jueves, 14 noviembre 2024

DBRS cree que el sector asegurador tendrá un impacto negativo de 4.000 millones de euros por la DANA

La DANA que azotó el este y sur de España a finales de octubre y principios de noviembre ha dejado una profunda huella, no solo en el paisaje, sino también en la economía del país. Este análisis exhaustivo examina el impacto de este fenómeno meteorológico extremo en el sector asegurador, evaluando las pérdidas, la respuesta del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las posibles consecuencias a largo plazo.

Se estima que el impacto económico de la DANA en el sector asegurador asciende a 4.000 millones de euros, una cifra que lo convierte en el evento más costoso en la historia del sector en España. Esta cantidad refleja la magnitud de la devastación, afectando a un elevado número de vehículos, viviendas, negocios y cultivos. La gravedad de los daños y la amplia extensión geográfica del desastre contribuyen a esta cifra récord. El sector agrícola, por ejemplo, ha registrado pérdidas superiores a 160 millones de euros, según datos de Aon.

El papel del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) juega un papel fundamental en la gestión de las consecuencias económicas de la DANA. Hasta la fecha, se han registrado cerca de 138.317 reclamaciones, de las cuales el 60% corresponde a vehículos, el 32% a viviendas, el 6% a pequeños negocios y el 2% a locales industriales. La rápida movilización de 800 expertos por parte del CCS para evaluar los daños y el inicio de los pagos de las reclamaciones demuestran la capacidad de respuesta del organismo. El CCS estima un impacto total de alrededor de 3.500 millones de euros.

Además de la gestión de las reclamaciones, el CCS también desempeña un papel crucial en la estabilidad del mercado asegurador. Con unas reservas consolidadas que alcanzan los 12.843 millones de euros, el CCS cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a las indemnizaciones. Estas reservas, alimentadas por las primas recaudadas (alrededor de 1.000 millones de euros anuales en el último lustro), proporcionan un colchón de seguridad para el sector y mitigan la volatilidad de los precios en el mercado de seguros contra catástrofes. El 80% de estas primas proviene de la actividad general, un 13% de la actividad agrícola y el 6% restante de otras actividades. El ratio combinado del CCS, a pesar de situarse en el 104% a cierre de 2023 (frente al 52% de 2022), principalmente debido a los siniestros en el sector agrícola, no compromete la solvencia del organismo gracias a la solidez de sus reservas.

Es importante destacar que, si bien el CCS cubre una parte significativa de las pérdidas, las aseguradoras privadas también asumirán ciertos costes no cubiertos por el consorcio. No obstante, se espera que este impacto sea «manejable» para el sector, dada su solidez financiera y su capacidad de diversificación del riesgo. Asimismo, Agroseguro, el sistema específico para el sector agrícola, cubrirá las pérdidas registradas en este ámbito. Esta combinación de mecanismos de protección, tanto públicos como privados, contribuye a la resiliencia del sistema asegurador español frente a eventos catastróficos.

A pesar de la capacidad de respuesta del CCS, la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales plantean un desafío a largo plazo para el sector asegurador. Se prevé que en los próximos meses las tarifas de los seguros contra catástrofes experimenten un aumento para permitir al CCS recuperar sus reservas de forma gradual. Estos incrementos, aunque necesarios, previsiblemente serán asumibles para los clientes, dado el peso relativamente pequeño del recargo del CCS en las pólizas en España.


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