La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que preside Miguel Ángel Feito, ex secretario de Estado con Felipe González, y dirige Esther Rodríguez Uceda, se enfrenta a una demanda por acciones de competencia desleal, por uno de sus últimos estudios sobre protectores solares, publicado en marzo de 2024.
La demanda, admitida a trámite por los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, según ha podido conocer MERCA2, también se refiere a estudios anteriores y denuncia una ‘persecución’ de la organización de consumidores contra la compañía ISDIN desde 2019 y la publicación de «informaciones engañosas» para los consumidores.
La multinacional dermocosmética argumenta y aporta numerosas evidencias en el escrito presentado en el Juzgado de prácticas «desleales de engaño y denigración». Como consecuencia de esas prácticas, ISDIN solicita en la demanda la declaración de «deslealtad de las conductas de la OCU» y que se la condene a cesar y abonar los daños y perjuicios causados, entre otras.
LA OCU HIZO CASO OMISO A LOS INFORMES DE ISDIN
ISDIN desgrana en su demanda cómo la OCU, pese a las reiteradas comunicaciones cruzadas, hizo caso omiso a los ensayos e informes que la demandante ponía a su disposición e incluso desoyó a la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, que en varias ocasiones desautorizó los estudios de la OCU y avaló los datos aportados por la empresa.
La campaña de la OCU ha generado un impacto muy negativo en el mercado para ISDIN y para el producto
La campaña de la OCU «ha generado un impacto muy negativo en el mercado para ISDIN y para el producto, máxime porque la OCU premeditadamente la publicó en unas fechas comercialmente cruciales para ISDIN, apenas días antes del inicio de Semana Santa, el primer periodo de ventas relevantes en el sector de la fotoprotección», según se desprende de la demanda admitida a trámite.
En el relato de la demanda, ISDIN señala que el estudio de la organización de consumidores presentaba «errores metodológicos graves». En su escrito, «las consideraciones realizadas por la OCU en la Campaña de Solares sobre el factor UVA-PF del Producto son falsas y denigratorias».
Según destaca la demanda, ello es especialmente grave para los consumidores, que se han visto expuestos a estudios publicados por la OCU con metodologías incorrectas y con criterios opacos, lo que debería ser contrario a la actuación de una organización supuestamente en defensa de los consumidores como la OCU.
LA OCU Y SU RAMA SOCIETARIA INTERNACIONAL
La insistencia de la OCU contra los productos de ISDIN también ha tenido una importante repercusión en el prestigio y reputación de la compañía a nivel europeo, en países como Bélgica, Portugal, Francia o Austria.
La OCU, según la demanda, «es una entidad de carácter privado que forma parte de un entramado societario internacional» con claro ánimo de lucro y con presencia en «paraísos» fiscales como Luxemburgo, Países Bajos o Hong Kong.
Fuentes jurídicas aseguran que esta demanda «promete» porque lo que hace la OCU con marcas, categorías y mercados es un secreto a voces, que la mayoría de las compañías no se atreven a demandar. En este sentido, «llevan años de impunidad», y transmitiendo información engañosa a los consumidores. Otras fuentes patronales, consideran un «hito» esta demanda contra la OCU, porque juegan la credibilidad de las marcas a su antojo, y este paso al frente y rotundo de ISDIN puede demostrar el camino a muchas otras compañías afectadas.
LA CREDIBILIDAD DE LA OCU, ANTE LA JUSTICIA
En los últimos años se han publicado diversas investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto el negocio millonario y el entramado de intereses de la OCU en España, y su dependencia mercantil de un holding internacional con fuertes vínculos en paraísos fiscales.
Un caso concreto es el del periodista David Placer fue demandado por la OCU y demostró la veracidad de sus acusaciones ante el juez. Y en España, la organización sin ánimo de lucro, FACUA, lleva años calificando a la OCU como una organización de consumidores fake, que persigue fines económicos; y el Ministerio de Consumo, en la época del ministro Garzón, supuestamente manejaba un informe para expulsarla del Consejo de Consumidores y Usuarios.
