Primero fue Cataluña, después Euskadi y ahora Navarra. El Gobierno de la Comunidad Foral declaró ayer como zona de mercado residencial tensionado a 21 municipios, que abarcan a más del 68% de la población navarra.
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, aseguró que la herramienta «es necesaria ya que las administraciones públicas debemos utilizar todas las herramientas disponibles a nuestro alcance para tratar de frenar la permanente escalada de precios de la vivienda que están dejando fuera del mercado a miles de familias».
LA LEY DE VIVIENDA
La Generalitat de Catalunya, acogiéndose a la ley de Vivienda, abrió el camino al incluir 140 municipios (que abarcan más del 80% de la población) como zonas tensionadas. Esta cifra se incrementó este verano a 271 municipios, con lo cual cubren más del 90% de la población catalana.
La declaración de zona tensionada puede pedirse si la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, supera el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
O que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya experimentado los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de la comunidad autónoma.
En los municipios que se declaren como zona tensionada el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato; y cuando se trata de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio de alquiler.
EL CASO NAVARRO
En Navarra se han incluido a 21 municipios en los que se inicia el proceso: Pamplona, Tudela, Egües, Burlada, Barañain, Zizur Mayor, Estella, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Noáin, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.
Estas localidades albergan a 459.088 habitantes con los datos del último padrón oficial a 1 de enero de 2023, lo cual supone el 68,3% de la población total navarra. La previsión del Gobierno foral es que el primer trámite administrativo tenga lugar en enero de 2025 con la apertura de la exposición pública y la presentación de la Memoria.
La directora general de Vivienda, Elga Molina, afirmó que el proceso que se inicia a partir de ahora incluirá una ronda y contactos con otros departamentos del Gobierno de Navarra, ayuntamientos declarados y actores implicados.
«Al mismo tiempo se elaborará la Memoria preceptiva y un plan de medidas genérico que recoja las principales acciones que el Gobierno quiere llevar a cabo tras la declaración. Será a principios de enero cuando todo el proceso de declaración de zonas de mercado residencial tensionado entrará en el proceso administrativo propiamente dicho con la pertinente fase de exposición pública preceptiva de dos meses en donde se recogerán todas las alegaciones que recibamos conforme a la legislación vigente», añade Molina.
El Ejecutivo foral señala que el precio de la vivienda en Pamplona se ha disparado un 35,94% entre 2018 y 2023.
LAS BAZAS
La vicepresidenta Begoña Alfaro explicó en una entrevista concedida a MERCA2 que la reciente bajada del precio del alquiler en Cataluña «marca el camino». «La derecha política, y sus medios afines, decían que la declaración de zonte tensionada no iba a ser efectivo porque iba a limitar la oferta», añadió.
«El dato de Cataluña es para tener en cuenta. Tenemos que ver la evolución del mismo, por supuesto. Pero es posible que el mantra sea parecido al que muchos dijeron cuando pronosticaron el hundimiento de la economía y que el paro se iba a disparar si se subía el Salario Mínimo Interprofesional. Pese a lo que algunos políticos y medios pronosticaban, los datos de la macroeconomía en España están en su techo histórico», señaló Alfaro.
La dirigente afirma que la vivienda «es un tema complejísimo. No hay una fórmula mágica. Hay que poner todas las herramientas de las que se disponen para actuar de forma más ambiciosa posible. Se pueden limitar alquileres, promover construcción de parque público, incentivar a que familias con segunda vivienda en desuso la pongan en una bolsa de alquiler pública, o hacer un registro de viviendas deshabitadas para evitar la especulación de grandes tenedores».
«También hay que acabar con la especulación de viviendas sociales. En la comarca de Pamplona hay centenares de familias que están como inquilinas de viviendas públicas de alquiler que se han enterado que las dueñas de las mismas son fondos de inversión», subrayó.
