La transformación del mercado de la vivienda en una jungla han empujado al intervencionismo a equipos de gobierno de orientación liberal como los que rigen Madrid o Málaga. La capital del Estado congeló en mayo la concesión de licencias a pisos turísticos y el de la capital de la Costa del Sol las prohibirá en diciembre en 43 de sus barrios.
Pese a lo cual, el Ayuntamiento de Madrid reactivará la concesión de licencias con la aprobación del Plan RESIDE, que relevará al Plan de Hospedaje aprobado por el equipo de Manuela Carmena en 2019 y que, según el PSOE, no se ha hecho cumplir.
El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del consistorio asegura que este nuevo proyecto pretende acabar con la pérdida de población del centro de la ciudad y ampliar la oferta residencial, ordenar la oferta turística y mejorar la convivencia entre vecinos y turistas.
Desde la oposición subrayan que el Plan RESIDE promoverá la concesión de más licencias de pisos turísticos. Cabe recordar que este pasado mes de mayo, según datos del propio Ayuntamiento, existían 13.502 pisos vacacionales (de los cuales apenas 1.008 tenían licencia).
A esta situación ayuda la falta de control de apartamentos y de sanciones relevantes del nivel de Ibiza, que el pasado mes impuso a un dueño de un piso turístico una multa de 857.836,11 euros. El Ayuntamiento balear impone en estos casos sanciones de superior cuantía del 50 al 100% del valor de la edificación en el momento del inicio del procedimiento.
El Ayuntamiento de Madrid, al menos, asegura que no otorgará licencias «para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico, tampoco en planta baja con acceso independiente», tal como se permitía hasta hace unos meses.
Más Madrid dice que el plan «persigue en apariencia la protección del ámbito residencial en la almendra central», pero permitirá «la transformación de edificios completos en apartamentos turísticos» tras posibles procesos de expulsión «de vecinos de toda la vida».
Fuera del centro histórico, el Ayuntamiento de Madrid solo otorgará licencias a aquellos que tengan acceso independiente. En edificios residenciales no ubicados en calles comerciales, explican, podrá haber pisos turísticos siempre que todo el uso del inmueble se destine a esta actividad. En estos casos, la licencia se otorgará durante un plazo de 15 años.
Por último, este caso con el previsible apoyo de la oposición, el plan protege el comercio local prohibiendo su transformación en pisos turísticos en el centro histórico y también en viviendas en las principales vías comerciales.
Menos polémica es otra reciente actuación en el mercado de la vivienda del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) quiere promover la cesión de viviendas vacías para alquiler.
Para ello, adelantará hasta 45.000 euros al 0% de interés a todos aquellos pisos adscritos al Programa ReViVa que necesiten reforma. El programa implica que los propietarios ceden su vivienda en usufructo a EMVS Madrid durante un periodo de tiempo determinado, «con todas las garantías y cobrando la renta acordada, esté alquilado o no el inmueble», dicen desde el Ayuntamiento.
BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona que lidera Jaume Collboni ha prometido eliminar los 10.000 pisos turísticos que existen en la ciudad para el año 2028. Airbnb ha urgido al alcalde socialista a levantar el veto, que según ellos «solo favorece a los hoteles».
«Tras comprobar que, después de 10 años de moratoria absoluta para la obtención de licencias de Viviendas de Uso Turístico, los precios de los alquileres y de las propiedades en la ciudad han crecido en un 70% y un 60%, respectivamente, sorprende que desde su gobierno municipal sigan poniendo el foco en estas últimas a la hora de abordar la crisis de la vivienda», dice la compañía sin atreverse a estimar lo que hubiesen crecido los precios sin la limitación.
«Al igual que en la ciudad de Nueva York, es evidente que las restricciones contra las viviendas de uso turístico en Barcelona a lo largo de la última década no han cumplido su promesa de combatir los problemas de accesibilidad a la vivienda y de turismo de masas», añaden.
Collboni dice que las dificultades para acceder a la vivienda se han convertido en el primer problema para Barcelona y afirma que el objetivo es «devolver esos pisos al mercado de uso residencial, lo que beneficiará directamente a más de 25.000 ciudadanos».
