La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha suprimido la obligación impuesta a Telefónica de proporcionar a todos los operadores los servicios de terminación de llamadas en su red fija a través de interfaces TDM, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este mismo miércoles. Así, la operadora Telefónica dejará de estar obligada a prestar este servicio a partir del 27 de enero de 2025, fecha establecida para el cierre completo de la interconexión TDM de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete.
Según se detalla en el BOE, el proceso de migración de tráfico de la interconexión TDM a IP y el cierre de la misma deberán realizarse de forma coordinada entre Telefónica y los operadores afectados y su progreso deberá ser informado a la CNMC. Para finales de enero de 2025 Telefónica dejará de estar obligada a atender las «solicitudes razonables» de otros operadores para el acceso y utilización de elementos y recursos específicos de sus redes fijas, así como de recursos y servicios asociados.
Esa obligación conlleva, entre otras cuestiones, prestar los servicios de terminación en unos niveles de calidad que permitiesen operar los servicios telefónicos públicos. También la de ofrecer los servicios de terminación a «precios orientados en función de los costes de producción y a adoptar un sistema de contabilidad de costes».
AVANZA LA DESREGULACIÓN DE TELEFÓNICA
En los últimos meses la CNMC ha liberado a Telefónica de otras obligaciones, como las vinculadas al mercado de líneas alquiladas troncales, que son las conexiones de banda ancha de altas prestaciones y capacidad que los operadores se prestan entre sí para completar tramos de su red troncal.
El mercado de las líneas alquiladas troncales en España ya estaba desregulado en su mayor parte, excepto en nueve rutas submarinas que conectan las islas menores de los archipiélagos balear (rutas Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera) y canario (Gran Canaria-Lanzarote, Gran Canaria-Fuerteventura, Tenerife-La Palma, Tenerife-La Gomera y La Gomera-El Hierro), así como las que unen Ceuta y Melilla con la Península.
Para finales de enero de 2025 Telefónica dejará de estar obligada a atender las «solicitudes razonables» de otros operadores
En estas rutas, Telefónica estaba obligada a ofrecer a otros operadores líneas troncales de alta capacidad a precios determinados por la CNMC, sin embargo, a comienzos del pasado agosto el organismo suprimió las obligaciones de la compañía en ese sentido debido a que en estos territorios se han producido «relevantes despliegues de redes de banda ancha de nueva generación, en especial de fibra».
Por otro lado, a finales del pasado junio la CNMC publicó una resolución relativa a la definición y análisis del mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas en la que se eliminaron las obligaciones de Telefónica vinculadas, sobre todo, al alquiler mayorista de la línea telefónica (AMLT).
El mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes fijas ya no formaba parte de las recomendaciones de mercados relevantes de 2014 y 2020 y otra de las obligaciones de Telefónica que han sido eliminadas al hilo de la nueva resolución de la CNMC tiene que ver con el precio de la originación de llamadas desde su red fija, aplicable, por ejemplo, a las llamadas a los servicios de cobro revertido automático, a números cortos y a los servicios de red inteligente.
En ese sentido, la decisión de la CNMC de poner fin a estas imposiciones a la operadora están vinculadas con el apagado de su red de cobre y también con la proliferación de redes de acceso sobre fibra alternativas a la de Telefónica, lo cual ha provocado que estas obligaciones se conviertan en irrelevantes para la competencia en los mercados.
NUEVAS PROPUESTAS PARA DESREGULAR
Esta misma semana la CNMC abrió un proceso de información pública en torno a que Telefónica deje de prestar el servicio mayorista de líneas alquiladas tradicionales de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA-T).
Esta oferta, conocida en la jerga reguladora por el acrónimo ORLA, regula los servicios mayoristas que Telefónica ofrece a sus competidores para que estos puedan conectar clientes empresariales mediante circuitos, con un ancho de banda garantizado y simétrico, a sus propias redes troncales, según explica la CNMC.
De esta manera, el trámite de información pública se extenderá durante un mes a contar desde este miércoles, 20 de noviembre, para que cualquier persona física y jurídica pueda formular observaciones o sugerencias. Cabe recordar que a comienzos de este mismo mes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lanzó otra consulta pública relativa a que Telefónica deje de prestar el servicio universal de telecomunicaciones en 2025.
La prestación del servicio universal de telecomunicaciones está encomendada a Telefónica y el período de designación termina el 1 de enero de 2025
«El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible», detalla la cartera que dirige Óscar López en esta consulta pública, que terminó el pasado 15 de noviembre.
La prestación del servicio universal de telecomunicaciones está encomendada a Telefónica y el período de designación termina el 1 de enero de 2025.
Sin embargo, la normativa vigente señala que cuando el Ministerio para la Transformación Digital constate que cualquiera de los servicios incluidos se está prestando «en competencia» en el mercado, es decir, en unas condiciones de precio, cobertura y calidad de servicio similares a aquellas en las que Telefónica (en este caso) deben prestarlas, podrá determinar el cese de su prestación como obligación de servicio público y, en consecuencia, de la financiación prevista para ello.
No obstante, para ello será necesario un informe de la CNMC y también realizar un proceso de consulta pública.
