El plazo de diez días hábiles otorgado por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) al sector asegurador concluye este miércoles 4 de diciembre. Durante este período, las aseguradoras debían comunicar sus condiciones económicas para el nuevo concierto sanitario 2025-2027.
Esta consulta preliminar, iniciada el 21 de noviembre, requiere que las compañías especifiquen las primas fijas por grupo de edad para cada ejercicio del nuevo período. Además, deben detallar los costes estimados directos e indirectos para justificar sus propuestas económicas.
La situación actual surge tras quedar desierta la primera licitación, donde el Gobierno propuso un incremento del 17,12% en las primas para 2025 y 2026. Esta oferta fue considerada insuficiente por las principales aseguradoras: Adeslas, Asisa y DKV.
Especialmente significativa ha sido la decisión de Adeslas, que ya ha comunicado a sus mutualistas su retirada del concierto sanitario, confirmando que la atención sanitaria finalizará el 31 de enero. La aseguradora argumenta que las condiciones ofertadas no permiten mantener el nivel de calidad necesario.
El futuro del mutualismo administrativo en España
Actualmente, Muface protege a más de 1,5 millones de mutualistas, distribuidos de la siguiente manera:
- 1.143.162 titulares
- Más de un millón optaron por la asistencia sanitaria concertada
- Aproximadamente 504.000 eligieron la asistencia sanitaria pública
La distribución por edades en la asistencia concertada muestra una población significativamente envejecida:
- 26.331 menores de 4 años
- 108.816 entre 5 y 14 años
- 254.806 entre 15 y 44 años
- 152.945 entre 45 y 54 años
- 190.909 entre 55 y 64 años
- 189.619 entre 65 y 74 años
- 136.773 mayores de 74 años
Ante esta crisis, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una manifestación en Madrid para el 14 de diciembre, exigiendo soluciones y una atención sanitaria de calidad. La situación se ha agravado con numerosos casos de cancelaciones de citas médicas, aplazamientos de operaciones y suspensión de pruebas diagnósticas.
Mientras tanto, Muface asegura que los mutualistas mantendrán sus prestaciones sanitarias actuales, amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite una prórroga de hasta nueve meses por razones de interés público.
