La sala primera del Tribunal Constitucional ha dado luz verde al estudio detallado del recurso de amparo presentado por el sindicato CSIF contra la Mesa del Congreso. El motivo principal es la negativa a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la recuperación de las pagas íntegras de los empleados públicos desde 2010.
Este paso adelante se fundamenta en la «especial trascendencia constitucional» del asunto, ya que podría tener importantes consecuencias políticas generales que van más allá del caso particular. El recurso, encabezado por Miguel Borra, argumenta que la decisión del Congreso vulnera el artículo 23.1 de la Constitución española, que garantiza la participación ciudadana en asuntos públicos.
Argumentos del Congreso y respuesta sindical
La Mesa del Congreso rechazó inicialmente la ILP el 16 de mayo de 2023, alegando que afectaba a materia presupuestaria. Sin embargo, CSIF defiende que este argumento no está contemplado entre las causas específicas de inadmisión para una ILP.
El sindicato sostiene varios puntos clave:
- El coste de gestión de la iniciativa sería mínimo
- No supone una invasión de competencias gubernamentales en materia presupuestaria
- La iniciativa solo propone la supresión del artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010
- Busca abrir una negociación en la Mesa General de las Administraciones Públicas
Precedentes y motivación legal
CSIF ha señalado que existen precedentes importantes donde la Mesa del Congreso ha admitido iniciativas que implicaban un mayor impacto presupuestario. Además, argumentan que la resolución carece de una motivación suficiente y adecuada según establece la ley.
El sindicato busca:
- La declaración de que la proposición no incurre en causas de inadmisión
- Subsidiariamente, la nulidad del acuerdo de la Mesa del Congreso
- La protección de los derechos de los empleados públicos y su capacidad de participación democrática
Esta decisión del Tribunal Constitucional podría sentar un precedente significativo en la forma en que se tramitan las ILP y en la recuperación de derechos laborales del sector público, afectando potencialmente a miles de funcionarios y empleados públicos en toda España.
La admisión a trámite del recurso representa un primer paso importante en la lucha por la recuperación de derechos salariales perdidos durante la crisis económica, abriendo un debate necesario sobre la justicia retributiva en el sector público y los mecanismos de participación ciudadana en la democracia española.
