Se avecina una combinación nociva para los activos venezolanos de Repsol: los claros tintes de ‘pucherazo’ en la renovación del mandato del presidente del país, Nicolás Maduro; los ataques de éste a opositores que cuentan con el apoyo incondicional de EEUU; y, por último, la cercana toma de posesión de Donald Trump como máximo mandatario estadounidense. Un cóctel explosivo para una empresa que opera en Venezuela bajo licencia de Washington.
El hecho es que, desde el pasado jueves, Nicolás Maduro ejerce la presidencia de facto del país sudamericano, entre acusaciones de usurpación y la condena mayoritaria de la comunidad internacional. Los detenidos en la represión posterior -que según algunas fuentes alcanzan la centena- incluyen personalidades como Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González, a su vez ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones del pasado julio. En total, la ONG Foro Penal estima en casi 1.700 los presos políticos en el país.
A Maduro no le tiembla el pulso a la hora de tensar lo que haga falta la cuerda que le sostiene en el poder. Sin embargo, pronto entrará en el corral un gallo de cuidado: el mismísimo Donald Trump, que el 20 de este mes será investido -por segunda vez en su carrera- como presidente de los EEUU. Es por todos conocido que el magnate apoya al 100% la causa de Edmundo González; y también que cualquier riesgo que no afecte a los intereses estadounidenses le importa entre poco y nada.
LA ACTIVIDAD DE REPSOL EN VENEZUELA, A EXPENSAS DE LOS VAIVENES POLÍTICOS
Esto deja en una situación complicada a Repsol, la más importante de las empresas españolas que operan en Venezuela.
La petrolera dirigida por Josu Jon Imaz llegó a Venezuela en 1993. En estas tres décadas, ha acumulado una fuerte cartera de activos en el país, llegando a emplear a 131 personas y gestionando importantes yacimientos de hidrocarburos, como el Proyecto Perla, Quiriquire Gas, Petroquiriquire (participada por Repsol en un 40%) y Petrocarabobo.
A este bagaje hay que sumar el último gran avance de la energética en el país caribeño: el año pasado llegó a un acuerdo con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) para ampliar el área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquire. Con este negocio, Repsol calcula que su producción en el país se duplicará, hasta llegar a los 20.000 barriles de crudo al día.
Todo este patrimonio se mantiene a flote sobre un único tablón: el permiso de Estados Unidos. En mayo, a pocos días del vencimiento del plazo, Washington renovó la licencia que permite a Repsol continuar operando en Venezuela. Sin embargo, las tensiones entre la comunidad internacional y el Ejecutivo de Maduro se han exacerbado desde entonces y la dura política exterior que se le presume a Donald Trump no contribuirá enfriar el caldero.
A través de las licencias, EEUU puede imponer restricciones que limiten actividades clave como la exploración, producción o comercialización de petróleo y gas, afectando directamente la capacidad operativa de Repsol. Trump incluso podría prohibir a las empresas concesionarias cualquier tipo de actividad en Venezuela, so pena de cancelar cualquier operación de éstas en Estados Unidos.
Repsol ‘salvó los muebles’ sobre la bocina en mayo del año pasado. El Ejecutivo de Joe Biden decidió reanudar las sanciones contra Venezuela tras la inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes opositores a Maduro, lo que dejaba en el aire el permiso de explotación que disfrutaba la petrolera española. Finalmente, la Administración estadounidense decidió estudiar cada paso particular, extendiendo la validez de la licencia. Con el inminente cambio de inquilino en la Casa Blanca, está por ver si la compañía sigue esquivando las balas.
