Se deslizó el escalafón y, después de mucha especulación y muchos nombres en las apuestas, ha sido Sara Aagesen (Madrid, 1976), hasta ahora secretaria de Estado de Energía, quien se ha puesto al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). De formación ingeniera química especializada en medio ambiente, asume el testigo de Teresa Ribera en un momento crucial.
Suya será la responsabilidad de guiar a España en la recta final del proceso descarbonizador y apuntalar las estrategias de lucha contra el cambio climático. Y tendrá que hacerlo en un ambiente de crispación, con el sector energético en pie de guerra contra la fiscalidad y el país nadando a contracorriente en varias métricas clave.
AAGESEN TENDRÁ QUE MEDIAR EN LA GUERRA DEL ‘IMPUESTAZO’
Aagesen hereda la silla del MITECO en plena escalada de la polémica en torno al impuesto extraordinario a las energéticas, conocido popularmente como ‘impuestazo’.
Este gravamen sobre banca y energéticas ha sido motivo de fricción entre el Ejecutivo y las grandes compañías de ambos sectores durante años. Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, se aplica a compañías que superen los 1.000 millones de euros anuales. Fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que despertó la ira de empresas como Endesa y, sobre todo, Repsol.
el ‘impuestazo’ resucitó cual ave fénix después de que Podemos obligara al PSOE a hacerlo permanente a cambio de su apoyo a la reforma fiscal
Tras un largo período de negociaciones entre el Ejecutivo y los gigantes del sector, parecía que el ‘impuestazo’ no sobreviviría a 2024. Sin embargo, la semana pasada resucitó cual ave fénix después de que Podemos obligara al PSOE a hacerlo permanente a cambio de su apoyo a la reforma fiscal.
Para sorpresa de nadie, las compañías están que trinan: Iberdrola, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Naturgy, Endesa, EDP, BP y TotalEnergies, agrupadas en torno al Club Español de la Energía (Enerclub), han difundido un comunicado en el que cifran en 30.000 millones de euros las inversiones en transición energética que el ‘impuestazo’ pone en riesgo.
La predecesora de Aagesen en el cargo, Teresa Ribera, prescindió de cualquier tino diplomático en esta cuestión, entrando en una guerra dialéctica con el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, en la que abundaron las descalificaciones y la marrullería, por ambas partes. A la nueva jefa del MITECO le tocará hacer de puente entre el Gobierno y las empresas para que la sangre no llegue al río.
EL ‘CERROJAZO’ NUCLEAR
El nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) ha despertado en Teresa Ribera un insólito gusto por la nuclear, fuente energética que denostaba cuando estaba al frente del MITECO. A Aagesen, sin embargo, le corresponde la tarea de continuar el desmantelamiento del parque de centrales atómicas españolas, renunciando a casi una cuarta parte de la generación eléctrica española.
aagesen tendrá que continuar la tarea de cerrar el parque de centrales atómicas españolas, MIENTRAS el resto del mundo disparará hasta un 155% la producción nuclear para 2050
Según datos de Foro Nuclear, en 2023 los reactores nucleares operativos en nuestro país proporcionaron al sistema 54.275,01 gigavatios hora (GW/h). Esta cifra representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta, a pesar de constituir solo el 5-6% de la flota de generación del país. Una electricidad producida, por otra parte, sin emisiones de gases de efecto invernadero.
Las cifras no han detenido al Gobierno en su propósito de relegar al olvido a la energía atómica en nuestro país, fijando para ello un calendario de cierre de plantas que no ha estado exento de contratiempos. El resto del mundo camina en sentido contrario: la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha vaticinado que la producción de energía nuclear se habrá disparado hasta un 155% a nivel global para 2050.
EL RAQUITISMO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
El desarrollo de las infraestructuras de redes lleva años lastrado por la limitación a la inversión establecida por la normativa del sector. Este tope consiste en el 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB) de España para el volumen anual de inversión de las redes de transporte de energía eléctrica y del 0,13% para la distribución.
Después de un incesante clamor por parte de los principales actores del sector eléctrico -entre ellos, Iberdrola-, el Gobierno por fin abrió la puerta a modificar la normativa el pasado junio, con el inicio de una fase de consultas.
Sentar las bases para una expansión generalizada y eficiente de las redes eléctricas será otro de los grandes retos a los que Aagesen tendrá que hacer frente en su parcela política. Para ello contará con la herramienta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), toda una ‘hoja de ruta’ para la gobernanza del sector.
Por otra parte, España también necesita una potente inversión en almacenamiento, a fin de aprovechar el inmenso potencial del país en la producción de energías renovables.
ESPAÑA Y EL COCHE ELÉCTRICO, UN MATRIMONIO INFELIZ
Aagesen tendrá que ejercer su influencia para dar la vuelta al desalentador panorama de la movilidad eléctrica en España. Las cifras, tozudas ellas, constatan que ni las ventas ni la infraestructura de apoyo dan la talla, dejando la descarbonización del parque móvil nacional a la altura del betún en comparación con nuestros pares europeos.
Anfac señala que, con una media de 610 puntos de recarga eléctrica de acceso público por millón de habitantes, nuestro país se encuentra a años luz de la media europea, que se situó a cierre de 2023 en 1.408 puntos.
ESPAÑA ocupa el puesto número 20 en la lista de los países miembros de la UE con mayor cuota de electrificación del parque móvil
La deficiente infraestructura de recarga es uno de los principales factores que determinan la escasa penetración del vehículo eléctrico en España. Nuestro país ocupa el puesto número 20, octavo por la cola, en la lista de los países miembros de la UE con mayor cuota de electrificación del parque móvil: tan solo un 4,7% de los turismos son eléctricos.
En este sentido, las políticas de incentivos gubernamentales, como ayudas a la compra o la creación de corredores de carga eléctrica, pueden desempeñar un papel crucial en la aceleración de la transición.
