Glovo, una de las principales empresas de delivery en España, ha anunciado un cambio histórico en su modelo de operaciones. La compañía implementará un nuevo sistema laboral que transformará a sus repartidores autónomos en trabajadores por cuenta ajena. Esta decisión afectará a más de 900 ciudades españolas donde la plataforma opera actualmente.
La transformación incluye todas las verticales del negocio y representa un cambio radical en la estrategia empresarial de la compañía. Glovo se compromete a mantener la calidad del servicio tanto para usuarios como para establecimientos colaboradores, garantizando que la transición no afectará a la experiencia del cliente.
Investigación judicial y presuntas irregularidades laborales
El anuncio coincide con la declaración como investigado de Óscar Pierre, CEO de Glovo, ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. La investigación surge de una denuncia del Ministerio Fiscal por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, específicamente relacionados con la figura de los falsos autónomos.
La Fiscalía sostiene que la empresa podría haber estado vulnerando derechos laborales fundamentales mediante prácticas de contratación cuestionables. Estas acusaciones se basan en actuaciones previas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que han puesto en duda la legalidad del modelo de negocio anterior.
La compañía ha anunciado la apertura de una mesa de diálogo con agentes sociales para garantizar una transición ordenada y consensuada. Esta iniciativa busca establecer un marco de referencia para todo el sector, invitando a otros operadores a sumarse a los acuerdos que se alcancen.
El sindicato CGT se ha personado en la causa con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales. Critican que, a pesar de existir sentencias previas que reconocen la relación laboral de los riders, la empresa había mantenido hasta ahora un modelo de contratación basado en autónomos.
Las posibles consecuencias penales para los responsables de estas prácticas podrían alcanzar penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 12 meses. Este caso representa un punto de inflexión en el sector del reparto a domicilio y podría sentar precedentes para otras empresas del sector.
