El posible aumento del impuesto al gasóleo amenaza con incrementar el gasto anual de los conductores en más de 100 euros. Esta medida, actualmente en negociación dentro del marco de los presupuestos, genera preocupación entre los consumidores y ha sido objeto de crítica por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Analizamos el impacto de esta propuesta y sus consecuencias para los hogares españoles.
El Gobierno, en acuerdo con sus socios parlamentarios, plantea igualar el impuesto al gasóleo con el de la gasolina 95. Esto implica una subida considerable, pasando de los 30,70 céntimos por litro actuales a 40,07 céntimos. Si a esto le sumamos el IVA, el precio por litro podría alcanzar los 45 céntimos.
Esta diferencia de casi 10 céntimos por litro se traduce en un incremento significativo en el coste de llenar el depósito. Llenar un depósito de 50 litros, por ejemplo, costaría 5 euros más. Realizando un cálculo anual para un vehículo que recorra una media de 15.000 kilómetros, el aumento del gasto en impuestos ascendería a más de 100 euros.
¿A quién afecta realmente la subida del impuesto al diésel?
El impacto de esta medida se sentirá con especial fuerza en los hogares con ingresos medios y bajos. En España, un porcentaje importante del parque automovilístico sigue siendo diésel, y muchos de estos vehículos pertenecen a familias con menor poder adquisitivo. Estas familias, a menudo, se ven obligadas a recurrir a vehículos más antiguos o de segunda mano, con un mayor consumo de combustible y, por tanto, más afectados por la subida del impuesto.
La transición hacia una movilidad más sostenible es imprescindible, pero no puede hacerse a costa de las familias más vulnerables. Si bien la intención del Gobierno es incentivar la compra de vehículos más ecológicos, la realidad es que el precio de los coches eléctricos e híbridos sigue siendo una barrera para muchos hogares. La OCU argumenta que esta subida de impuestos, bajo el pretexto de la transición ecológica, penaliza precisamente a quienes tienen más dificultades para acceder a alternativas menos contaminantes.
La diferencia entre las ventas de vehículos diésel en 2016 y las actuales ilustra la tendencia hacia otras opciones. Mientras que en 2016 el 60% de los coches vendidos eran diésel, este porcentaje ha disminuido drásticamente hasta situarse en torno al 13%, repartido entre diésel con etiqueta C (10%) e híbridos diésel (3%). **Este cambio se debe, en parte, a las políticas de restricción al tráfico en las grandes ciudades y a la mayor concienciación medioambiental, pero también a la *promoción de vehículos alternativos*.
Aquellos con mayor capacidad económica optan por vehículos eléctricos, híbridos o de gasolina, dejando a las familias con menos recursos con menos opciones. La subida del impuesto al diésel agudiza esta desigualdad, obligando a un sector de la población a asumir un coste adicional que puede afectar significativamente a su economía doméstica.
La OCU solicita al Gobierno que reconsidere esta medida y busque alternativas que no penalicen a las familias más vulnerables. Proponen aplazar la subida del impuesto y, paralelamente, implementar medidas que faciliten el acceso a vehículos más sostenibles para todos los ciudadanos, como ayudas a la compra, incentivos fiscales o el desarrollo de una infraestructura de recarga más accesible. La transición ecológica debe ser justa e inclusiva, y no puede dejar atrás a una parte significativa de la población.
Además, la OCU propone explorar otras vías para financiar la transición ecológica, como impuestos a las empresas más contaminantes o incentivos a la renovación del parque automovilístico. También se destaca la importancia de invertir en transporte público y en infraestructuras para la movilidad sostenible, como carriles bici y puntos de recarga para vehículos eléctricos.
