El Gobierno y las telecos se han unido para frenar las estafas telefónicas. para ello, el Ejecutivo ha puesto un marcha un paquete de medidas recogidas en un Orden Ministerial que, con la ayuda de las operadoras de telefonía, pretende frenar y evitar hasta el 90% de las estafas telefónicas y mediante SMS que las y los ciudadanos sufrimos en nuestro país. Para ello ha elaborado un plan contra estafas con un paquete de cuatro medidas que evitarán disgustos producidos por las prácticas fraudulentas, como las que incitan a facilitar nuestros datos a los estafadores cuando creemos que son un empresa o institución real.
Tal y como ha anunciado el Secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Matías González Martín, España se pone en marca par frenar las estafas telefónicas mediante una Orden Ministerial que firmará hoy mismo el Ministro de Transformación Digital, Óscar López, y que entrará en vigor 20 días después de que se publique en unos días en el BOE, aunque algunas medidas, por cuestiones técnicas, estarán vigentes con plazos más extensos, «ya que requieren adaptaciones técnicas tanto por parte de las operadoras como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)«.
Se trata de una serie de medidas, consensuadas mediante una consulta pública, que están en línea con las implantadas en otros países como Finlandia, el primero en poner coto a las estafas a través del teléfono, Francia, Alemania y Bélgica, y que están ya estudiando otros Estados. Según González Martín, «no en todos los países se han adoptado unas medidas tan completas como las que vamos a adoptar aquí», pero algunas de las que se implantarán en España han sido ya reguladas en Francia, Alemania y Bélgica, «y los datos de impacto son muy positivos, con la eliminación de hasta el 90% de las estafas que se estaban produciendo».
las medidas están en línea con las implantadas en otros países como Finlandia, Francia, Alemania y Bélgica, con un impanto de eliminación del 90% de las estafas
Para su implantación, la colaboración directa y sin paliativos de las operadoras de telefonía (Telefónica, Masorange y todas sus marcas, Vodafone, Digi y el resto de telecos) es imperativa para técnicamente eliminar un «problema que ha crecido exponencialmente» y causan «importantes daños financieros y económicos a todos los sectores de la sociedad» incluidos los consumidores, las empresas y los organismos públicos, tal y como indican desde el ministerio.
El plan de cuatro medidas ‘antiestafas’ telefónicas establece unas restricciones a los operadores, que son los encargados de la gestión de la numeración que transita por las llamadas y los SMS, y también pone algunas limitaciones en el uso de las numeraciones que se pueden utilizar para realizar llamadas comerciales.
EL GOBIERNO, CON LA AYUDA DE LAS OPERADORAS
Tres de las medidas que incorpora la norma tienen una obligación directa para los operadores de telecomunicaciones en cuanto a la gestión de llamadas y números de teléfono. Desde el ministerio reconocen que para los operadores la norma y la obligación «supone un coste de adaptación» pero con las telecos se ha consensuado esta medida desde su planteamiento porque, aunque les suponga un trabajo y un coste adicional, «son una parte interesada porque también sufren de una manera muy notable el prejuicio de estas prácticas y de estas estafas, y tienen otros costes ocasionados por no evitarlas», según el secretario de Estado.
Los operadores son, en este caso, meros intermediarios, en ningún caso responsables de cualquier estafa. Sin embargo, si no cumplen con la diligencia debida a la hora de establecer los bloqueos de líneas telefónicas que indica esta normativa y que solo ellos pueden realizar, se exponen a sanciones de hasta dos millones de euros.
Para su implantación, la colaboración directa y sin paliativos de las operadoras de telefonía (Telefónica, Masorange y todas sus marcas, Vodafone, Digi y el resto de telecos) es imperativa
La primera de las medidas impone la obligación a los operadores de bloquear las llamadas y los SMS que se originen en su red con numeración que no haya sido atribuida, asignada o adjudicada, o aquellas llamadas o SMS que vengan sin numeración.
Se trata de aquellas llamadas o SMS que se emitan sin numeración o que no ha sido asignada a algún operador, o que no tiene un cliente final detrás. Los operadores nacionales estarán obligados a bloquear esas llamadas y mensajes ya desde 20 días después de que se publique la norma, porque «como no hay clientes reales detrás de esas numeraciones, esas numeraciones son claramente un indicio de que detrás hay alguien que está tratando de obtener una ventaja con esa suplantación de identidad», según el secretario de estado de telecomunicaciones.
