La decisión de la Generalitat de Catalunya de acogerse a la nueva Ley de Vivienda para declarar a Barcelona como zona tensionada de alquiler ha rebajado el precio de los mismos durante dos trimestres consecutivos en la ciudad.
También, indirectamente, la regulación ha empujado a que miles de propietarios exploten sus propiedades a través del sector del alquiler de temporada (ya que el alquiler turístico está vetado por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha suspendido la concesión de licencias y ha prometido acabar con los 10.101 pisos turísticos de la ciudad para finales de 2028).
El equipo de gobierno del consistorio de la Ciudad Condal ahora va a modificar el planeamiento urbanístico de la ciudad (Plan General Metropolitano) para distinguir el uso habitual de la vivienda respecto al temporal para priorizar el primero.
El PSC del alcalde Jaume Collboni, en colaboración con Barcelona en Comú, ha prometido «prohibir, limitar o restringir» la modalidad de arrendamiento temporal en algunos barrios. Fuentes de los ‘comunes’ consultadas por MERCA2 admiten como «error» la no inclusión de este tipo de alquileres en la Ley de Vivienda.
15.300 NUEVOS PISOS PROTEGIDOS
Barcelona promoverá la lucha contra el fraude en los pisos turísticos y de alquiler de temporada, mientras otras grandes ciudades miran para otro lado en ambos campos, ha prometido entregar esta legislatura 3.300 viviendas.
Además, otras 2.000 se encontrarán en diferentes fases de ejecución y, avanza el Ayuntamiento, hasta 2027 «se generará suelo suficiente para la construcción de 10.000 pisos». La oferta de vivienda también crecerá gracias a los 10.101 pisos que dejen de rentabilizarse a través del alquiler turístico.
NUEVO CONCURSO
El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación (IMHAB), ha convocado un concurso público con el que saca a licitación un paquete de tres solares municipales, en derecho de superficie, destinados a la promoción, construcción y gestión de 350 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en la ciudad.
La medida está enmarcada dentro del principio de corresponsabilidad que impulsa el Plan Vivir, que propone coordinar y hacer más efectivas las políticas en esta materia. «Con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda protegida en la ciudad y acelerar su construcción, el Ayuntamiento llama a este principio de corresponsabilidad que se concreta en la implicación y colaboración con otras administraciones y con todos los agentes y actores implicados en la construcción de vivienda para trabajar de forma más intensa y eficaz las actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda asequible en la ciudad», aseguran.
El Ayuntamiento de Barcelona anuncia la cesión del derecho de superficie de los tres solares que salen al concurso público a las empresas o entidades licitadoras ganadoras por un período de 75 años que se podrá prorrogar hasta un máximo de 90. La previsión es que las obras de estas promociones se inicien a lo largo del año 2027.
«Sumando las tres promociones, el número máximo de viviendas previstas es de 350 pisos, pero será el planeamiento final de las ofertas que obtengan la licitación las que concretarán el número definitivo de las que se crearán en los distintos solares», señala el consistorio.
Todas las viviendas serán en régimen de alquiler asequible, donde el precio máximo vendrá establecido por lo que marca el régimen general de vivienda de protección oficial, que en la actualidad es de 10,36 euros/m2.
La adjudicación de las viviendas será llevada a cabo por el Consorcio de la Vivienda de Barcelona entre las personas que estén inscritas como solicitantes en el Registro de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona. Las promociones se ubicarán en dos solares del barrio de la Marina del Prat Rojo y en uno en el distrito de Sant Martí.
El Ayuntamiento de Barcelona reconoce sufrir una situación «de emergencia habitacional» y asegura que apuesta por abrir la construcción de vivienda protegida «al máximo de operadoras posibles, buscando herramientas de colaboración activas entre el sector público y la iniciativa privada con el objetivo de acelerar y agilizar esta construcción de vivienda protegida».
