange, Vodafone, Digi, etcétera) efectuaron bloqueos que afectaron al funcionamiento de las web de organismos gubernamentales, bancos, empresas tecnológicas, medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo, como por ejemplo Microsoft, LaCaixa, Snapchat, Temu, Facua, la agencia EFE, Ifema, Fundéu, o Linkedin, aquí en España.
LALIGA Y SUS MEDIDAS ‘DESPROPORCIONADAS’
El viejo dicho «matar moscas a cañonazos» encaja perfectamente con lo ocurrido. Consultamos a expertos juristas en materia digital, y entienden que aquí va a haber problemas. Algunos, que prefieren no ser identificados, indican a MERCA2 que los perjuicios, incluso económicos, que han sufrido las entidades «legítimas» pueden terminar siendo reivindicados ante la Justicia, y esto puede ir contra LaLiga o contra las telecos, sobre todo Telefónica, que tiene interés e implicación porque ostenta los derechos de emisión y como teleco efectuó el bloqueo, así como el resto operadoras de internet que también tienen acuerdos con LaLiga para emitir encuentros de fútbol (liga hypermotion, por ejemplo).
El profesor universitario, experto en derecho tecnológico y digital, y director jurídico de Adequa, José Manuel Muñoz Vela, explica a MERCA2 que la actuación de LaLiga y las telecos «es obvio que se está mostrando como una medida absolutamente desproporcionada que afecta a empresas y usuarios legítimos y a sus derechos, de modo que no debe mantenerse en el tiempo». Y esto lo dice, lógicamente, «sin perjuicio del necesario respeto de las resoluciones administrativas y judiciales, sin perjuicio de las actuaciones que quepa articular conforme a Derecho frente a las mismas».
quizás la mejor solución para combatir y erradicar este tipo de conductas debería venir de un cambio de modelo más que a través de medidas desproporcionadas de filtrado indiscriminado que vulneran todo tipo de derechos
Para este jurista, el problema es que mientras esta medida y los requerimientos a las empresas de telecomunicaciones sigan vigentes, «éstas deben acatar las resoluciones judiciales en el modo y forma que la orden determine». No obstante, en su opinión, claramente, «quizás la mejor solución para combatir y erradicar este tipo de conductas debería venir de un cambio de modelo más que a través de medidas desproporcionadas de filtrado indiscriminado que vulneran todo tipo de derechos, incluidos algunos que pueden tener el rango de derecho fundamental o libertad pública».
Hay que tener en cuenta que el pasado año se emitió otro auto judicial en el mes de marzo, por el que un juzgado de Barcelona daba la razón a LaLiga y requería que las operadoras telecos faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, «únicamente de los ‘cardsharers’ que re difunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».
Este juzgado abrió la puerta a que LaLiga pudiera demandar a los usuarios individuales que consuman fútbol pirata a través de servicios IPTV, y ordenaba a cinco operadores (Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi) que aportasen dirección IP, nombre, apellidos del titular de la línea, DNI y dirección de la instalación de todos aquellos usuarios que se hayan conectado a alguno de esos servicios ilegales, porque se entendía que los usuarios de las IPTV tienen el «propósito de defraudar el pago de las cuotas que pagan los abonados, o en su defecto de enriquecerse captando de forma ilícita la señal para su posterior distribución».
por la actuación de laliga se ven afectadas grandes empresas. Esto, jurídicamente, puede que se dé la vuelta contra LaLiga y los operadores. Lo veremos partido a partido
Pero al final, los datos que llegaron hasta LaLiga no fueron solo de los ‘cardsharers’, sino también de usuarios normales que no tienen dinero para pagar los servicios de streaming y se conectan en su casa para ver el partido sin más (muchos universitarios y padres de familia), a los que el presidente de la patronal futbolística hizo llegar demandas de conciliación en las que pedía 450 euros por daños y perjuicios a los demandados por la monitorización de los clientes realizada por las operadoras.
El texto de la petición rezaba «se ha podido corroborar que desde su red de internet se han efectuado conexiones a una plataforma pirata desde la que se servía el acceso a los partidos de fútbol correspondientes a la Jornada (X) de LaLiga EA Sports y (X) de LaLiga Hypermotion…».
No hay obligación legal de pagar nada, porque LaLiga no es un organismo oficial y público con potestad para multar a nadie, salvo si demanda a cada internauta en un juzgado. Pero las dudas sobre los derechos de los usuarios, de sus clientes, en lo que se refiere a su privacidad, que las telecos han conculcado al filtrar información de conexiones, sin que haya una sentencia firme al respecto, se han quedado en el imaginario de los españoles. Y ahora, por una actuación similar, se ven afectadas grandes empresas. Esto, jurídicamente, puede que se dé la vuelta contra LaLiga y los operadores. Lo veremos partido a partido.