El segundo bloque de medidas, «supone también una obligación para los operadores de telecomunicaciones y es bloquear las llamadas y SMS que se producen con origen internacional, que vienen por rutas internacionales, pero en cuyo campo de numeración originante se presenta un número nacional.
Serían ese tipo de llamadas que originariamente se generan desde Uganda, Francia o Rusia, pero que aparece con un 91, o 94, o cualquier prefijo español de teléfono fijo, y de móvil, con un 607 o 610, por ejemplo. «es un escenario también indicativo de que se está intentando manipular la identidad de algún cliente, de conseguir que el cliente llamado se sienta familiarizado con esa numeración de la que recibe la llamada, pero que la empresa o institución que la realiza no es española en absoluto».
En este caso González Martín ha señalado una excepción en los clientes en roaming, que viajan en cualquier país del mundo; esas numeraciones sí que tienen que permitirse». Este escenario se ha comprobado que es uno de los más utilizados por los estafadores para generar esta falsa confianza entre los y las ciudadanas. «Los delincuentes, en realidad, no están en España«, recuerdan desde el ministerio. Estas medidas requieren actuaciones técnicas más relevantes por parte de los operadores de telecomunicaciones, por lo que tienen un plazo de entrada en vigor de tres meses desde la aprobación de la norma.
MENSAJES CON NOMBRE Y LLAMADAS COMERCIALES
En tercer lugar se refiere a los SMS, y se fija en los casos en los que recibimos como clientes mensajes en los que en lugar de aparecernos un número móvil como origen aparece un código alfanumérico, es decir, una palabra representativa, como «Renta, Comunidad de Madrid, BBVA, Renfe, Correos…»que sustituye el número identificativo de esa comunicación por una etiqueta que facilita la identificación del organismo o de la entidad al usuario.
En este caso, el control de estas «etiquetas» recae sobre los operadores hasta su entrada en vigor, para evitar que estos escenarios de fraude, que haya empresas o personas malintencionadas que utilizan etiquetas con intención de confundir a la ciudadanía, (por ejemplo, que en vez de ‘Correos’ ponga ‘Correo’).
Después de 15 meses, se habrá creado de una base de datos por parte de la CNMC en la que cualquier entidad pública o privada que quiera utilizar estos códigos alfabéticos deberá estar registrada. Una vez establecido ese registro, «aquellos códigos que no estén registrados en esta base de datos tendrán que ser también bloqueados por los operadores». Esta medida es la que tiene un plazo de implementación más largo porque requiere unos trámites tanto técnicos como administrativos por parte de la CNMC, de los operadores y de las empresas y entidades públicas que quieran hacer uso de estos recursos.
se creará una base de datos por parte de la CNMC en la que cualquier entidad pública o privada que quiera utilizar códigos alfabéticos identificativos (como «correos» o «hacienda» o «movistar») para SMS deberá estar registrada
Con el cuarto conjunto de medidas se prohíbe la utilización de numeración móvil para la realización de estas llamadas comerciales, que entrará en vigor en tres meses para dar tiempo a las empresas que lo utilicen a cambiar la numeración o la línea. Dentro de este bloque, también se permitirá que los códigos de numeración telefónica gratuita para el cliente, (los números que empiezan con 900, 800) que hasta ahora solo se pueden ‘marcar’, en casos específicos en los que la empresa o el organismo público que tiene asignado uno de estos números y lo solicite, pueda emitir llamadas desde ese tipo de numeración. Esta medida entra en vigor en 20 días.
Con esta normativa se espera conseguir un impacto que llegue a frenar el 50% de todos los fraudes, que es el porcentaje de los que se cometen a través del teléfono y de mensajes, que han crecido en los últimos 8 o 10 años en más de un 500%, según informes policiales.
En cualquier caso, queda fuera la utilización fraudulenta a través de los chats con servicios de atención al cliente a través de WhatsApp y otras apps de mensajería instantáneas, que en principio no se regulan aquí, al igual que los servicios de chatbots. En la orden se recoge por el momento los casos de llamadas (voz) telefónicas y SMS, no las estafas que se dan a través de WhatsApp, aunque el Secretario de Estado tomó nota de la necesidad, ya que como argumentó, «la historia de las estafas a través de la tecnología es muy dinámica.
