Finalmente al Gobierno le ha salido cruz y Junts no apoyará la permanencia del Impuesto Extraordinario a las energéticas, el conocido comúnmente como ‘impuestazo’. El ‘no’ de la formación independentista deja sin opciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para prolongar de forma indefinida el gravamen, lo que previsiblemente apaciguará a compañías como Repsol y Cepsa, que ya habían anunciado represalias en forma de fuga de inversiones. Y es que el impacto de la tasa en los balances tiene muchos, muchos ceros.
MERCA2 se ha puesto en contacto con Pablo Fernández de Mosteyrín, Equity Research Analyst en Renta4, para obtener una visión técnica y objetiva de lo que representa el ‘impuestazo’ para el sector energético, por un lado, y para las arcas del Estado, por otro.
Tomando como modelo a Repsol, y partiendo de la base de que el impuesto extraordinario supone un 1,2% del importe neto de la cifra de negocios derivada de la actividad de las compañías en España, «el impacto directo se produce en la cuenta de resultados, alcanzando 443 millones de euros en 2022 y 335 millones en 2023», calcula Mosteyrín. En 2024 se espera que sea algo menor, «unos 300 ‘kilos’, aunque se hace difícil estimar la cifra exacta», afirma.
EL ‘IMPUESTAZO’, UN CAMPO DE BATALLA POLÍTICO Y ECONÓMICO
El ‘impuestazo’ a banca y energéticas ha sido motivo de fricción entre el Ejecutivo y las grandes compañías de ambos sectores durante años. Aprobado para los ejercicios 2023 y 2024 en el marco de las medidas extraordinarias para atenuar la crisis energética, se aplica a compañías que superen los 1.000 millones de euros anuales. Fue concebido como un gravamen temporal, aunque acabó prorrogándose, lo que despertó la ira de empresas como Endesa y, sobre todo, Repsol.
El CEO de está última, Josu Jon Imaz, llegó a amenazar con retirar las inversiones de la petrolera en nuestro país si el tributo no era revocado.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el respaldo de Pedro Sánchez, inició una guerra dialéctica con Imaz y otros directivos ‘rebeldes’, acusando al consejero delegado de Repsol de «retardismo» y «negacionismo» respecto al cambio climático. Finalmente, la sangre no llegó al río y el Gobierno inició una ronda de conversaciones con las compañías con ánimo de llegar a un acuerdo.
El 16 de octubre, sin embargo, estalló la bomba: el Ejecutivo echó por tierra cualquier voluntad negociadora confirmando que el plan fiscal enviado a la Comisión Europea (CE) contiene el compromiso de hacer permanente el ‘impuestazo’. El Gobierno no estaba dispuesto a renunciar a los ingresos derivados del gravamen, que rozan los 3.000 millones de euros al año.
El Gobierno no estaba dispuesto a renunciar a los ingresos derivados del ‘impuestazo’, que rozan los 3.000 millones de euros al año
La medida disipó la poca paciencia que quedaba en el seno de Repsol, que proclamó el traslado de sus proyectos a países fiscalmente más dóciles. Cepsa, poco después, también se metió en la trinchera, anunciando que pondría «en suspenso» sus inversiones en España. Sumar, socio del Gobierno, respondía proponiendo que el Estado tome el control de Repsol. Las hostilidades habían degenerado en guerra abierta.
EL MUY LIBERAL ‘NO’ DE JUNTS
Irónicamente, ha sido la negativa de Junts, un partido secesionista, lo que ha propiciado el ‘alto el fuego’. No hay que olvidar que se trata de un partido de corte liberal-conservador, poco amigo de poner trabas al libre mercado, especialmente cuando se trata de medidas tan invasivas como el ‘impuestazo’.
En su conversación con MERCA2, Mosteyrín destaca que, en el caso de Repsol, «las estimaciones del consenso están en un Beneficio Antes de Impuestos (BAI) de unos 5.100 millones, ligeramente por debajo de nuestra estimación de 5.200 millones, por lo que está claro que el impacto [del ‘impuestazo’] es relevante, casi un 6% del resultado antes de impuestos».
«a partir de un cálculo racional de rentabilidad/riesgo, a las energéticas sí les compensa hacer ‘emigrar’ las inversiones, pese al coste reputacional o de imagen que les pueda generar»
Pablo Fernández de Mosteyrín, Equity Research Analyst en Renta4
En cuanto a las inversiones, «lógicamente la Compañía quiere rentabilizarlas al máximo por lo que a una rentabilidad antes de impuestos similar, primarán los proyectos que no hagan incrementar la carga fiscal»; en este caso, los que están fuera de España.
Por consiguiente, «a partir de un cálculo racional de rentabilidad/riesgo, a las energéticas sí les compensa hacer ‘emigrar’ las inversiones, pese al coste reputacional o de imagen que les pueda generar en un momento dado», concluye el experto.
