18 meses han pasado de la aprobación de la Ley de Vivienda y solo hace falta darse una vuelta por las principales plataformas de alquiler de pisos para comprobar que algunas inmobiliarias se saltan la ley al seguir cobrando a los inquilinos un mes extra por gastos «de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato», antes conocido como ‘mes de agencia’.
Lo hacen pese a que la citada norma modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde el 26 de mayo de 2023 impide mantener este tipo de prácticas. Hasta entonces la legislación española no definía quién debía asumir la comisión de agencia, lo cual facilitaba que la mayoría de propietarios cargaban con este gasto a los inquilinos.
El texto legal señal que «los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador». «Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone», afirmaron desde los grupos parlamentarios de ERC y EH Bildu tras acordar la medida con el Gobierno central.
La ley también impide a los caseros a pedir cantidades por «gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente», y se eliminaron «las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley de existir un acuerdo entre las partes».
NUEVO CANAL DE DENUNCIA OFRECIDO POR CECU
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU acaba de abrir un canal de denuncia para que los arrendadores puedan denunciar el cobro de gastos abusivos. Esta organización ofrece acompañamiento legal para tramitar la reclamación de gastos de gestión prohibidos por la ley de vivienda, como el conocido ‘mes de agencia’.
«Ante el actual problema del acceso a la vivienda, desde instamos a las inmobiliarias a que cumplan sus obligaciones legales y, para ello, habilitamos un nuevo canal que permita reclamar los casos en los que se hayan cobrado indebidamente gastos de gestión inmobiliaria a las personas inquilinas», aseguran.
EL ACOMPAÑAMIENTO LEGAL, CLAVE PARA DENUNCIAR ESTAS PRÁCTICAS
Ante la falta de herramientas públicas que ofrecen las administraciones, la CECU considera clave facilitar acompañamiento para informar sobre el proceso de reclamación y los derechos ante estos casos.
«Tener una vivienda en propiedad es para la gran mayoría de la población imposible, lo que, especialmente en aquellas zonas más tensionadas, deja el vivir de alquiler como única opción, a costa de sacrificar la mayor parte del salario. Pero los altos precios no son el único problema al que se enfrenta quien quiere alquilar una vivienda, ya que tiene que incurrir en otra serie de gastos como son la fianza, los depósitos y hasta hace unos meses, ‘el mes de agencia’, que consistía en pagar el equivalente a una mensualidad de renta a la inmobiliaria que ofrecía el piso», señalan.
ALGUNAS INMOBILIARIAS MANTIENEN LOS COBROS, A PESAR DE SER ILEGAL
Denuncia CECU que no todas las agencias inmobiliarias han aceptado la nueva regulación y algunas han seguido cobrando al inquilino, en algunas ocasiones directamente como gastos de gestión y formalización de un contrato y, en otras, camuflando el cobro bajo otras denominaciones como «servicios de asistencia al inquilino», «estudio de viabilidad y solvencia del inquilino» o «asesoramiento inmobiliario».
Miguel Crespo, abogado de la federación, anima «a aquellos inquilinos que se ven obligados a pagar esas comisiones, a que reclamen su reembolso». «Esperamos que las agencias que no están cumpliendo con la ley modifiquen sus comportamientos, evitando obligar a las personas inquilinas a reclamar sus derechos ante los tribunales», añade.
