España ha sido condenada de nuevo por la justicia estadounidense a pagar 34 millones de euros a la empresa japonesa JGC Corporation por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Esta sentencia se suma a la lista de fallos internacionales que condenan al Estado español por inseguridad jurídica en el sector de las renovables.
El Tribunal del Distrito de Columbia ha ordenado el cumplimiento del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, a favor de JGC Corporation. Este fallo consolida la obligación de España de pagar 36,1 millones de dólares (unos 34 millones de euros). La sentencia del juez Rudolph Contreras establece que el laudo arbitral debe ser cumplido en Estados Unidos como si se tratase de una sentencia final emitida por un tribunal estadounidense.
Este fallo supone un nuevo revés para España en su batalla legal contra los inversores afectados por los recortes a las renovables. La deuda de España en este ámbito sigue creciendo, sumándose a las ya existentes condenas en otros países como Australia, Bélgica y Reino Unido.
Implicaciones del fallo para la imagen de España y su economía
La negativa de España a acatar los laudos arbitrales tiene graves consecuencias para su imagen internacional y su atractivo para la inversión extranjera. La inseguridad jurídica generada por los constantes incumplimientos del Estado español desincentiva la inversión en el sector de las renovables y perjudica la transición energética.
La reclamación inicial de JGC Corporation, que data de 2015, ascendía a 93,5 millones de euros. El Ciadi, en 2021, reconoció una indemnización de 23,5 millones de euros. Los intentos de España por anular el laudo han sido infructuosos, incrementando la deuda con los intereses de demora, que ya representan un 53,6% de la cantidad inicial. Con un interés anual del 4%, la deuda total pendiente de pago supera ya los 44 millones de euros.
La sentencia abre la puerta a posibles embargos y confiscaciones de bienes y activos españoles en Estados Unidos, al igual que ya ha sucedido en otros países. Este fallo se enmarca en un contexto de más de 50 litigios internacionales de arbitraje iniciados por inversores afectados por los cambios regulatorios en el sector de las renovables en España.
Hasta la fecha, se han emitido alrededor de 25 laudos condenatorios contra España por un total de 1.562 millones de euros. A esta cifra se suman 326 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros, incluyendo las costas judiciales, los intereses de demora y los honorarios de abogados y consultores.
El impacto económico de la inseguridad jurídica generada por estos impagos se estima en unos 7.340 millones de euros para el periodo 2023-2024. Esta cifra representa un coste significativo para la economía española y pone de manifiesto la necesidad de replantear la estrategia del gobierno en relación con las renovables. Atraer inversión en este sector es crucial para el desarrollo sostenible del país, y la estabilidad regulatoria es un factor clave para lograrlo.
