Brecha fiscal entre personas y empresas: un reto para la tributación del ahorro
El fortalecimiento del sistema fiscal en España es un tema crucial en el actual contexto económico. Recientemente, ha saltado a la palestra el Consejo General de Economistas, que ha advertido sobre la alarmante brecha fiscal que se ha abierto entre personas físicas y empresas, especialmente en lo que respecta a la tributación del ahorro. Estos cambios podrían acarrear serias implicaciones para el desarrollo económico y social.
La crítica a la nueva reforma fiscal
Valentín Pich, presidente del Consejo, ha manifestado su disconformidad con ciertos impuestos sobre la banca y el sector energético. Según Pich, esta decisión podría considerarse una «demonización» de sectores vitales para la economía. Este juicio sugiere que, cuando las empresas obtienen beneficios, pagan impuestos, y cuando tienen pérdidas, esa es una carga que deben afrontar solas.
En su análisis de la reforma fiscal reciente, Pich ha señalado que el sistema tributario parece fijarse más en «juegas políticas» que en la recaudación o en los beneficios que estos impuestos podrían aportar. Desde la perspectiva de los economistas, los cambios impositivos deben ser claros y predecibles, para evitar cualquier tipo de incertidumbre que pueda afectar a las inversiones.
Aumento del tipo impositivo para personas físicas
Una de las modificaciones más cuestionadas ha sido el aumento del tipo impositivo en el IRPF, que ha subido hasta el 30%. Esto contrasta drásticamente con el impuesto de sociedades, donde la tasa se recortará al 20% para el año 2029. Esta diferencia se traduce en una importante brecha fiscal en torno al ahorro, que afecta directamente a los ciudadanos.
Los economistas han denunciado que esta diferencia en la tributación del ahorro lleva a una situación de doble imposición, especialmente para los dividendos. Los dividendos de personas físicas pueden llegar a tributar hasta el 30%, mientras que, a finales de este periodo, los dividendos entre sociedades tributarán solo al 1%. Esta discrepancia genera un sentimiento de injusticia y podría desincentivar la inversión de las personas en favor de las empresas.
Consecuencias de la inflación en el poder adquisitivo
Otro aspecto preocupante que han resaltado los economistas es el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La falta de deflactación en la tarifa general del IRPF significa que los trabajadores perderán, un año más, parte de su capacidad de compra. Esto es un factor que socava la estabilidad económica de muchas familias, obligándolas a ajustar su consumo y ahorro a la baja.
Es imperativo que se tomen decisiones que protejan y promuevan el poder adquisitivo de los ciudadanos. La reforma fiscal debería tener en cuenta no solo la recaudación estatal, sino también el bienestar de la población que la sustenta.
Medidas para la inversión y desarrollo económico
El Consejo General de Economistas ha urgido al gobierno a adoptar medidas que incentiven la inversión. Una política fiscal coherente permitiría no solo un aumento de la recaudación, sino también el desarrollo sostenible de sectores económicos esenciales. Es fundamental que estos impuestos no penalicen el crecimiento empresarial, ya que una economía robusta se traduce en más empleos y un mejor servicio público.
La recuperación de los límites para compensar bases imponibles negativas que han sido rechazadas por el Tribunal Constitucional también se traduce en incertidumbre y costes elevados para las empresas. Este tipo de decisiones pueden crear un entorno hostil para la inversión, lo que es perjudicial para toda la economía.
Futuro de la financiación autonómica
De cara a 2025, se espera que se sienten las bases para una nueva reforma de financiación autonómica. Sin embargo, muchos economistas consideran que la implementación de medidas tributarias específicas, como las aprobadas en el contexto del impuesto a las multinacionales, debería ser abordada de manera más proactiva. Esto evitaría la incertidumbre máxima y permitiría un debate más abierto sobre cómo debe ser el sistema fiscal en el futuro.
Los cambios necesarios en el sistema fiscal son apremiantes. Es crucial que tanto el gobierno como el Consejo General de Economistas trabajen de manera conjunta para construir una política fiscal que se adapte a las necesidades de la economía actual sin sacrificar el futuro de los ciudadanos.
